Como el agua, esencial para la vida, lo es un medio ambiente sano en el cual desarrollarse el individuo, también lo es el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda digna, a asociarse, a participar en política, a transitar, a educarse etc etc etc

El ser humano lleva inherente a su condición de tal una serie de derechos y garantías constitucionales que lo honran, lo enaltecen. Así como el agua, lo es también el derecho y la garantía a la libertad de expresión.

La libertad de expresarse hace al hombre libre, y así también, a las sociedades. Cuando se afecta la libertad de expresión, sea de donde sea, se afecta la posibilidad de que una persona conozca, sepa, se informe, para luego tomar decisiones. El saber es poder, y si esa posibilidad de saber, de discernir, de conocer, de escuchar se afecta, la vulneración es hacia la sociedad toda. Es que se le impide a esta comunidad desenvolverse en libertad. Se vulnera el derecho a acceder a conocimientos, ideas disímiles, incluso el derecho a discrepar con esas ideas. Se conculca el derecho individual de acceder a otras miradas que podrían enriquecer o no, pero a las que se tiene derecho a acceder. Se afecta el derecho a pensar.

Imagínese usted que pretendan digitar el pensamiento. Algo inaceptable, y mucho menos con los avances legislativos a nivel internacional tras la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es que, si rememoramos, podemos destacar las violaciones del franquismo, nacismo y demás movimientos autoritarios, donde pensar distinto valía la vida misma. Desde entonces, con el surgimiento de Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros tantos organismos internacionales, la Libertad de Expresión es eje esencial de la vida libre y en democracia. 

Afectar la libertad de expresión atenta contra el desenvolvimiento de una Democracia sana, garantista de estos derechos inherentes al hombre y a la sociedad. 

Más grave es la cuestión cuando el que vulnera la libertad de pensamiento es un funcionario público, ya que según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Gellman, el control de constitucionalidad no se limita sólo a los jueces, sino que se extiende y de manera obligada a los funcionarios públicos.

¿Qué es el control de constitucionalidad? Es la obligación que tienen los jueces en la le argentina de controlar que toda norma no sea contraria a la letra constitucional ni colinde con derechos o garantías resguardados por ella. Esto es una obligación, y luego del fallo Gellman, esta obligación se extiende a todo funcionario público.

Por lo tanto, lo que está haciendo la intendenta Betina Romero, es una desobediencia a esa obligación y más grave aún, cuando es ella quien a través de denuncias por supuestas publicaciones de fake news y campaña sucia , pretende acallar a los que piensan distinto con un bozal legal para los medios de comunicación.

La intendenta denunció amenazas y coacción por supuestas noticias falsas de su gestión, ante la Fiscalía de Ciberdelitos de la Provincia. Adjuntó como pruebas, el listado de más de cien medios de comunicación o portales de web con publicaciones pautadas en su contra. Pero además, revela en la denuncia una serie de nombres que serían los responsables de esas denuncias. 

Así pues, si esto fuera certero, los medios y sus responsables deberán dar las explicaciones del caso, porque no es tan fácil publicar noticias falsas, ya que los medios se cuidan mucho de afectar la honra de la gente. Saben que luego vendrá la notificación de un juicio. Así que tamaño trabajo tendrá el abogado de la intendenta Romero, para demostrar esas supuestas afectaciones y publicaciones falsas. 

Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, como lo establece el sistema internacional de Derechos Humanos. 

El ejercicio de la libertad de expresión, como el de la libertad de prensa, fortecen a la Democracia. Estos derechos y garantías, permiten a la sociedad controlar a los funcionarios públicos, hayan o no hayan sido elegidos por el voto popular, ya que cualquier desvío de fondos públicos, como falta a las garantías individuales por ellos impulsados, es un delito contra el ciudadano y la comunidad. Mientras más conocimientos se tengan, y cargos altos ocupen, mayor será la responsabilidad de resguardar a las personas. Mayor la puesta en el escrutinio público que viene ligado a su rol social.

Lo que hace Betina Romero, de intentar acallar a los medios señalados, se trata de una falta grave en su comportamiento como funcionaria pública y más aún cuando ella misma impulsa esta censura previa. Es un año electoral, y aquellos políticos acostumbrados al vale todo, ponen todas las cartas sobre la mesa. Sin embargo, la gente no es ajena y dará su veredicto a través del voto.

Las democracias se consolidan con el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa, porque son las que garantizan a los ciudadanos recibir, difundir, acceder y buscar información. El conocer, el saber, el poder discernir son derechos cuyo ejercicio hacen al hombre libre, independiente, permite formar criterio propio, construir la opinión personal, comparar, disentir, acordar, siempre desde la libertad. Una sociedad sin pleno acceso a la información, es una sociedad oprimida. 

Quizás la intendenta Romero debería abocarse a trabajar por lo salteños, mejorar su calidad de vida día a día, y hacer mea culpa en los errores o incapacidades de su gestión, para poder bregar con el ejemplo, y no con el sable del bozal legal. Tan, tan demodé. Inaceptable que un funcionario público atente contra la libre expresión, por el contrario, debe fomentarla, garantirla, ejercerla y dejarla ejercer, sino estamos ante un totalitarismo encubierto. Estamos ante un lobo con piel de cordero.