Se trata de cuatro casos denunciados entre marzo y julio de este año que afectaron a diferentes vecinos de Rosario de la Frontera. La investigación revela su presunta participación en la sustracción de garrafas, cortadoras de césped, un teléfono celular y tarjetas de débito.
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El fiscal penal de Rosario de la Frontera Oscar López Ibarra, imputó a una mujer de 35 años de edad, por su presunta participación en delitos de hurto simple (cuatro hechos) y estafa por uso de tarjeta de crédito, en concurso real, previstos en los artículos 162, 173 inciso 15 y 54 del Código Penal.
Los hechos objeto de investigación involucran la sustracción de diversos elementos, tales como garrafas, una cortadora de césped, un teléfono celular y tarjetas de débito, en perjuicio de diferentes personas en la localidad de Rosario de la Frontera.
El pasado 15 de marzo, se reportó que personas desconocidos ingresaron a una verdulería ubicada en el Barrio El Mirador y sustrajeron dos garrafas de 10 kg, y una cortadora de césped del interior del establecimiento. El denunciante expresó sospechas sobre una mujer que aparentemente estaría involucrada en delitos similares previos. Como consecuencia, la Fiscalía solicitó la investigación de los hechos y la revisión de las cámaras de seguridad cercanas al lugar.
En otra instancia, el 15 de abril, se registró el ingreso de una persona desconocida a una vivienda sin ejercer violencia, donde se sustrajeron una máquina de cortar pasto y un kilogramo de masas dulces. El denunciante tuvo conocimiento de que una mujer con características similares a las mencionadas anteriormente fue vista con los objetos robados.
El 7 de mayo, una mujer denunció la sustracción de su teléfono celular, el cual había dejado en el interior de su vehículo estacionado en una carnicería del Barrio Ana María. Además del aparato, se perdieron dos tarjetas de débito a nombre de la denunciante, una tarjeta de débito a nombre de su madre y un documento de identidad perteneciente a su hijo.
Posteriormente, se descubrió que se realizaron compras con las tarjetas sustraídas, causando considerables daños económicos. La imputada fue identificada como la persona que utilizó las tarjetas, lo que llevó a la solicitud de restitución de los fondos y la adopción de las medidas legales correspondientes.
Por último, el pasado 6 de julio se reportó que una persona ingresó a un domicilio ubicado en el Barrio San Cayetano sin ejercer violencia, sustrayendo una garrafa de 10 kg, prendas de vestir pertenecientes a los hijos menores de edad de la denunciante, y una mochila. Al revisar las grabaciones de seguridad de un comercio cercano, se pudo identificar a la imputada como la autora del ilícito.
La Fiscalía había solicitado siete años de prisión para la exsecretaria general y la tesorera de ADP por los delitos de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas, en calidad de coautoras.
También reclamó la nulidad de la declaración. El juez Ercolini lo había citado para el miércoles. Además hay otras 38 indagatorias pendientes.
En los alegatos por la causa que investiga presuntas estafas con planes de viviendas, la Fiscalía también pidió 10 años de inhabilitación para ejercer cargos electivos en el gremio.
El hecho ocurrió en el nosocomio local el 14 de julio de 2023 y la menor fue encontrada al día siguiente en un predio abandonado en barrio de esa ciudad.
Una mujer de 56 años fue imputada acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Tras la audiencia, desde la Fiscalía se solicitó que continúe detenida.
Raúl Argañaraz y Ana María Cerezo asumieron una postura de mutua acusación, delegando la responsabilidad el uno en el otro. El lunes, desde las 8:30, está previsto que se desarrollen los alegatos de las partes.
El miércoles 8 de enero, a las 9:30, en Metán, se llevará a cabo la audiencia pública para informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales respecto del tema.
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