Opinión07/07/2025

Tarea

La que empezó hoy puede ser una semana difícil para el presidente Javier Milei. Urgido a avanzar en la toma de decisiones desregulatorias, por el fin de la delegación de facultades, también deberá enfrentar las consecuencias de su limitada capacidad de negociación política.

El Senado de la Nación se prepara para tratar proyectos de ley que tienen media sanción de Diputados, que pueden poner en riesgo el precario superávit fiscal de las cuentas del gobierno libertario. Los de carácter previsional se encuentran entre ellos, especialmente los que van a incrementar la masa salarial del sector pasivo. 

Hay informes privados que dan cuenta que los promocionados recortes del gasto público que llevó adelante el presidente Javier Milei no mejoraron los resultados alcanzados en 2024. Pese a la reducción de las partidas de obra pública, los ajustes en subsidios económicos y en salarios del sector público, la primera mitad del 2025 cerró con un leve aumento del gasto primario total, según muestran las estimaciones de la consultora Analytica.

Sí esa en sí misma es una mala noticia, peor es que el aumento del gasto público fue  empujado por las erogaciones en jubilaciones incrementadas por el índice de inflación. En base a la información disponible sobre la evolución del gasto primario total, se precisó que se ubicó en casi dos puntos por encima del registro en términos reales en el mismo período del año anterior. Del total de 53 billones de pesos gastados, 26 billones corresponden a jubilaciones y pensiones; esto es, es prácticamente la mitad del total. A poco de asumir, el mandatario nacional le puso la firma a un DNU derogando la ley de ajuste previsional de Alberto Fernández  y atando la fórmula de indexación al IPC desde abril de 2024. Para evitar el desequilibrio de las cuentas, compensó el aumento de los haberes de los jubilados con fuertes recortes en otras áreas , incluyendo los programas sociales. 

Nada fue suficiente y los resultados no favorecieron a nadie. El defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, reclamó la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores, destacando que el Estado "tiene que garantizar comida, medicamentos y techo".

Con el mismo diagnóstico que llevó a que la Cámara baja del Congreso de la Nación aprobara un proyecto de ley  disponiendo un aumento de un poco más de 7% de los haberes mensuales de los jubilados y un incremento del bono que perciben los que cobran la mínima, el defensor Semino aseguró que buena parte de los viejos corren riesgo de vida. Al poner en cifras el aumento que se aplica por mes y que progresivamente licúa los ingresos de quienes ya no tienen tiempo ni fuerzas para mejorarlos, explicó que ni siquiera cubren el costo de un café.  

El reclamo del sector por una impostergable mejora no será, necesariamente, lo primero que se resuelva. Es parte de un conjunto de legítimas demandas, que tienen la misma urgencia como  la Emergencia en Discapacidad y similar decisión para evitar que sucumba la red de salud pediátrica nacional. Con la misma trascendencia se debe resguardar a la ciencia y al conocimiento que son los que realmente van a asegurar la libertad e independencia nacional.

No se debe elegir unos y descartar otros propósitos. El superávit fiscal es imprescindible y tan valioso como la calidad de la vida humana. Es tarea de los gobernantes que todo ocurra simultáneamente.

Salta, 07 de julio de 2025

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