Decisión

Sin dudas que la situación de la obra pública, por varias razones, es una cuestión sustancial que ha ingresado en una crisis que se va profundizando y generando severos problemas económicos y sociales. Precisamente el pasado martes fue objeto de análisis que desnudaron su gravedad.

Mientras el Ejecutivo Provincial está difundiendo el alcance de convenios que el gobernador Gustavo Sáenz firmó con su par nacional para resolver el destino de proyectos en ejecución o en trámite, la Cámara baja provincial encaró un debate para defender la gestión local que se ha complicado a raíz de las restricciones impuestas por la presidencia libertaria. Las intervenciones de los legisladores sólo explicaron que la recaudación provincial es insuficiente para financiar un plan que satisfaga la demanda de obra pública en todo el territorio, de allí el listado contenido en el Pacto de Güemes, como compromiso de luchar por su ejecución. Como aporte, se expresó el interés por cartelería que señale que la responsabilidad es del poder central en un país federal.

Hubo otros reclamos más contundentes. El sector empresario nacional dejó en claro que el ajuste fiscal, que es muy duro con la clase pasiva, no lo es menos en el área de la construcción. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, reveló que el Estado posee una deuda de $400.000 millones con el sector, correspondiente a cerca de 3.500 obras que estaban en marcha y que al asumir Javier Milei se paralizaron casi por completo, con alguna excepción. Hasta el momento no hay ninguna propuesta de pago y no es un dato que se considere al momento de definir la situación superavitaria fiscal que consigna como principal logro de gestión el gobierno de La Libertad Avanza.

En el marco de la convención anual de la Cámara de la Construcción, realizada ayer, se hizo referencia al informe del Ministerio de Economía sobre el superávit financiero de más de un billón de pesos en mayo y del primario por encima de los dos billones. Sin embargo, en el detalle no figura la deuda que demandan las empresas de la construcción, que corresponde a la facturación de septiembre, octubre y noviembre del año pasado.

La vertical caída de la actividad, que se ha medido en el primer semestre de este año, se manifiesta en la pérdida de unos 130.000 puestos de trabajo. El dato fue ratificado por la UOCRA, que precisó que es una consecuencia directa de la paralización de más de 3.500 obras públicas en todo el país.

La exposición del secretario de Obras Públicas Luis Giovine en la convención de los constructores, dejó en claro que las perspectivas no son optimistas. Solo continuarán 376 obras de infraestructura, que equivalen al 15% de los proyectos pendientes, mientras que un poco más de 2.000 no continuarán en esa jurisdicción, ya sea por ser canceladas o enviadas a jurisdicción provincial. El funcionario reconoció que al momento del traspaso de mando había más de 6 mil obras, de las cuales el 40% “se encontraba prácticamente terminado y el resto en el formato de contratos en vigencia. También destacó que muchas de ellas son obras muy pequeñas, que deben ser encaradas por gobiernos municipales, como las que disponía el programa Argentina Hace, que no va a continuar.

Esta selección de obras prioritarias tuvo la participación de todos los gobernadores del país, con los que hubo negociaciones desde abril. De ellas participó el gobernador salteño, que dejó en manos de una mesa interministerial el ordenamiento de su ejecución en la Provincia. De allí surgió, por ejemplo, un plan de infraestructura para La Puna, que tiene que ver con energía, gas y crecimiento para los pueblos de un área que está entregando sus recursos mineros, que no son renovables.

Son momentos bisagra. La elección del camino a transitar no tolera margen de error.

Salta, 26 de junio de 2024