El malestar se agudizó al conocer ayer la letra chica de la ley ómnibus enviada ayer al Congreso. Causó enojo y sorpresa, sobre todo, el capítulo en lo relativo a las restricciones a la protesta social. “Es despótico”, lo calificó un jerárquico de la CGT. La última huelga de la central obrera peronista fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que activaron durante la gestión de Macri.
La medida se resolvió casi de manera unánime en el Comité Central Confederal, el máximo órgano ejecutivo de la CGT y del que participan las regionales de todo el país. El 10 de enero habrá un plenario en el que se definirán detalles sobre la protesta, que contemplará una movilización al Congreso a partir de las 12 con la intención de poner otra vez a prueba el operativo antipiquetes que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Se sumarán al paro de la CGT las dos vertientes de la CTA, en quienes recae mayoritariamente la representación de estatales y docentes, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde confluyen los movimientos sociales que hasta hace unas semanas comulgaban con la gestión de Alberto Fernández.
La Nación
