Privatizaciones e impuesto PAIS, los puntos que los gobernadores dialoguistas discutieron con Francos

Pese a que en las últimas horas el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista acercaron posiciones en torno a distintos puntos que conforman la llamada “Ley de Bases”, todavía quedan artículos que generan fricción y que amenazan con enrarecer el clima en vísperas de la sesión prevista para este miércoles la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el referido a las privatizaciones de las empresas públicas: para los libertarios es un capítulo clave sobre el que no están dispuestos a negociar.

Otro de los artículos que genera polémica es el que propone extender hasta el 22 de diciembre de este año la vigencia del impuesto PAIS -que venció en diciembre pasado-, un tributo que rige desde los albores del gobierno de Alberto Fernández y que en la actualidad se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional, con ingresos totales por $1,5 billones anuales. Actualmente, el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios; con la redacción del artículo de prórroga en el dictamen, la totalidad de la recaudación irá a las arcas de la Nación.

Este será uno de los temas de discusión que mantendrá un grupo de gobernadores esta tarde en la sede de la Confederación Federal de Impuestos (CFI). Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) son partidarios de que el 30% del impuesto sea coparticipable entre las provincias. Si prospera esta postura sería todo un golpe a las arcas nacionales.

Al encuentro de los gobernadores se sumó esta tarde el ministro del Interior, Guillermo Francos, considerado por las provincias dialoguistas como un interlocutor válido para tratar de encarrilar las negociaciones. A la reunión se sumaron también diputados como Diego Santilli (Pro), Rodrigo de Loredo (Evolución-UCR) y Emilio Monzó (Hacemos Coalición Federal). “Fue bien. Se va a avanzar. Se está trabajando”, dijo Francos al retirarse del CFI, tras una hora y media de reunión con los gobernadores.

Sobre este punto, el gobernador Gustavo Valdés (Corrientes) sostuvo que debe ser el Gobierno el que debe definir el destino de la recaudación de los impuestos, pero reprochó que “todos los impuestos nuevos que se crean en la ley son solo para la Nación y si nosotros (los gobernadores) no podemos compensar lo que nos debe la Nacion, reaccionamos con justeza. Tenemos a cargo la salud, educación, industria, seguridad. Con recursos tan magros es difícil es poder lograrlo”.

Respecto de las privatizaciones, el dictamen aprobado el miércoles pasado contiene un artículo en el cual se faculta al Poder Ejecutivo “a privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional”. Se incluye un anexo en el cual enumera 36 empresas a ser sujetas a privatización (entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles y medios públicos), mientras que, en otro anexo, dispone que el Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica Argentina “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

Si bien la oposición dialoguista logró excluir a YPF de las empresas a ser privatizadas, no está de acuerdo con cederle al Gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso.

La cuestión de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo todavía sigue generando desacuerdos con un sector de la oposición pese a que el Poder Ejecutivo accedió a reducir de 11 a 7 la cantidad de delegaciones. Desde las bancadas Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, por caso, insisten en eliminar del proyecto las delegaciones en materia de seguridad, tarifas y energía.

Otro punto sobre el que los gobernadores volverán a la carga tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En su dictamen el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas que solo se transferirán al Tesoro los títulos de deuda en manos del FGS, no así los activos.

Sin embargo, algunos gobernadores -entre ellos Llaryora y Frigerio- insisten en que el traspaso se efectúe previa compensación de las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos de dicho fondo permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias a la Anses.

Otros puntos de discordia

- Régimen federal de pesca. El Gobierno accedió a eliminar del texto original aquellos artículos que sacaban la obligatoriedad de descargar en puerto argentino y poder hacerlo en puertos extranjeros, o la eliminación de la tripulación nacional, pero se mantienen las diferencias respecto del régimen de cuotas de captura que, según el proyecto, “serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.

- Biocombustibles. Gobernadores y legisladores de las provincias productoras advirtieron que el dictamen no refleja los cambios que había concedido el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en esta materia. Así, según el proyecto oficial, para el caso del gasoil el corte con biodiesel se mantiene en 10% y se llevaría al 12,5% en 2026. En lo que respecta a las naftas, propone dejar el nivel de mezcla con bioetanol en 12%. Durante los primeros 2 años la autoridad de aplicación podrá disponer un incremento del porcentaje de mezcla hasta el 15%.

- Deuda. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública sancionada durante el gobierno de Fernández. Allí se establecía que el Presupuesto debía fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Disponía, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.

- Seguridad. Entre los puntos más resistidos, figura aquel que propone ampliar los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. La iniciativa indica que, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.

- Ambiente. El dictamen modifica tres leyes regulatorias en materia de medio ambiente: la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema. Según las organizaciones defensoras del medio ambiente, estas modificaciones a las normativas vigentes implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
 

La Nación