El partido Unidad Popular se puso a la delantera en la denuncia del riesgo de la compra de votos, una maniobra que se suponía superada con la boleta única electrónica que evita lo que se conocía como “voto cadena”. Es así que formalmente solicitó al Tribunal Electoral que se prohíba el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares. Es que –denunció en su presentación- “ciudadanos y ciudadanas son sometidos a actos de coacción moral cuando están obligados a demostrar que votaron por determinados frentes y partidos para no perder sus planes sociales, bolsones y hasta sus trabajos».

En la misma línea se pusieron los partidos PRO y Ahora Patria que requirieron al Tribunal Electoral que los electores no puedan sufragar con su celular y lo dejen a vista de las autoridades de las mesas de votación. Ello así aun destacando que es una disposición que ya está contenida en la normativa que rige la realización de comicios. El artículo 11 inciso e) de la ley 8.010, establece que: “Las autoridades de mesa deberán impedir la utilización por parte de los electores al momento de sufragar de cualquier elemento ajeno al ejercicio de su derecho tales como papeles, teléfonos celulares, cámaras fotográficas”. Sin embargo y así lo aprecian en su presentación hay escollos en su aplicación, debido a que no se puede verificar su cumplimiento ante la difícil posibilidad de conciliar el control las acciones del elector y a la vez resguardar el secreto del voto.

No es un tema menor. No basta con declamar los beneficios de la democracia y subrayar la significación del voto como expresión de la voluntad del pueblo, en el que reside la soberanía política. Es posible que en el cuarto oscuro se pueda cumplir con un deber y ejercer un derecho -el más importante para un ciudadan-, que es la posibilidad de participar en la construcción del gobierno. Pero sería una ingenuidad desconocer las limitaciones que desde el poder se imponen.

Esas limitaciones no solo alcanzan al riesgo que se cierne sobre el ejercicio del derecho del sufragio. Otras disposiciones vulneran la voluntad popular como ocurrió con la aplicación de distintos sistemas de votación; la historia electoral de los últimos 40 años dan cuenta de esos esfuerzos como cuando  se aplicó la ley de lemas o con la supervivencia de una representatividad que no es equitativa.

Un dirigente peronista histórico, que ocupó funciones encumbrados en los gobiernos que se sucedieron desde 1983, señaló que si se considera “a las elecciones como la democracia, nos equivocamos, pues los resultados, especialmente en Salta, no solo son inequitativos sino insultantes”. De esa manera, Santos Jacinto Dávalos se refería a la presencia de solo una mujer entre 23 senadores y también a que menos del ocho por ciento de la población tiene doce senadores y el resto once.

También concurren a esa falta de igualdad democrática la falta de cumplimiento de los límites legales para la financiación de las elecciones, que lleva –según Dávalos- a que haya candidatos que “muestran su efigie egregia en cartelones de dimensiones catastróficas y otros, solo tienen  carbón y tiza”. Advierte que el hecho que la Justicia no controle esa situación permite que haya “candidaturas financiadas por las grandes corporaciones, el crimen organizado o el presupuesto”, que desiguala mucho.

Cada elección es también una lección. Cuando se demanda calidad institucional se está pidiendo resguardar el ejercicio de derechos que son para todos y no para sectores privilegiados.

Salta, 09 de mayo de 2023