Con 24 votos a favor y 14 negativos en el Senado, la provincia se convirtió en la tercera en plegarse al régimen. La administración de Alfredo Cornejo busca inversiones mineras y en energía. Críticas de ambientalistas.
Política13/08/2024
El Senado de Mendoza aprobó de manera definitiva este martes el proyecto para que la provincia adhiera al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) sancionado por el Congreso como parte de la ley Bases. De esta manera, es el tercer distrito en plegarse a la normativa, luego de que lo hicieran previamente Río Negro y Jujuy.
En medio de manifestaciones de ambientalistas en defensa del agua y contra la proliferación de la minería, la Cámara alta mendocina le dio luz verde a la iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo por 24 votos a favor y 14 en contra, en una sesión que fue conducida por la vicegobernadora Hebe Casado.
El proyecto contó con el respaldo del oficialista Cambia Mendoza, mientras que cosechó luces rojas del peronismo, el Partido Verde y de tres senadores que integran La Unión Mendocina, el flamante espacio que, con el diputado del PRO Omar de Marchi a la cabeza, desafió a Cornejo en las elecciones del 2023.
Previamente, el texto había cosechado 32 votos a favor y 13 negativos en la Cámara de Diputados, obteniendo la media sanción con la que llegó al Senado. Así, cumplió con las aspiraciones del Poder Ejecutivo provincial, que pretendía un rápido tratamiento para comenzar a trabajar con potenciales inversores, especialmente en los sectores minero y de energía.
La administración de Cornejo consideró que su aprobación es "un paso crucial para atraer capital y desarrollar sectores estratégicos". "Con un marco legal que promueve la certidumbre y competitividad, se espera que las grandes inversiones florezcan, impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en la región", indicaron.
A la par, el gobierno de Mendoza apuntó que "este régimen también busca fomentar el desarrollo coordinado entre el Estado Nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, además de estimular las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión".
Tras la aprobación, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado, celebró en las redes sociales. "Aprobado el RIGI en Mendoza!", comentó la dirigente del PRO.
Como contracara, agrupaciones ambientales y sociales se movilizaron a la puerta de la Legislatura bajo la consigna "No negocien el agua". El tema despierta una sensibilidad especial entre los mendocinos, ya que el recurso hídrico es escaso en la provincia. Durante 2019, las masivas protestas contra la iniciativa minera del por entonces gobernador Rodolfo Suarez lograron la suspensión del proyecto.
RIGI: oposición del peronismo de Mendoza
En la misma tónica se expresó el bloque de senadores del Partido Justicialista (PJ). En un comunicado, los legisladores expresaron su "rechazo contundente" al RIGI, al que definieron como un "grave riesgo para la soberanía y la industria nacional y provincial".
Entre los puntos negativos que contiene el régimen, el peronismo destacó: "Competencia desleal y exclusión de Pymes; impacto en la industria nacional y el empleo; y beneficios fiscales inéditos, desproporcionados e inmutables".
Por otra parte, los senadores del PJ denunciaron que el RIGI plantea que las mineras tengan uso prioritario del agua por sobre el consumo doméstico y el riego productivo, poniendo en riesgo el acceso al agua de la población y de la producción agrícola".
Al cierre, el texto se pregunta "¿Por qué Cornejo se empeña en regalarnos?". "Este es un modelo perverso. Volveremos a ser un país saqueado y no industrializado", finaliza el comunicado.
De esta manera, siguiendo los pasos de Río Negro y Jujuy, Mendoza se convirtió en la tercera provincia en adherir al RIGI. Otros distritos que avanzan con proyectos similares son Salta, Chubut y Catamarca.
Ámbito
El jefe del bloque MID insistió con que deben discutirse los regímenes previsionales especiales, pero en el oficialismo "no quieren que se trate".
La Secretaría Parlamentaria de la Cámara alta señaló que "la documentación presentada" no puede "considerarse dictamen de comisión, debido a que no se cumplió con el procedimiento reglamentario establecido".
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