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Esta segunda semana de receso invernal es propicia para terminar de acomodar cargas de orden fiscal, legislativas y de administración. Si la temporada turística rinde lo que habitualmente genera en inviernos, habrá ingresos en una plaza impactada por la recesión que se manifiesta en la caída del consumo pero no aliviará totalmente los menores ingresos por transferencias no automáticas suspendidas.

En ese plano fue significativo el acuerdo salarial, que aleja la posibilidad de la conflictividad social que genera la demanda de aumentos y le da previsibilidad al manejo de las cuentas públicas. La cuestión no se limita a la administración provincial; las municipales están alineadas.

Al menos es lo que se desprende del ordenamiento impuesto en la última renovación de la conducción del Foro de Intendentes, que está integrado por los 60 jefes comunales de toda la Provincia pero representa a 59. El de la Capital nunca vio a esa estructura -de fuerte tono político-, como un objetivo de poder a tomar. El Gobernador de la Provincia es uno de los 700 mil habitantes de la sexta ciudad de Argentina. De allí que tras concurrir el pasado viernes a la asunción de Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia, como presidente del Foro, el sábado acompañó a Emiliano Durand a la instalación durante tres horas de la Municipalidad en un barrio de la zona sudeste de la ciudad.

Pero la presencia del mandatario en la asamblea del Foro fue significativa. Los intendentes cerraron filas detrás de la figura de Sáenz y definieron cuál es la línea de acción a aplicar. “Tomamos el mensaje de la urnas, que nos exige ser prolijos, transparentes y administrativamente correctos”, dijo Moisés en su discurso de asunción. Además, el anteño interpretó que “la sociedad pide madurez, respetando que se puede pensar diferente, tener una formación política diferente pero no podemos dar el lujo de tener objetivos diferentes”. Resulta importante atender a este posicionamiento ya que lo que viene en unos meses más es un año electoral, en el que los gobiernos municipales se convierten en un objetivo que se debe cuidar.

Otras dos tareas urgen al gobernador Gustavo Sáenz y para su ejecución necesita del concurso de la Legislatura. La restricción en la disponibilidad de recursos obliga a un ordenamiento administrativo que, especialmente, pueda ser sometido a control. En ese plano, la aprobación de una Ley de Administración Financiera es un elemento fundamental. En abril pasado, el titular del Ejecutivo Provincial anunció su remisión del proyecto a la Cámara de Diputados; fue en una oportunidad de la firma de un convenio para avanzar en la digitalización de las cuentas generales de ejercicio de los municipios, con el objetivo de modernizar y homogeneizar la información que presentan en su cuenta general del ejercicio, hasta el 30 de junio. Esa iniciativa ya está en el Consejo Económico Social para su dictamen como exige la Constitución provincial y la ley de su creación.

De igual manera debe actuar sobre otro tema perentorio: la adhesión de la Provincia  al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), cuya creación fue dispuesta por la ley de Bases. No es un tema simple por cuanto tal adhesión debe asegurar que se garantice la autonomía provincial.

Son tiempos en los que la política debe dar respuestas a ingentes demandas sociales y estas acciones no deben demorarse.

Salta, 15 de julio de 2024