Lección
En pleno proceso electoral, dirigentes sindicales visitaron al Presidente de la Nación, expresaron su apoyo al proyecto nacional y popular y se fueron con 7 mil millones de pesos para las obras sociales, de los 11 mil millones que se les había prometido en mayo.
El encuentro entre la cúpula nacional de la CGT y del Ejecutivo no fue casual: es un mal momento para el oficialismo, según indican las encuestas y la central obrera se encamina hacia la renovación de su propia conducción, definición que suele generar remezones que impactan en un gobierno con el que el movimiento obrero argentino se suele identificar.
Como en un espejo, la situación se repite en la Provincia. Si bien no hay un desgaste de la gestión de gobierno, que acaba de atravesar con mediano éxito un proceso electoral, un conflicto laboral mantiene cerradas a buena parte de las escuelas, sosteniendo un cuadro de crisis porque en ellas no solo se instruye sino también se come y se hace contención social. Se sabe que no se trata solamente de un reclamo salarial sino que se han puesto en evidencia carencias y situaciones irregulares, como la precariedad laboral de docentes y personal de maestranza, además de la falta de servicios esenciales.
La otra cara de la moneda es la anómala representatividad gremial de los trabajadores de la educación, que no se supera con la defensa de una institucionalidad carente de legitimidad, que conduce a las negociaciones entre Gobierno y gremios al vacío. Los resultados, que expresan la buena voluntad respecto de un arreglo, no satisfacen y se ha llegado a una situación límite porque hay una real necesidad, según interpretó el secretario general de la CGT Salta, Carlos Rodas. La central obrera no ha intervenido pero sigue de cerca el desarrollo del conflicto docente, entendiendo que la brecha entre la canasta básica y los sueldos es más amplia que lo que dicen los índices; de allí que se torna ilusorio disponer ajustes que superen la inflación.
La radicalización de la lucha es inconveniente y los trabajadores en conflicto debieran buscar otros mecanismos en un marco en el que se reconoce su derecho a peticionar pero también se otorga representatividad a organizaciones que deben conducir la lucha. Ese equilibrio está alterado y lo ha hecho notar en principal referente de la CGT, que exige del Gobierno -a través de la cartera que corresponde- racionalidad y control emocional para actuar con rapidez y evitar todo acto de violencia, porque la que viene del Estado es repudiable desde todo punto de vista.
También se reconoce que los tiempos actuales son críticos y no es momento para buscar soluciones particulares o sectoriales. La CGT, que tanto a nivel nacional como provincial se ha desgranado, debe buscar la unidad del movimiento obrero, alineándose detrás de la misma finalidad que es defender derechos laborables. El desafío es que todos los sectores se esfuercen para salir de la informalidad a fin que los trabajadores no sean la variable de ajuste que hizo perder tantas fuentes de trabajo.
Tal objetivo debe alcanzarse junto a la normalización de una institución que en Salta hace 25 años que no renueva su conducción estatutariamente. Justamente, esa es la tarea encomendada al dirigente -que también lidera La Bancaria- por 102 gremios que en este territorio representan a las distintas actividades que generan fuentes de trabajo.
Como sea, no hay posibilidades de reconstruir el movimiento como emergió luego de la formidable movilización del 17 de octubre de 1945. Eso es parte de la historia , que no debe arrastrarse sino aprenderse para no repetir los errores que pusieron al país en el camino de la decadencia.
Salta, 31 de agosto de 2021
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