Decisiones

Efectivamente, el gobierno libertario dispuso reducir al mínimo las transferencias discrecionales, no va a licitar obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. No hubo sorpresa porque de ello se habló en la campaña electoral pero sí afirmó la preocupación del gobierno local.

Las remesas no automáticas -que se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, según el flamante titular de la cartera económica- no tuvo a Salta entre las más favorecidas pero el impacto es mayor en materia de obras si se tiene en cuenta que el gobernador Gustavo Sáenz referencia en ellas su gestión. Para tomar el peso del alcance de esta restricción debe considerarse que en el presupuesto vigente se destinó algo más de 25 mil millones de pesos a obra pública, mientras que el Estado nacional, a través de sus distintos mecanismos de financiamiento, aportó otros 114 mil millones.

Luego del mensaje de este martes quedó en claro que no hay muchas posibilidades de cambiar ese rumbo. Desde el punto de vista conceptual, el gobierno de Javier Milei no muestra mucha voluntad de encarar obras de infraestructura con fondos públicos. Insiste en que deberán ser realizadas por el sector privado, “ya que el Estado, no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo", dijo el ministro Caputo. También tacha a ese esfuerzo como una maniobra de la corrupción ya que se sospecha que son recursos que “muchas veces terminan en los bolsillos de los políticos y los empresarios".

Las autoridades de la Provincia, informó el ministro de Infraestructura, se encuentran trabajando para evitar la parálisis del sector. Sin mayores precisiones anticipó que se minimizará el impacto de la decisión nacional, ajustando el presupuesto para seguir avanzando con las principales obras. Tal como precisó el mandatario en su discurso de asunción, no son solo carteles ni convenios firmados sino emprendimientos en marcha como los que tienen financiamiento internacional que debe reintegrar el gobierno nacional, como la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la zona Sur de la ciudad y la ampliación del Hospital San Bernardo; las que están incluidas en el presupuesto nacional que será prorrogado, como las obras de la Terminal de Güemes, el alteo del Dique Limón y varias rutas entre otras. Todas son íconos del modelo de gestión de Gustavo Sáenz, más allá que resuelven demandas sociales impostergables.

Menos ponderable es la decisión de suspender los aportes del gobierno nacional que quedan en el marco del poder discrecional en su distribución. Los llamados ATN se integran con el 1% de lo que le corresponde a la Nación en el reparto primario de la coparticipación y que administra el Ministerio del Interior en forma arbitraria. También hay otros fondos que reciben las provincias fuera de la coparticipación, que no obedecen a un procedimiento ecuánime y objetivo, sino más bien político. Allí juegan decisiones arbitrarias, de amistades,  favores y compensaciones y se trata de cifras significativas.En los primeros nueve meses del año, según un informe de una consultora privada, Salta se ubica entre las tres provincias menos favorecidas en el reparto entre las 10 que conforman la Región del Norte Grande.

La mayor parte de las provincias muestran cuentas equilibradas. La Nación, contrariamente, debe batallar con un déficit desbordado y en esa lucha, puede trasladarles su problema   fiscal. Ese dato no es menor.

Salta, 13 de diciembre de 2023