El juez federal Sebastián Ramos decidió declarar nula la causa que investigaba el viaje que compartieron jueces federales, funcionarios políticos de la oposición y empresarios de los medios de comunicación a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido.
Argentina22/12/2023
A raíz de la decisión, conocida este viernes 22 de diciembre, imputados como el juez federal Julián Ercolini y el camarista de Casación Carlos Mahíques fueron sobreseídos. Lo mismo con el exministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
El viaje se había hecho público a partir de la filtración de unos supuestos chats que compartía el exministro de Seguridad porteño con el resto de los participantes del viaje, donde debatían acerca de cómo eludir la difusión del tour por el sur. Una nota publicada en la prensa motivó una denuncia penal inicial a cargo del abogado Marcelo Hertzriken Velasco ante la Justicia Federal de Bariloche, pero luego el caso terminó radicado en Comodoro Py.
La resolución que firmó Ramos en el marco del expediente 4419/2023 incluye los sobreseimientos al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques y al juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola. El listado se completa con Leonardo Bergroth, exagente de inteligencia; Tomás Reinke, empresario de medios; y los directores del Grupo Clarín, Pablo Casey y Jorge Rendo.
Todos ellos fueron partícipes de la comitiva que viajó de Buenos Aires a Río Negro el 13 de octubre del 2022 a bordo de un avión privado de la empresa Flyzar que tomaron en el Aeropuerto de San Fernando.
Los argumentos para cerrar el caso
Según consignó Télam, en la resolución el juez del caso consideró que las actuaciones debían archivarse, ya que "las evidencias sobre las cuales se delineó la denuncia fueron obtenidas en violación a garantías constitucionales". Por eso, sostuvo que "apoyar en ellas una sentencia judicial compromete la buena administración de justicia".
En una causa marcada por la aparición de supuestos chats, el juez consideró que no puede sentenciar, ya que esa prueba inicial fue resultado de "una actividad de seguimiento irregular". Esa actividad, según él, contó con la intervención de una Fuerza de Seguridad (la Policía de Seguridad Aeroportuaria) y otros organismos del Estado, a partir de la filtración del plan de vuelo.
"Las intromisiones injustificadas que formaron parte de ese accionar ilegal derivaron en la vulneración del derecho a la privacidad de quienes han sido denunciados", sentenció Ramos.
Al opinar sobre el viaje en sí, sus participantes y la supuesta comisión de un delito, el juez consideró que no hay "indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura a dicha hipótesis".
Cuando se conoció el escandaloso viaje, el expresidente Alberto Fernández hizo una cadena nacional en la que anunció un pedido dirigido al Ministerio Público para que se investiguen los posibles delitos que surjan de los supuestos chats. Ello ya que, si fuesen verdaderos, para el entonces mandatario se configuraban delitos de dádivas e incumplimiento de deberes.
Pero también instruyó al ex consejero de la magistratura en representación del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, a que solicite el inicio de un sumario en la Comisión de Disciplina para que los jueces que viajaron sean investigados.
El hackeo a D'Alessandro, en tanto, es investigado también en la Justicia porteña, aunque hay un conflicto de competencia con la Justicia federal pendiente de dirimirse en la Corte Suprema.
"Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie", dijo el exministro porteño sobre el episodio.
Después del escándalo, D'Alessandro se tomó una licencia y finalmente terminó afuera de la gestión pública. La resolución de primera instancia con los sobreseimientos llegó dos semanas después del inicio del nuevo gobierno.
Perfil
La resolución se conoció después de que se desestimara el pedido de la defensa de la expresidenta para apartar a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes habían ratificado su condena en junio del año pasado.
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