El diputado provincial explicó que la intención es “emprolijar la tarea legislativa”, y así negó cuestionamientos de la oposición al proyecto que se discutirá este martes en el recinto.
Política13/06/2023
Ivana Chañi
En “El Acople” el diputado por el Departamento de General Güemes, Germán Rallé, se refirió al proyecto de Resolución Expediente 91-48.094/23 para modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyos autores son los diputados Esteban Amat, Mónica Juárez, Germán Rallé, Daniel Segura y María del Socorro Villamayor y no cuenta con dictamen de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Al respecto, el legislador explicó que en primer lugar lo que se busca es “adecuar el reglamento a las modificaciones que tuvo la Constitución Provincial, entendemos que el reglamento de la Cámara es lo que nos da la pauta y parámetros de trabajo que tenemos que tener para toda nuestra labor parlamentaria”.
Siguiendo esa misma línea, consideró que es necesario atender “cuestiones de fondo y puntos vacíos” que no se interpretan como estiman oportuno, incorporar comisiones, modificar el nombre de alguna. “Es hacerle el retoque, que se actualice y se ponga el reglamento acorde a las legislaturas referentes a nivel nacional”, precisó.
Si bien no ha sido tratado aún, ya que lo será este martes en Sesión Ordinaria, desde la oposición alzaron la voz cuestionando el planteo del oficialismo respecto al tratamiento sobre tablas y los dictámenes para ser abordados.
Rallé aclaró que la cuestión responde principalmente a remarcar la importancia del trabajo de los proyectos de ley en comisiones “Una de las reformas que proponemos es que todos los proyectos que entren en asuntos entrados y todo lo que es paquetes de resoluciones y declaraciones, salga con dictamen de comisión a la cual pertenecen”, medida que justificó por tanto señaló que muchas veces sucede que esas iniciativas legislativas ya han sido contempladas por ejemplo en el presupuesto o en años anteriores ya fueron aprobadas por la Cámara Baja.
“Es emprolijar la tarea legislativa, no hay nada raro”, subrayó el diputado de General Güemes.
De todas formas, aún no está decidido si se reabrirá el Congreso y depende de las negociaciones por el Presupuesto y por la eliminación de las PASO.
Gerardo Martínez encabezó la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, para deliberar sobre cambios en el sistema de riesgos laborales.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.
La iniciativa para eliminar las PASO y de modificación de la ley orgánica y de financiamiento de los partidos políticos había sido anunciada hace una semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
La nueva propuesta reduce la superficie en verde en casi un 30%. Se distingue por incorporar un criterio de protección especial a las cuencas hidrográficas para preservar de forma más eficiente la biodiversidad.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
