¿Merece la pena que en defensa del libre mercado el Estado se retire del sector energético?

El nivel de desarrollo que alcanzan los países está directamente condicionado por la disponibilidad y el dominio de los recursos energéticos. 

Y ojo, no hablo solo del gas domiciliario ni del GNC de la mayoría de argentinos que utilizan su vehículo para trabajar. No nos olvidemos que más del 60% de la energía eléctrica del país proviene de las centrales térmicas alimentadas principalmente a gas: lo mismo con el sector industrial. Sin gas no hay logística urbana, calefacción encendida ni fábricas operativas.

Se presenta entonces como una alerta la situación forzada por el Gobierno Nacional en torno a la suspensión y la racionalización del uso del gas cuando todavía ni siquiera llegó el invierno.

Este planteo no tiene nada que ver con la afinidad o la falta de ella hacia el proyecto político oficialista. Se trata de una cuestión estratégica que no puede descuidar el Estado, ocupe quien ocupe transitoriamente los resortes del Poder Ejecutivo.

De hecho, desde esta misma columna hemos cuestionado a la gestión anterior, cuando no fue capaz de controlar la especulación de las refinerías y el abastecimiento de combustibles líquidos se terminó viendo afectado.
Hay otro dato no menor que debemos poner en relieve. La crisis siempre en Argentina, en sus diferentes dimensiones y tal como lo venimos sosteniendo desde hace tiempo, siempre golpean más al interior que al AMBA. Por condiciones estructurales históricas y también por decisiones políticas bien del presentes.

Por ejemplo. En octubre pasado entró en crisis la cadena de distribución de la nafta y el gasoil, ahora la del gas. Ambas situaciones se produjeron bajo gobiernos de signos políticos diferentes y por causas distintas, pero hay una variable que no cambia: la primera región afectada en sendos casos fue la del Norte Grande. 

Son los salteños, jujeños o catamarqueños los primeros que sufren las consecuencias de la falta de planificación y la discriminación en la distribución de recursos. La situación es incluso más dramática en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, donde ni siquiera cuentan con una red de gas domiciliaria extendida.

La situación aparentemente se irá normalizando con el correr de los días. Es lo que dijo el Gobierno Nacional —cuando el tema llegó a los medios porteños— y se comprometió a que la situación no se repita, o cuanto menos no se agrave, durante la temporada invernal. 

Si la importación de gas se presenta menos ventajosa y estratégica para el desarrollo del país que la ampliación del Gasoducto Néstor Kirchner es un tema que merece otro debate más profundo y que se puede anticipar con una pregunta. 
¿Merece la pena que en defensa del libre mercado el Estado se retire del sector energético y esta situación resulte mucho más costosa para las arcas públicas?

Muchos se habrán acordado por estos días de la advertencia que realizó el gobernador Gustavo Sáenz durante su discurso de apertura en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo. En aquella oportunidad lo dijo con todas las letras: sin las obras para la reversión del gasoducto NK nos íbamos a quedar sin gas.

Lo que advirtió por entonces el gobernador no fue fruto de una especulación ni de una intuición metafísica. Fueron datos concretos que cualquier líder político con vocación de planificación y responsabilidades públicas no puede obviar.

Lamentablemente no todos obran en sentido similar. El desconocimiento en la gestión pública suele ser caro. Algunos no lo saben, ni tampoco están abiertos a aprender de los que sí saben. 

En fin, cada vez tendrán menos excusas para justificar los errores no forzados, pues están siendo debidamente informados y la sociedad no tiene por qué pagar el costo de la impericia ajena.