En la última sesión del año pasado, el Concejo aprobó el presupuesto de gastos y recursos para 2023 y la Ordenanza Tributaria disponiendo un incremento del 77% de la Unidad Tributaria y autorizando un ajuste de hasta el 30% en julio. Esta última norma contenía el huevo de la serpiente porque también faculta al Departamento Ejecutivo a que modifique categorías de barrios cuando existan variaciones en los servicios que presta el Municipio y que se aplica en la Tasa General de Inmuebles.

El ajuste de la Unidad Tributaria junto a esa recategorización significó en no pocos casos un aumento por encima del 500% y más, lo que se está tratando de determinar en base a un pedido de informes que le fuera girado a la Agencia de Recaudación Municipal. Según pudo determinarse son 95 los barrios que ascendieron a la Categoría 4 y están impactados no menos de 21 mil inmuebles de distintas zonas de la Capital, con aumentos exhorbitantes.

La medida está contenida en una resolución fechada el 2 de enero pasado, a poco de sancionarse la Ordenanza que contiene como eventual la autorización a recategorizar, según el Ejecutivo vaya mejorando la prestación de sus servicios. Es que en los informes que acompañaron la remisión de los proyectos no se señaló que la decisión en ese orden ya estaba tomada y solo debía formalizarse.

La información retaceada llevó a que el debate se centrara en otros aspectos, como la partida de publicidad y propaganda durante este año, que alcanza una cifra de 800 millones de pesos, cuando para obra pública se dispone de menos de 700 millones y para semaforización, de unos 65 millones. Desde la oposición se habló de mala fe, ya que se echó mano a una redacción confusa de la norma para ocultar, por ejemplo, que se había eliminado la obligación de remitir al Concejo el informe trimestral de gastos. También se había introducido solapadamente la autorización para la toma de créditos.

Cinco votos en contra en esa oportunidad se convirtieron en unanimidad en la sesión de este miércoles al momento de aprobar el pedido de informes y una resolución disponiendo la suspensión de la recategorización y del cobro de los valores resultantes hasta que se analicen los criterios aplicados para disponer tal medida, habida cuenta que no se sabe de mejoras en la mayoría de los barrios afectados.

La iniciativa aprobada surgió de la bancada saencista, que advirtió sobre la posibilidad de la judicialización si así lo amerita la respuesta que se aguarda de la Intendencia en manos de Bettina Romero, ocupada ahora en lograr la reelección. El titular del bloque Salta nos Une, José García –quien anunció su acompañamiento a la candidatura de Emiliano Durand- tachó de falta de respeto lo actuado por el gobierno municipal habida cuenta que alcanza a barrios populares, que carecen de servicios esenciales porque sus habitantes no tienen títulos de propiedad.

Desde la oposición se resaltó la voracidad fiscal expuesta con esta medida, por lo que la concejal Paula Benavides demandó el acompañamiento de todos para poner un freno a la vorágine recaudatoria.

A todas luces no es momento para cargar sobre el contribuyente el peso de un gasto público, que suele expandirse en años electorales. Quizás se está a tiempo de revertir ese exceso.

Salta, 09 de marzo de 2023