Discusión

La movilización popular del 23 de abril pasado sigue teniendo efecto en las decisiones políticas en torno a la educación.

Opinión 29/05/2024

Editorial

Este martes fue el turno del incentivo docente, que se coló en la discusión parlamentaria a sabiendas que al oficialismo le faltan fuerzas para resistir las embestidas sobre la cuestión aunque la oposición no logra construir suficiente consenso.

Sin que el debate legislativo avance a instancias definitivas, entre el jueves 21 y ayer hubo dictámenes sobre dos cuestiones vinculadas al financiamiento de la educación pública. El proyecto de ampliación presupuestaria para las universidades nacionales logró las coincidencias necesarias para llevarlo al recinto, lo que apuró al Gobierno a formalizar un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para aumentar un 270% las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios. Hay otros aspectos que deben seguir discutiéndose pero buena parte del problema está resuelto.

Llegar a ese punto fue parte de una negociación que permitió que se atienda la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente como prenda de cambio. Se trata de una partida de recursos que el Gobierno eliminó en enero pasado, luego de una vigencia de casi 30 años, lapso en el que concurrió a completar los salarios que cobran los maestros en todo el país. 

En lo que va del año fue un tema de reclamo permanente de los gobernadores, al punto que algunas provincias, como Salta, llevaron el planteo a la Justicia mientras los docentes colocan la demanda en las mesas paritarias o la llevan como bandera a las protestas, como está ocurriendo en Misiones y en La Rioja. Es una buena razón para que la oposición parlamentaria más radicalizada -como la izquierda y el kirchnerismo- se pongan al frente de una reivindicación muy cara para la docencia.

El oficialismo y algunos de sus aliados intentaron dejar el tema fuera de carrera. El propio presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, ex ministro del ramo durante la presidencia de Mauricio Macri, advirtió que  la reposición del incentivo  tendría un costo fiscal que oscilaría entre uno y  uno y medio billones de pesos para el Tesoro. Se puede advertir que es una cifra similar a la del superávit fiscal que celebró el gobierno libertario por lo que ofreció extender por dos semanas la discusión a fin de abrir el espacio a la opinión de especialistas y, especialmente, de los ministros de Educación de todo el país. El pretexto perdió efecto cuando se leyó la carta que suscribieron la mayor parte de estos funcionarios, incluida la salteña Cristina Fiore, pidiendo el tratamiento del tema en estas instancias.

El resto de las bancadas acordó la validez de un aporte nacional al financiamiento de la educación pública pero no se consensuó la modalidad, y se firmaron cinco dictámenes. Las diferencias pueden ser superadas antes de llevar el tema al recinto o apostar a la cosecha de votos. Todas las iniciativas sostienen la existencia del FONID pero difieren en su duración, ya que algunos proponen que esté vigente hasta tanto se asegure por otro camino la provisión de fondos equivalentes.

El peronismo quiere sesión especial para la semana que viene pero los otros bloques opositores se muestran por ahora renuentes a dar quorum. Quieren asegurar que la dispersión de propuestas -incluyendo la declaración de la esencialidad educativa- no lleven al fracaso de la solución de un problema que tiene aspectos discutibles.

La educación -así está demostrado- es un tema que importa a la sociedad y todas las iniciativas deben aportar a su mejoramiento. Su situación no tolera errores ni claudicaciones.

Salta, 29 de mayo de 2024

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