Nacionalización

Luego de la última reunión de la mesa de litio quedó en claro, por el lado de las provincias, que se deben establecer mecanismos para que las empresas productoras de litio asignen un porcentaje de la producción para la industrialización y el agregado de valor en la Argentina, particularmente en las provincias productoras. Apuntan a una ley de pocos artículos que esté redactada para el próximo encuentro de la Mesa del Litio en abril. 

En ese punto no hay una concurrencia exacta de objetivos entre lo que están buscando Salta, Jujuy y Catamarca y lo que la Nación está pergeñando. En la última reunión  de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, el ministro del Interior Eduardo de Pedro, vinculó el ejercicio de la soberanía con la explotación de este mineral. Exhortó a tener una visión estratégica al analizar cómo se diseña una cadena de valor de proveedores para que el trabajo quede en el área de producción y cómo agregar valor para que lo que se exporte provenga de mano de obra propia y no se exporten simplemente recursos naturales. Los mandatarios, en tanto, priorizan  mejorar ingresos en una porción del territorio que no tiene los mismos niveles de desarrollo que la zona central del país.

En esta postura hay un principio de acuerdo en torno de instrumentar cupos para asignar un porcentaje de entre 5 y 20 por ciento de lo extraído para la industrialización dentro del territorio nacional. Otro punto convenido es elevar el techo de 3 por ciento a las regalías que cobran por la explotación de sus recursos de litio en suelo provincial. En ambos casos se pretende debatir con las empresas, dándoles certezas que no se cambiarán las reglas de juego. 

La tarea a la que está sumándose la Nación es más amplia y anuncia que se está preparando la ley nacional de industrialización del litio en la Argentina. Se monta sobre tres pilares centrales, sobre lo que están trabajando las provincias: cupo para la producción manufacturera, regalías y un fideicomiso, para promover inversiones y a la vez apostar por proyectos nacionales. Además, se determinan incentivos económicos o impositivos para el desarrollo del litio. Entre esos "beneficios económicos" se menciona rebajas impositivas, incentivos de radicación de empresas y préstamos especiales para la industrialización del litio y la fabricación de baterías.

Son puntos claros y coincidentes en la mayoría de sus aspectos y no debieran suponerse mayores disidencias: Pero las hay y dejan flotando la pretensión de nacionalizar la producción y comercialización del litio aun con el compromiso de ratificar lo que indica la propia Constitución Nacional, en orden a la propiedad en cabeza de las provincias de todos los recursos del suelo y subsuelo.

En boca del Ministro de Ciencia y Tecnología se pone la insistencia en dar intervención al gobierno nacional en el manejo de esta producción. La ley en elaboración debe garantizar los derechos de las provincias sobre los recursos, fijar reglas claras y homogéneas a nivel nacional para garantizar las inversiones y resguardar el interés del estado, dijo Daniel Filmus, quien subrayó que su cartera junto a YPF Litio trabajan en lograr que se agregue valor hasta la fabricación de baterías en la Argentina. 

En la periferia de esta puja queda el reclamo permanente de las poblaciones mineras, que pretenden no ser excluidas del trabajo que genera la actividad. Puede ser otro foco de conflicto en una provincia ocupada en un proceso electoral que aún no prendió en la sociedad ni está en una etapa de propuestas.

Salta, 20 de marzo de 2023