Puja
El proyecto, dado a conocer por los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, propone metas y políticas generales para un área fundamental de gobierno; en especial, establece un incremento de la inversión del 6 al 8% del Producto Bruto Interno. Su distribución demanda un gran acuerdo político, que compromete al gobierno central y a las provincias, las que son responsables de la educación en sus respectivos distritos.
La propuesta integra y profundiza una serie de medidas que están vigentes, mejorando lo que se logró luego que en 2005 se promulgara la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que fue la que marcó un hito en el sistema educativo argentino al plantear el objetivo de un presupuesto equivalente al 6% del PBI en el período 2006-2010. De esa norma se desprendieron otras, atendiendo a la disponibilidad de recursos que generaba. Su principal mérito fue que permitió igualar el presupuesto destinado a educación en provincias con ingresos muy distintos entre sí, en un esfuerzo aun no consolidado de reducir las brechas de inequidad educativa y desigualdad social que caracterizan al país. Es que, aun garantizando el pago de salarios con un mínimo nacional y los 180 días de clases –meta ampliada ahora a 190- la diferencia entre provincias sigue existiendo.
A quince años de vigencia de esa ley fueron cubriéndose algunos propósitos como el de incluir en el nivel inicial al 100% de la población de 5 años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres y cuatro años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos. También se impuso un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria para todos los niños y jóvenes, además de asegurar la inclusión de aquellos con necesidades educativas especiales. Aún se está lejos, especialmente en provincias como Salta, de lograr como mínimo que el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de jornada extendida o completa.
Son asignaturas pendientes la universalización del nivel medio, la erradicación del analfabetismo y la producción de las transformaciones pedagógicas que posibiliten mejorar la calidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades. Otro tanto ocurre con la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, la extensión de la enseñanza de una segunda lengua y la profundización de la vinculación de la educación con la producción y el trabajo. También el fortalecimiento y la mejora de la calidad de la formación docente es una cuestión que no se resolvió a casi dos décadas de que se buscara incrementar el presupuesto que se asigna a la educación.
Con el proyecto que se presentara el pasado martes se insiste en estos objetivos y se levanta la vara en muchos de ellos. En trazos gruesos se puede destacar que para la educación obligatoria, la iniciativa establece un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase, asegurando un mínimo de 25 horas semanales para el nivel primario como así también la incorporación del dictado obligatorio de robótica y programación en el nivel secundario y el desarrollo de prácticas formativas, que sirvan para futuros desempeños laborales. La universalización en el nivel inicial de las salas de 3, 4 y 5 años y el inicio de los procesos de cobertura para la de 2 años, en un extremo y la ampliación de la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país, en el otro, son algunas de las propuestas que se conocieron.
Los anuncios se precipitaron en el marco de una campaña electoral, lo que lleva a pensar que el debate será entre candidatos y no entre las fuerzas sociales que tienen mucho para decir sobre educación. Es otro movimiento reactivo de un gobierno obligado a responder provocaciones en una puja que busca, por ahora, ganar una elección.
Salta, 13 de septiembre de 2023