Control
Un incipiente debate sobre el control público se está insinuando en Salta. Algunos especialistas y pocos referentes de la política suelen poner atención en esta cuestión y generalmente es a raíz de algún hecho puntual que dispara las consideraciones.
Se trata de una herramienta esencial para supervisar la gestión de la administración pública, desde distintos aspectos. Según la organización institucional de los distintos niveles del Estado es la forma que adopta el control, que se lleva adelante a través de variados sistemas que buscan, también, diferentes objetivos. Algunos de ellos son los que la ciudadanía reconoce, aunque sin mayor profundidad, como es el propósito de evitar la corrupción asegurando la transparencia en las acciones de gobierno.
Pero también el control público apunta a garantizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos a fin que efectivamente se optimice su rendimiento. Además, debe asegurar la equidad de la gestión pública evitando discriminación según sectores poblacionales. Esto es lo que generalmente advierte el ciudadano para reconocer la necesidad de un control público que opere cumpliendo el mandato dado por normas constitucionales y leyes reglamentarias.
Sin embargo, muchas acciones están demostrando que se trata de sistemas que no funcionan debidamente. Sólo para citar algunos episodios resonantes debe señalarse la situación de una ex Presidente de la Nación, que cumple prisión domiciliaria por uno de los muchos casos de corrupción e incumplimiento de deberes que son objeto de procesos judiciales actualmente. También debe sumarse la trama que envuelve a un organismo como la Agencia Nacional de la Discapacidad, que provocó una crisis social en un grupo muy vulnerable al que la actual administración libertaria le quitó todos los recursos por sospechas de irregularidades heredadas de anteriores gestiones. Sin embargo, se develó una matriz de corrupción que absorbió a sus propios funcionarios.
Está demostrado que los mecanismos para llevar adelante la tarea de control tienen fallas notorias. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación lleva más de un año con anomalías en su funcionamiento al no tener integrado su cuerpo de auditores. Cada cámara del Congreso debe nombrar tres miembros y la puja política por ocupar esa representación sigue demorando su normalización. Las nominaciones han caído en el marco de las actuales negociaciones encaradas por el Ejecutivo nacional para lograr el control del Parlamento; otra anomalía, sin dudas.
En la Provincia, el último episodio de repercusión pública fue el estreno de la reformada Constitución, que determina la participación de la oposición en el colegio de auditores del organismo de control público externo. En la primera designación bajo ese paraguas, se hizo caso omiso de esa limitación por el ejercicio de lo que la política llama borocotización.
En el ámbito municipal capitalino, la designación de dos miembros del Tribunal de Cuentas puso el tema del control público en el tapete. En la sesión del Concejo Deliberante en el que se dio acuerdo a uno de ellos, se advirtió la cercanía personal de uno de los postulados con el titular del Ejecutivo, objetivo del control. No fue impedimento para que se apruebe su nominación.
El apego estricto a la normativa es el único camino para evitar los desvíos y la tolerancia de los mismos. Hay que destacar que no solo se controlan las cuentas sino también las decisiones que pueden lesionar el interés general a favor de unos pocos.
Salta, 27 de noviembre de 2025
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