Efectivamente, la semana pasada se anunció que desde este miércoles queda disponible para sus beneficiarios el llamado incentivo docente. Desde el jueves, primer día del segundo mes del año y hasta el 3, quedará saldado el pago de haberes de febrero a los distintos sectores de la administración centralizada y descentralizada.

No solo se cumple con la efectivización de los salarios sino también se aplican incrementos pactados días pasados, en negociaciones colectivas correspondientes a 2023. Ese hecho, del que fueron protagonistas todos los gremios del sector público, significó el fin de una política salarial que el gobernador Gustavo Sáenz trató de sostener en su primer mandato, que es de disponer los ajustes por inflación.

La continuidad de las paritarias está asegurada desde este mes pero también deberá considerarse el punto de partida que marcó el Ejecutivo. Cualquier negociación deberá ajustarse a la disponibilidad de recursos, atento a que es objetivo sostener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

Es  una meta que demandará un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que la actual situación fiscal y financiera nacional está impactando en la provincial. No solo se trata de administrar con la prórroga de un presupuesto aprobado en 2022 para el ejercicio 2023 sino que hubo decisiones adoptadas en el último trimestre del año pasado que se reflejan en menores ingresos.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con datos del Indec y de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en enero las provincias perdieron casi 300 mil millones de pesos en ingresos por coparticipación. Es consecuencia de la eliminación de los aportes por Ganancias de la cuarta categoría de trabajadores. La caída de esos ingresos afectó a Salta, en el primer mes del año, de manera severa. Los casi 80 mil millones de pesos que les fueron girados representan una reducción del 12,4% respecto de lo percibido en el mismo mes del  año anterior.

Quien ya puso una voz de alerta sobre lo que puede suceder desde febrero fue el presidente del Foro de Intendentes de Salta, Daniel Moreno. Los municipios repiten en su administración la dependencia de fondos coparticipables y de apoyos discrecionales del Ejecutivo Provincial -como la que la provincia tiene con la Nación-,  que resiente la autonomía que les reconoce la Constitución. Precisamente, la negociación salarial muestra que los intendentes deben asegurarse una asistencia extraordinaria para evitar la discriminación que denuncian los empleados respecto del trato que reciben en esa materia.

Suman la preocupación por la interrupción de obras, que venían siendo financiadas con recursos nacionales. Una gran incógnita está surgiendo de la negociación del  Impuesto PAIS, que concurre al desarrollo de la infraestructura urbana y que puede despejarse con la aprobación de la ley de Bases.

En este escenario, la prudencia, la moderación y la razonabilidad serán virtudes que deberán exigirse a los gobiernos de todos los niveles.

Salta, 31 de febrero de 2024