Aguas del Norte, la calesita de la voracidad

Buen día Mario.  ¿Cuántas veces los salteños vamos a ser víctimas del ataque contra el agua? Por segunda vez en 22 años, el agua está sujeta a la privatización de “los que mandan”.  

Hoy quiero pronunciarme en contra de esta nueva estafa por parte de los inescrupulosos que quieren usar su posición para su propio beneficio, en contra de ciudadanos y usuarios.  

 Recientemente un artículo publicado por Cuarto Poder nos advirtió sobre la intención de algunos altos funcionarios de la empresa Aguas del Norte de quebrarla para justificar su privatización. En este sentido el artículo afirmó que, “des-manejos financieros y gastos sobrevaluados más un servicio deficiente que enerva los ánimos de los usuarios, sería la estrategia para que, los ineficientes funcionarios de hoy, se conviertan en prósperos administradores de una firma altamente rentable para sus bolsillos”[1]. Estos sujetos que el gobierno de Sáenz heredó de Urtubey, claramente tienen la intención de empujar al nuevo gobierno. Espero que el gobernador no sea parte de la maniobra. 

Esta intención privatizadora está en contra  del derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento, reconocido por Naciones Unidas en el año 2010[2]. Por esta Resolución se reconoce que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también al saneamiento, es un derecho humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los derechos humanos. El acceso debe ser a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y mantener la salud básica, con especial atención a los más vulnerables. Son justamente los sectores que hoy sufren carencias en materia de agua, quienes no deben ser confundidos y se los lleve a creer que la privatización mejorará su situación. 

No es cierto que en manos privadas el servicio es más eficiente. Salta lo probó y no fue así. La empresa fue privatizada en 1998 y generó un inmediato incremento de la tarifa en un 20%, lo que fue considerado un “tarifazo criminal”[3]. Recuerdo la campaña del año 2007, cuando recorríamos los barrios y los vecinos, indignados, nos abrían las puertas de sus viviendas en la ciudad, abrían las canillas para mostrarnos el agua turbia que emanaba de ellas. Recuerdo que la empresa estaba lista para rematar las viviendas de quienes no podían  abonar las facturas,  y que reducía el caudal del agua en las viviendas de quienes estaban en mora en el pago, aunque la mora fuera imputable al propio Estado. Esto es lo que sucede cuando el ánimo de lucro se introduce en el acceso a un derecho humano. 

 En el año 2009 la empresa fue rescatada por el gobierno provincial. Lamentablemente, la falta de controles se hicieron evidentes en la investigación y denuncia de la AFIP, que la justicia de Salta y la Auditoría General analizan a paso de tortuga: sobreprecios y retornos para enriquecer el bolsillo de unos cuantos, desde afuera el empresario Huergo, desde adentro quienes hoy llevan a la empresa a la quiebra. 

La lógica del mercado es la búsqueda de rentabilidad, y hoy en día resulta obsceno el enriquecerse con el servicio del agua, esencial para la vida y la salud. La privatización importaría un inmediato aumento de la tarifa porque debería adicionarse un plus equivalente a la rentabilidad del concesionario, así como otros impuestos, ello a costa de los ya castigados bolsillos de los salteños. 

En el mundo post pandemia, el acceso al agua potable y al saneamiento serán esenciales. Es la vacuna más efectiva contra los virus. Además de ser un hecho comprobado que el agua sucia y un saneamiento deficiente son la segunda mayor causa de muerte infantil en el mundo[4]. Lamentablemente también en nuestra Provincia. 

Sostiene el profesor Ferrajoli que el agua y los alimentos básicos son, por un lado, bienes naturales y comunes, porque se encuentran en la naturaleza y debe tutelarse su conservación y reproducción. Por otro lado, su prestación y su distribución son artificiales y sociales y deben confiarse necesariamente a la esfera pública. Es por ello que las constituciones deben reconocer al agua como bien fundamental cuyo acceso debe ser garantizado a todos, y por lo tanto, el agua debe sustraerse a la disponibilidad tanto de la política como del mercado. La Constitución debe proteger al agua como bien indisponible e inviolable[5]. 

El reconocimiento del derecho al agua potable y al saneamiento como corolario del derecho a la vida, importa obligaciones a cargo del Estado: 1) a brindar acceso suficiente y continuo,  2) saludable, 3) aceptable, 4) físicamente accesible y 5) asequible. 

1)   Acceso suficiente y continuo, en los términos de la Organización Mundial de la Salud, significa que se requieren entre 50 a 70 litros por persona y por día para cubrir necesidades personales de consumo y de higiene. 

2)   El agua debe ser saludable, para ello la Organización Mundial de la Salud publica guías para la calidad de agua potable.

3)    Aceptable, significa de color, olor y sabor agradables.

4)    Físicamente, accesible se refiere al hogar, el trabajo, las instituciones de la salud, las escuelas. Se acaba de decidir que las escuelas que no cuenten con acceso al agua potable no podrán ser reabiertas en el país.

5)   Finalmente, la asequibilidad significa que el coste del agua, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. 

El agua potable se ha convertido en un bien escaso tanto por la deforestación, como por las contaminaciones de manantiales, ríos y acuíferos provocadas por falta de tratamiento de residuos urbanos e industriales. También por las privatizaciones de recursos hídricos cuando son reducidos a bienes patrimoniales[6]. 

Esta situación de escasez y de necesidad vital, genera la necesidad de sustraer el agua de la ley del mercado. Para ello tiene que estar garantizada por la esfera pública como bien fundamental, y su acceso debe estar sometido a un triple estatuto:

1.- La obligación de la distribución gratuita en la medida necesaria para los mínimos vitales señalados por la OMS.

2.- La prohibición de sus destrucciones, contaminaciones y de los derroches.

3.- El gravamen fiscal con un criterio progresivo de los consumos que excedan del límite mínimo, pero que siempre deben ser inferiores al límite máximo[7].

Si hoy la prestación del servicio de agua potable y saneamiento no es satisfactoria, como bien lo describe una nota de El Tribuno de ayer sobre una encuesta en los barrios populares, es porque el Estado está fallando. En mi criterio, la falla fundamental está en los controles. Hoy no se sanciona a  quienes defraudan a la población, abusando de su posición a favor de sus mezquinos intereses, en detrimento del acceso al agua potable y al saneamiento por los sectores desaventajados. La corrupción en este ámbito debe ser considerada un crimen contra la humanidad, es un crimen contra la vida misma. En Salta, el Gobernador controla tanto la Auditoría General, como el Ente Regulador de los Servicios Públicos, y los órganos de defensa de usuarios y consumidores. Estas instituciones necesitan ser independientes de la política partidista y del mercado.  

Si hoy estamos frente a una propuesta de reforma constitucional, no debemos equivocar el diagnóstico. Debemos tener muy claro cuáles son los problemas para definir qué es lo que podemos hacer para resolverlos[8]. En mi criterio, el problema más grave en nuestra Provincia es la desigualdad en el acceso a los bienes sociales. Debemos preguntarnos cuáles son las causas de sufrimiento de la población, para poder actuar una reforma transformadora en beneficio de  la ciudadanía y no reducir el debate a un mezquino reparto de cargos políticos.  

La reforma constitucional debe declarar expresamente que toda persona tiene derecho al agua, al saneamiento, a la energía, a las telecomunicaciones, al acceso a internet y a la alimentación básica. Que el agua es un bien fundamental, que está fuera del mercado, y su goce y acceso debe ser asegurado a todos los ciudadanos en forma universal y equitativa.  No debe ser sujeta a concesión ni privatización, y el control de las prestaciones debe estar fuertemente protegido por instituciones independientes de la política y del mercado. 

Hasta la próxima

 
[1] Disponible en: cuartopodersalta.com.ar  28-06-20 “Crónica de una privatización planificada”.
[2] Resolución 64/292, Asamblea General de Naciones Unidas.
[3] cuartopodersalta.com.ar “Tercer Round: Aguas del Norte”, 05-07-20.
[4] “El agua es un derecho humano”, iagua.es
[5] Luiggi Ferrajoli (2019): Manifiesto por la igualdad. Ed. Trotta. Página 230.
[6] Ferrajoli, Luiggi, ob cit. Pág. 221.
[7] Ferrajoli, ob. Cit. Pág. 220.

[8] Roberto Gargarella: “El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes”.