Veintitrés años transcurrieron desde aquellos días cuando los argentinos pedían “Que se vayan todos”. El 20 de diciembre de 2001 se fue el Presidente de la Nación, en medio de una crisis económica, social y política sin precedentes.
Confianza
Cierra una semana muy difícil con la sentencia de que “la política está fallando”. La expresó el senador de Los Andes, una de las regiones de la Provincia más afectadas por la alta conflictividad social.
Opinión09/06/2023Leopoldo Salva sumó su voz a la algunos otros que, ubicados como observadores, advierten esa falla está en la falta de diálogo. La carencia no es un problema de este tiempo de reclamos insatisfechos sino que esa ausencia es casi una característica de esta gestión; son pocos los miembros del gobierno que manifiestan predisposición a escuchar y a ser claros en sus respuestas.
El legislador puneño advirtió que cuando no hay recursos para cubrir demandas sociales, “el diálogo tiene que sobrar. La política debe ser un diálogo permanente”. No es justamente lo que está sucediendo y, al parecer, se tratará de remedar esa dificultad. No casualmente es que ministros del gabinete de Gustavo Sáenz recorrerán en estas jornadas San Antonio de los Cobres.
Es alentador que se haya reconocido que el conflicto, que hace más de treinta días iniciaron los docentes, va en expansión y que en la medida que ello sucede, la solución se va tornando compleja. En esos términos es que el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, explicó su iniciativa de visitar la zona para intentar mediar con los manifestantes.
No es que la zona oeste de la Provincia muestre la protesta más dura de todo el territorio; en todos los puntos cardinales la movilización de docentes, personal sanitario y de otros sectores está interrumpiendo rutas vertebrales y generando severas dificultades a distintas actividades económicas. Justamente en esta semana se vio un intento por poner a los referentes empresarios en el otro extremo de los reclamos, pidiendo libertad de tránsito. Que no hayan ignorado la legitimidad de la lucha salarial, como expresión de los efectos más devastadores de la persistente inflación, convirtió a ese movimiento en otro frente de presión sobre el Gobierno, al que se pidió que dé garantías para ejercitar los derechos a trabajar y circular.
Lo que está llevando a funcionarios del Ejecutivo a la zona andina es el temor a que las empresas que operan allí “vean este nivel de intransigencia y conflictividad y replantean sus inversiones”, según explicó el Ministro de la Producción. Si bien hay muchas pymes provinciales que se están instalando en la Puna atraídas por el resplandor de los proyectos de desarrollo minero, la mirada se posa sobre los inversores extranjeros que aún no han comenzado a tributar derramando la riqueza de sus emprendimientos. Comenzarán a pagar regalías recién a finales del año que viene ya que el avance de sus proyectos no permite que la Provincia recaude nada por ahora. Sí lo hace por el movimiento que en su torno se despliega y que está generando la creación de más de diez mil puestos de trabajo formales.
Un problema sectorial en su origen, está desnudando muchas debilidades de la situación provincial. En estado de movilización como se observa actualmente a parte de la sociedad, los reclamos son abarcativos y se plantean de mal talante, quizás por el tiempo de postergaciones que los ha precedido.
La evolución que tiene la situación demuestra que el margen de tolerancia se ha estrechado en extremo y no alcanza con plantear el diálogo sino que debe ser conducente. Esto es, debe servir para escuchar pero también para dar soluciones a los problemas expuestos. Solo así se podrá desarrollar la confianza que es una virtud que debe sostener el diálogo político.
Salta, 09 de junio de 2023
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