Me propongo contarles dos historias relacionadas con la Justicia de nuestro país. Desde luego ustedes podrán disentir con que exista tal relación y hasta creer que este columnista primero la imaginó y después le escribió.

Veamos. La primera de las historias no es nueva, sino que se venía desarrollando en aparente calma, hasta que tuvo un final impuesto por la dinámica de los hechos y la influencia de los grandes medios en la opinión pública.

Fue nota de tapa de la edición de “Clarín” del domingo pasado. “La insólita situación de la camarista Ana María Figueroa. En la Justicia no saben qué hacer con la jueza de Cristina que se atrincheró”. La adjetivación de la primera frase y la atribución de cierta afinidad política de la nombrada son textuales. No se comparten necesariamente.

Antes de cumplir 75 años, la doctora Figueroa le pidió al Presidente de la Nación que le permitiera continuar en la Magistratura cinco años más.  El presidente dio curso al pedido y le pidió al Senado de la Nación que le prestara el acuerdo correspondiente. Todo esto también está previsto en la Constitución.

El bloque oficialista al Senado siguió los pasos previstos en el Reglamento del cuerpo para estos casos. Así,  hubo una entrevista con la postulante y dictamen favorable de comisión.

Faltó reunir las suficientes voluntades para sesionar, es decir, el número para el quórum y otro para la aprobación del dictamen. Se convocó a dos reuniones que no se concretaron. El tiempo pasó y el día 9 de agosto la doctora Figueroa cumplió 75 años.

Desde entonces, la disputa sobre si podía continuar en funciones hasta que el Senado se reuniera y decidiera el acuerdo continuó en el tribunal donde la doctora cumplía funciones: la Cámara Federal de Casación Penal. Todo transcurrió entre reuniones,  denuncia a la doctora un secretario y su periodo de licencia, que se remitió a la Corte Suprema.

Con celeridad, el más Alto Tribunal rechazó el pedido de licencia la doctora Figueroa y, con la firma de sus cuatro miembros,  consideró que sus funciones habían terminado el día que cumplió la edad máxima establecida en la Constitución para ejercer la Magistratura.

Esa es una de las historias. La otra también se publicó en la edición dominical de “Clarín”, página 18. Este fue el título: “A 40 años de la democracia. Así surge una encuesta que detectó una enorme caída de la confianza en las instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen la imagen positiva más alta y los partidos, la más baja”.

Es un informe de Daniel Santoro.  El cuadro descriptivo, elaborado por la Consultora Poliarquía, permitía distintas valoraciones a los encuestados, a saber: Mucha confianza, Bastante confianza, Poca confianza y Nada de confianza.

Efectivamente, en ese cuadro las Fuerzas Armadas están en el primer lugar del podio con un 42% de Mucha confianza, las siguen las Fuerzas de Seguridad, con un 24% de Mucha confianza y la Iglesia Católica con el 23% de Mucha confianza.

Tal como anticipado el título, los partidos políticos y los sindicatos tienen la más alta imagen negativa, que es del 90%. Las tres instituciones correspondientes a los tres poderes del Estado, están muy cerca de esa valoración: el Congreso Nacional tiene un 88% de imagen negativa; el Gobierno Nacional y la Justicia -también nacional- tienen el mismo porcentaje de imagen negativa: el 84 %.

 Así todo, la Justicia es el único de los tres poderes que mejoró respecto a la misma medición del año pasado (2022). Entonces, tenía apenas el 6% de imagen positiva; en éste llega al 16%. El Gobierno Nacional, valorado positivamente en un 26% el año pasado, en éste bajo al 16%. El Congreso que en 2022 tenía un 20% de imagen positiva, ahora bajo, el 12%.

Casi como un acto reflejo, este columnista asocia imagen negativa del gobierno nacional y piensa en un poder atomizado, casi vacío, con una inflación que no para de crecer. Hace lo mismo con el Congreso y piensa en las escasas sesiones de este año; y en la falta de acuerdos para salir del laberinto de los alquileres.

A la Justicia no le ayudan para nada actitudes de magistrados, que por el motivo que fuere,  se creen por encima de la Constitución; a veces parece que rige para los otros, no para ellos. Además sabemos que el servicio no es el mejor; que es muy lento y demasiado caro: que le cuesta hacerse sentir con los poderosos y más que nada, que le cuesta transmitir a los ciudadanos que todos somos Iguales ante la ley.