Este domingo tendrá lugar el último debate presidencial. La mirada y los oídos de los electores están mejor preparados para aprovechar la discusión entre los dos finalistas de una agobiante carrera que contribuyó al diseño de un nuevo mapa político en el país.
Opinión10/11/2023
Habrá diferencias con las dos experiencias anteriores, de las que participaron cinco candidatos. La confrontación es entre un par que sabe que es la última chance y se deben optimizar los resultados. Al margen de la conveniencia de Sergio Massa, de la oficialista Unión por la Patria y del libertario Javier Milei, importa la oportunidad que tiene el electorado de despejar dudas y definir su decisión con fundamentos válidos.
La Cámara Nacional Electoral, responsable de la organización de estos debates obligatorios, definió seis temas con la suficiente amplitud como para que puedan pronunciarse sobre los principales aspectos de la realidad. Respecto de los dos encuentros ya realizados se dispuso dar mayor dinamismo al cruce pero sin perder su formalidad. Economía, Educación y Salud, Relaciones Exteriores, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia democrática son las cuestiones incluidas para su tratamiento.
Apenas conocida la agenda, la Confederación General del Trabajo decidió participar exponiendo su posición, especialmente en cuestiones innegociables para el sector. Son quince puntos contenidos en un documento que fue presentado a ambos candidatos y que se hizo público a través de la prensa.
La enumeración de la pretensión gremial no es una imposición sino una advertencia de que el cimiento de cualquier construcción social, necesariamente debe abordar los requerimientos del sector. Es así que el primero de los puntos plantea la plena vigencia del derecho al trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. En directa vinculación con esta expresión se suma la defensa de los Derechos Colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajo y aseguran, a través de los convenios colectivos, paritarias libres para la discusión del salario y mejor distribución del ingreso. En el tercer párrafo de la CGT se aborda la progresividad de los derechos laborales y sociales para una sociedad más justa con ampliación de derechos. Hace referencia al principio que establece que los derechos no pueden disminuir.
El propósito de la dirigencia gremial al presentar este documento se ha vinculado con el interés que al abordar el capítulo de Trabajo y Producción. ambos candidatos dejen ver qué políticas preservarán el interés del gremialismo argentino. La defensa de los sistemas de obras sociales y el previsional contributivo están en el listado, que no dejó afuera la demanda de crecimiento del trabajo registrado y digno, con remuneración justa y suficiente, la promoción de empleabilidad a través de la educación y la participación gremial en las políticas de vivienda. La CGT, además, no abandonó la intención de lograr la disminución de la jornada laboral por la que ya empezó a trabajar en el ámbito legislativo.
La que está cerrando no fue una campaña electoral de eslóganes. Queda determinar si los compromisos que se asumieron pueden cumplirse.
Salta, 10 de diciembre de 2023
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.