Acompañamiento
La política salteña está convocada a una importante tarea en defensa de los intereses de la provincia. Frente a un modelo de administración que refuerza el centralismo a costa de un interior heterogéneo, cada sector debe sentar posición sobre avances reales y al margen de definiciones discursivas.
La decisión del gobierno de Javier Milei de no acordar con los gobernadores un nuevo mecanismo de distribución de parte de la recaudación impositiva ha obligado a los 24 distritos a recurrir al Congreso como espacio de negociación. Desde diciembre de 2023, el actual es el punto más alto de tensión entre los dos niveles de gobierno y sucede a un año de aquel en el que, por el contrario, se había logrado el mayor acercamiento a través de la llamada Acta de Mayo.
En un año y medio de convivencia democrática, es el gobernador de Salta uno de los mandatarios que hizo la mayor demostración de acercamiento al gobierno de La Libertad Avanza. Ratificó así un estilo del que hizo gala desde 2015, cuando asumió la intendencia de la Capital y abrió canales de relación directa con el gobierno de Mauricio Macri. Su origen peronista no le impidió un diálogo franco con un sector de otra raigambre partidaria.
La irrupción de un gobierno de un cuño ideológico absolutamente opuesto no debilitó la actitud acuerdista de Gustavo Sáenz. La cosecha obtenida de su aporte a la gobernabilidad en medio de una fuerte crisis económica y social no fue muy generosa y dejó abierto el interrogante si Salta está tolerando el destrato libertario o si, efectivamente, las consecuencias negativas hubiesen sido mayores en materia de obras y asistencia financiera.
Cabe apreciar que en la Provincia gobierna un conglomerado de partidos y agrupaciones que van por detrás de la conducción de Sáenz, que suma a su armado político a instituciones económicas y sociales. Esa alianza es resultado de la crisis nacional de los partidos políticos, que se expresa en la ausencia de estructuras sólidas en todo el territorio. Partidos como el Justicialista o la Unión Cívica Radical han eclosionado y sus fragmentos tratan infructuosamente de unirse solo frente a procesos electorales.
El resultado es que los gobiernos de provincias dependen de dirigentes con habilidad para la negociación, talento que sirve a la hora de conservar el poder en su distrito, mediante el sistema de premios y castigos. También les asegura la libertad de acción en el armado de acuerdos regionales o nacionales, configurando una diplomacia provincial que cubre el vacío de posicionamientos doctrinarios y va por el camino de la conveniencia.
En ese marco debe inscribirse la actitud del gobernador salteño que en estas horas trata de resolver los graves problemas de carácter fiscal por la caída de recursos, que lo obliga a buscar alternativas de financiamiento al desarrollo provincial, sin que sus movimientos rompan ningún acuerdo que fortalezca su posición. Ello explica su participación en la reunión de gobernadores que resolvió llevar al Senado la iniciativa de convertir en coparticipables fondos que administra la Nación, cerrando una mesa de negociaciones con el Ejecutivo. Pero también da sustento a sus negociaciones unilaterales con funcionarios de peso indiscutible en el gobierno de Javier Milei.
Se escuda en la bandera del federalismo que se construye con diálogo y consenso, según sus propias expresiones. Es un mensaje reiterado que no ha logrado un acompañamiento manifiesto de fuerzas políticas y sociales provinciales.
Son las que deben entender que el principio ideológico de Gustavo Sáenz es el diálogo, aún cuando no comulgue con un proceso que “tiende a dejar la Argentina estructuralmente pobre”, como se declara desde su propio gabinete.
El acompañamiento es la construcción pendiente.
Salta, 08 de julio de 2025
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