El Gobierno Nacional decretó el veto total de la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso que disponía elevar el haber mínimo y una nueva fórmula para el cálculo de los ingresos de los jubilados. Simultáneamente salió a buscar apoyo en ambas cámaras para sostenerlo.
Opinión02/09/2024
En el Boletín Oficial de hoy se publicó el decreto 782 que veta totalmente la ley por considerar sus disposiciones manifiestamente violatorias del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento. No es un dato que sorprenda ya que en el debate en ambas cámaras se señaló que la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional exige que toda "ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
El veto fue anunciado antes que el proyecto correspondiente tuviera su media sanción en Diputados. Entonces, el presidente Javier Milei les recordó a los legisladores que nada podría torcer el propósito de mantener el equilibrio fiscal que venía alcanzando su gestión. El mismo fundamento quedó plasmado en el decreto que el mandatario firmó en la noche del viernes.
En sus considerandos, señala que la nueva fórmula implicaría para el Estado Nacional un gasto adicional al previsto de aproximadamente un poco más de 6 billones de pesos para 2024, que se elevaría a 15 billones para 2025. Asimismo, indica que dichos importes "equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, que se eleva al 1.64% del estimado para el año entrante". Y añade que las cifras tornarían "imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional". Estos cálculos han sido puestos en discusión por distintos economistas e, incluso, al momento de debatir el proyecto, la estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso arrojaba un resultado que no llegaba a un punto de impacto.
El proyecto vuelve a la Cámara de origen, que es la de Diputados, donde el oficialismo necesita reunir un poco más de 80 votos para evitar que la oposición llegue a los dos tercios para rechazar el veto presidencial.
En ese juego quienes van a cumplir un papel fundamental son los gobernadores, que desde diciembre pasado están sometidos a una fuerte presión por sus obligaciones propias y por la resolución de los obstáculos que le impone la gestión de La Libertad Avanza. En el caso de Gustavo Sáenz, fue uno de los primeros en ofrecer su colaboración a un sector político sin estructura para soportar por sí solo la tarea, realizando su aporte a la gobernabilidad. A cambio, negoció la continuidad de planes y programas que sirvan a su gestión sustentada en obras y servicios públicos.
La fragilidad del equilibrio político alcanzado hasta ahora es tan evidente como la del equilibrio fiscal planteado como imprescindible para bajar la inflación. En ambos casos, los esfuerzos para sostenerlos son monumentales.
Merced a la voluntad de distintos sectores políticos por avanzar en el freno a la profundización de la crisis se dieron al gobierno libertario las herramientas solicitadas mediante la sanción de dos leyes imprescindibles. Desde ese punto, la obligación emergente fue la de morigerar el impacto social de las medidas fiscales, que arrastran a las administraciones provinciales que son las responsables de la salud, la educación y la seguridad de millones de argentinos.
La mesa de negociaciones está tendida pero no hay tanto para dar y sí mucho para pedir. Frente al veto, el mandatario salteño solo puede aportar tres votos en la Cámara baja nacional y en el Senado, es un convidado de piedra. A menos que cambie de objetivos respecto de un año electoral importante, su liderazgo político no puede trascender los límites del territorio provincial y su posición puede mostrar debilidad.
Salta, 02 de setiembre de 2024
La Provincia ya tiene el aval de la Nación para el crédito que FONPLATA le otorgará para avanzar en el Corredor Bioceánico Eje Capricornio. La confirmación está contenida en el Decreto 22, que se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, días previos a la llegada del Ministro del Interior, que vino a negociar el apoyo de Salta a la reforma laboral.
Una mirada crítica sobre la concentración de poder en Salta y la debilidad de los controles institucionales frente al rol del gobernador.
Para una provincia que lleva más de medio siglo trabajando en una integración regional con sus vecinos de esta parte del continente, este sábado será un día de grandes expectativas. En Asunción del Paraguay se firmará el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, conformando un mercado de más de 700 millones de consumidores.
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
El informe de la CAME sobre la primera quincena de enero de 2026 confirma un cambio estructural: el fin de las reservas anticipadas y la consolidación de las estadías cortas.
El nuevo mapa incluye la llegada de aerolíneas como Arajet y World2Fly, además de la apertura de más de una docena de rutas internacionales que conectarán puntos estratégicos del país.
El tránsito permanece interrumpido de manera preventiva por razones de seguridad vial. Las autoridades monitorean la situación en la zona y se espera un parte oficial sobre la evolución y eventual reapertura.
ARCA fue aceptada en el expediente que investiga una presunta retención indebida de tributos por más de $19.300 millones.
Con la oficialización del llamado a extraordinarias, el ministro del Interior viajó a Salta y tiene en agenda nuevas reuniones con Rolando Figueroa y Rogelio Frigerio. La fallida reunión con Sergio Ziliotto.