Denuncia
La baja temperatura obliga a que nadie se escude en la ignorancia respecto de situaciones que se observan cotidianamente pero se toleran. Un caso es la existencia de personas que viven en situación de calle, que si bien no es una cuestión novedosa, su alcance da cuenta de su empeoramiento. La respuesta a través de operativos temporales debe considerarse superada, porque son parches que tienen un costo creciente. No se trata solo del abrigo y alimento que buscan individuos que atraviesan una crisis particular, sino que proyectada en el tiempo revela que hay un sector de la población que no va a superar su marginalidad dado el origen de la misma. Para ellos no hay expectativas de trabajo ni vivienda.
No menos preocupante es el grado de carencias que tienen familias, en barrios o comunidades que no han encontrado condiciones propicias para mejorar su situación. A las necesidades que manifiestan de generación en generación grupos rurales o de originarios, se ha sumado población radicada en centros urbanos, especialmente en la Capital. Un incendio que afectó a una vivienda de una zona macrocéntrica informó sobre el estado de hacinamiento en el que vivían 40 personas de una misma familia, que compartían el inmueble dañado.
Al margen de estas cuestiones sociales, también impacta la calidad de servicios que son esenciales para la población. Una mayor demanda de energía eléctrica mostró la incapacidad del sistema para satisfacerla. Desde el inicio de la semana se registraron cortes en la prestación, que acarrearon las mismas consecuencias para la provisión de agua potable a las viviendas.
También fue altamente negativo el efecto en el servicio de gas, por las consecuencias económicas. Desde comienzo de año había una advertencia sobre el riesgo para el sistema si se cumplían las previsiones de una temporada invernal con acentuado descenso de la temperatura. Hacia mediados de junio se dio cuenta de negociaciones con Bolivia para realizar compras de gas frente a la insuficiencia del producido en Vaca Muerta, para evitar interrumpir las entregas a centrales térmicas que operan en el país.
En Salta, las estaciones de servicios hicieron un aporte obligatorio a la reducción del consumo de GNC, que resultó en un marcado perjuicio al sistema de taxis y remises.
Y mucho más preocupante es el panorama que presenta la infraestructura vial. No es una situación generada por la ola polar; es un reclamo que se viene expresando a lo largo y ancho del país desde que comenzó a aplicarse la decisión de la administración de La Libertad Avanza de no invertir en obra pública. En materia vial se está a la espera de un decreto que llevaría a la disolución de la Dirección Nacional del ramo.
En Salta, esa política está poniendo en riesgo la actividad minera, una columna vertebral de la matriz económica diseñada por la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. El mal estado de la red vial, agravado por las bajas temperaturas y las recientes nevadas, configura un panorama que amenaza con la parálisis del transporte en la Puna. El presidente de la Cámara de Exterior de Salta denunció que los caminos están intransitables y los pasos fronterizos colapsados, lo que se agrega a que no hay infraestructura básica.
El frío, en una región marginal como la del norte del país, es algo más que la necesidad de abrigo. Es la denuncia del fracaso de políticas que nunca alcanzan continuidad o siempre favorece al área más desarrollada, porque es la sede del poder.