Paritarias: la oferta del Gobierno vuelve a dividir a los estatales

Los estatales volverán a la mesa paritaria hoy a las 15, luego que el Gobierno los convocara ayer tras un cuarto intermedio que se extendió desde el 1 de julio y luego de un mes, el de junio, donde no hubo definiciones de ajuste salarial. En la previa, y sobre una oferta que está circulando, no habría postura unificada entre ATE y UPCN respecto a la oferta que circuló el gobierno de Javier Milei.

En la primera cita en la sede de la Secretaría de Trabajo, los representantes gremiales apenas pudieron arrancar al Ejecutivo de Javier Milei una parte de las definiciones sobre la recomposición del salario. Sin embargo, no hubo una definición entonces respecto a porcentajes desde el gobierno de Milei. En consecuencia, la negociación paritaria pasó a un cuarto intermedio sin fecha aún prevista.

En la antesala de la segunda audiencia, el Gobierno acercó finalmente un número. La oferta es un aumento en dos tramos, de 3,5% para el mes en curso, julio, y un 3% para agosto. Respecto a junio, los negociadores del Ejecutivo proponen el pago de un bono remunerativo por única vez de $60.000.

¿A quiénes comprendería este bono? La suma por única vez de $60.000 sería para los 36 convenios sectoriales que se encuentran dentro del convenio colectivo de trabajo enmarcado en el decreto 214 / 2006. Por ende, quedaría fuera las y los trabajadores de los organismos descentralizados como el PAMI, ANSES o la AFIP entre otros.

Desde ATE ya advirtieron que no están dispuestos a firmar esta propuesta porque la consideran insuficiente. Mientras que en UPCN, la aspiración es que de mínima el acuerdo iguale la inflación, según comentaron a este medio. Fuentes del Gobierno afirman que ya tienen el aval para sellar el acuerdo por parte del gremio mayoritario, una situación que ya se replicó en las negociaciones previas durante 2024.

"En medio de la segunda ola de despidos en el Estado y de una brutal represión que busca acallar la protesta de ATE, el Gobierno convocó a reunión de Paritaria Nacional 2024-2025 y no llevó ninguna propuesta salarial a la mesa", subrayó a principio de mes en un comunicado la representación de ATE Nacional.

Consignaron su repudio a los despidos y "la escalada de violencia del Gobierno nacional al comando de las fuerzas de seguridad que de forma ilegal e ilegítima reprimieron a trabajadores/as y dirigentes como @rodoaguiar entre otros/as"

"Así pretende comenzar el Estado empleador el nuevo ciclo paritario: en un marco de creciente tensión y conflictividad, signado por el empobrecimiento de los/as estatales e injustos despidos masivos de compañeros/as", resaltaron.

Tras la primera audiencia, el Gobierno solo confirmó el presentismo -por el cual se abona un premio en forma de estímulo- y la continuación de la suma fija que se dictaminó, en la pasada gestión de Alberto Fernández, a través del decreto 56/ 2020 en el marco de las paritarias 2024/ 2025. Con este porcentaje en dos tramos y el pago del bono por única vez pretende cerrar el acuerdo hasta una nueva convocatoria en septiembre.

Por el Gobierno de Javier Milei dijeron presente en la primera audiencia Rosana Reggi, la subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y Jorge Caruso, designado en 2023 como director nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.

También estuvo presente Enrique Pinedo, de la Subsecretaría de Evaluación Presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva de Gobierno, dentro de la Jefatura de Gabinete.  El funcionario es el hermano del exsenador del PRO y actual sherpa ante el G20, Federico Pinedo.

En aquella jornada del 1 de julio, y en medio de los despidos por la no renovación de contratos que vencían el 30 de junio, los estatales ya habían activado protestas en múltiples organismos, desde el INTI a las cercanías del edificio histórico del exministerio de Desarrollo Social, a partir de una nueva ola de despidos en el Estado nacional. 

Los gremios cifran las nuevas bajas en torno a las 6.000 que se suman a las 15.000 que el Gobierno reconoció al término del primer trimestre de 2024. No obstante, temen que el número final siga creciendo e incluso pueda comprender también ya no solo al personal transitorio sino también el de planta permanente a partir de las prerrogativas de la Ley Bases y la llegada al gabinete de Federico Sturzenegger con esas facultades y metas, acorde a la última reforma de la Ley de Ministerios.

Cronista