Problema

El debate que se suscitó en la Cámara de Diputados ha expuesto varios flancos sobre el problema que tienen que ver, fundamentalmente, con la coordinación de esfuerzos entre distintos estamentos del sistema institucional. En la última sesión ordinaria, el cuerpo  aprobó un proyecto de ley que establece la semana que cada año contenga al 26 de junio - Día Internacional de la Prevención del Consumo Problemático y Adicciones- se destine a la concientización, como un aporte a su solución.

La presentación del proyecto fue el resultado de la actividad que viene desarrollando la Comisión de Prevención de Consumos Problemáticos, que es muy intensa, según dio cuenta la autora de la iniciativa, la diputada macrista Sofía Sierra. A ese grupo de trabajo recurren quienes, por distintas razones, se vinculan a esa situación, demostrando la necesidad de que se disponga información sobre su naturaleza para generar el compromiso social en su resolución.

Varios oradores expusieron su posición mostrando coincidencias en aspectos de un tema tan complejo. Se escuchó decir que crecieron los consumos problemáticos, que no hay resultados concretos porque no se cuenta con fondos necesarios y suficientes y que se debe evitar que la droga llegue a la calle. Otras afirmaciones destacaron la ineficiencia de las políticas públicas, cuestionando la ausencia de los gobiernos nacional y provincial, por lo menos desde la década del 90.

Hay que hablar de las causas de estos consumos, dijo la diputada de San Martín, Gladys Paredes, quien aludió a experiencias de países que lograron vencer el flagelo, precisamente porque trabajaron sobre las razones que promueven los consumos problemáticos. El propósito de la propuesta como la que logró la sanción de Diputados es, de acuerdo lo sostenido por la autora, “trabajar de manera integral y vinculada entre todos los Poderes del Estado y organizaciones de la sociedad civil”.

Se repitió en el debate que hay muchas ausencias en materia de asistencia a quienes atraviesan el problema, sea por el consumo o por la cercanía con los adictos. Por ejemplo, no hay centros de atención a los que se pueda recurrir para diagnóstico y tratamiento. En Capital no superan los tres de carácter estatal y hay alguna oferta privada; se dijo que en Orán, zona donde la expansión es más que notoria por su carácter limítrofe y ha alcanzado incluso a la población originaria, las camas no son más que 13 y en Metán, en los próximos días se habilitará un primer centro en el ámbito de la salud mental.

No se citaron datos oficiales sobre quienes recurren a los dispositivos habilitados para la atención de adictos. Los que se conocieron fueron presentados en febrero pasado y corresponden a la Capital y al año 2023, cuando se recibieron en total 2047 consultas. De esa cifra, un poco más de la mitad eran personas con algún consumo problemático y el resto, eran familiares o amigos que buscaban ayuda. El promedio de consultas mensuales es de 170, correspondiendo el 69% al género masculino y el 31% al femenino y las personas que más acuden a la consulta son las comprendidas entre los 20 y los 30 años.

Esas cifras no dan el tono que tuvo el debate pero tampoco parecieran revelar lo que se observa especialmente en áreas marcadas como de franco acceso. Desde 2014 está vigente el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos, creado por ley nacional y administrado por el SEDRONAR, cuyo titular visitó Salta en mayo pasado y prometió avanzar en convenios para reducir la oferta de drogas y ampliar la atención a las adicciones

Por ahora es una estructura que pareciera estar a salvo de la motosierra libertaria y todo lo que sume no será suficiente dada la magnitud del problema.

Salta, 31 de julio de 2024