Financiera Ríos & Asociados: la líder, en libertad y estafando; policías implicados con posibilidad de ascenso

En "Día de Miércoles", programa conducido por Mónica Abilés, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, expuso la difícil realidad que enfrenta la justicia en casos de estafas complejas, como los esquemas piramidales o Ponzi, destacando que “son muchas las causas que tenemos en la UDEC con esta temática”. La causa de Agroinvert S.A fue la primera en llegar a juicio, logrando una condena importante, pero la batalla contra estas estafas está lejos de terminar.

La intervención de UDEC comenzó en 2019, cuando varias personas denunciaron haber firmado contratos de "Mutuo pesos" con la financiera Agroinvert S.A., entregando diversas sumas de dinero con el propósito de que fueran invertidas para generar ganancias. La compañía se comprometía a devolver el crédito en un plazo determinado, incluyendo el reintegro del capital más los intereses acordados.

La causa llegó a juicio y se condenó a Alejandro Daniel Cedrón a cinco años y 3 meses de prisión y María Rosa Manzano, a cinco años de prisión.

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Entre los casos más destacados se encuentra la financiera Ríos & Asociados, una investigación que comenzó en 2018 y que aún no ha sido llevada a juicio. "La causa de Saulo ya está requerida a juicio y tiene que fijar audiencia, y en la de Cositorto, el principal implicado está detenido", informó la fiscal. Sin embargo, la causa Ríos presenta una particularidad inquietante: la principal implicada sigue en libertad, a pesar de las evidencias y del pedido de la fiscalía para que sea encarcelada nuevamente.

Salinas Odorisio reveló que, incluso en libertad, la principal acusada ha continuado con sus actividades delictivas, adaptando sus métodos para seguir estafando. “Ella tiene todo el dinero producto de las estafas en su poder”, afirmó la fiscal, señalando la gravedad de la situación y la dificultad de avanzar en la investigación con la acusada fuera de prisión. Esta libertad no solo le permite continuar sus actividades ilegales, sino que también dificulta la recolección de pruebas y testimonios.

Otro aspecto alarmante de este caso es la implicación de funcionarios de alto rango de la Policía de Salta, quienes, a pesar de estar imputados, continúan en sus funciones e incluso tienen posibilidades de ascenso. “Tenemos prácticamente 30 imputados, y funcionarios de alto rango pertenecientes a la Policía que continúan en sus funciones”, expresó Salinas Odorisio, destacando la falta de consecuencias para estos oficiales a pesar de la gravedad de la causa.

La fiscal hizo hincapié en la necesidad de visibilizar el perjuicio que sufren los damnificados, no solo en términos económicos, sino en todos los ámbitos de sus vidas. “Por fin se ha podido visibilizar el perjuicio que sufren los damnificados, no solo por una cuestión patrimonial y económica, sino como esto repercute en todos los ámbitos de sus vidas”, reflexionó.