Una ardua tarea espera a los gobernantes de toda la provincia. El cuadro trazado por el Gobernador en su mensaje a la Asamblea Legislativa anticipa un año de gestión que apunta a superar escollos tan solo para mantener el nivel de crecimiento alcanzado. La convocatoria a un trabajo conjunto entre todos los sectores fue insoslayable.
Seguridad
Con doce expedientes contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia en carpeta, ha comenzado a trabajar la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. No solo por la naturaleza de la tarea sino por su impacto en el sistema institucional se justifica la atención que ha despertado esta circunstancia.
Opinión 26/01/2023El Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para habilitar el tratamiento de un pedido de juicio político al presidente Horacio Rosatti y a los tres miembros del Supremo Tribunal, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones. Este período se inició el lunes pasado y hasta el momento hubo un solo movimiento, una reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que a duras penas consiguió quórum, confirmando que –en realidad- el interés del oficialismo se centra en una reforma judicial sobre la que no se nota un consenso social, y tampoco tiene el consenso político necesario.
Y no se trata de un tema ajeno al interés general. Cualquier decisión que impacte sobre el sistema institucional debe importar y mucho más aquello que tiene una expresión concreta en la realidad socioeconómica. Así lo advirtió un grupo de 500 empresarios y profesionales que días pasados envió una carta abierta a la Comisión pidiendo que se desista del intento de ese juicio político.
En un párrafo relevante, señaló que “El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de los argentinos”. Además de considerar que el cuestionamiento a los fallos no es causa prevista en la Constitución Nacional, que es un desatino institucional, este grupo opinó que expone a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.
En Salta también hubo advertencias desde el sector empresario en ese sentido. Lo que parecía una puja de intereses sectoriales por espacios de poder político, es un riesgo que reduce “la posibilidad de demostrarle a los inversionistas que en el país se pueden hacer bien las cosas”, como señaló el dirigente industrialista Juan José Soler, presidente de una de las cerámicas más importantes de la Provincia, quien lamentó “el nuevo clima de inseguridad jurídica” generado por el requerimiento del Ejecutivo en contra de la cabeza del Poder Judicial.
Se necesita prudencia política señaló desde el ámbito académico Omar Carranza, catedrático y abogado constitucionalista. Es la conducta para garantizar seguridad jurídica, un principio que da previsibilidad al capital, que necesita reglas de juego claras, certeras y estables. Si no puede establecer cómo será su recupero, son escasas o inexistentes las posibilidades de invertir. Un país sin seguridad jurídica tiene costos altos y ello incluye a los créditos que las empresas necesitan para desarrollarse.
En el plano político hay un frente internacional que también ve con preocupación la conflictividad planteada entre dos poderes, por iniciativa del Ejecutivo. Luego que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomara conocimiento del informe oficial de la Argentina sobre la supuesta pérdida de legitimidad del Poder Judicial, desde ese ámbito, entre otras recomendaciones, se indicó al país que asegure la plena independencia de la Corte, jueces y de los fiscales.
Es importante que la sociedad atienda estas cuestiones institucionales. Es que, de alguna manera, hacen a su vida cotidiana, de la que cada uno es responsable
Salta, 26 de enero de 2023
No cierra bien la novena semana del nuevo gobierno nacional. La conducción económica dice que todo lo planeado está ocurriendo pero las provincias denuncian retrocesos significativos en sus economías. Los vínculos entre la Presidencia y los gobernadores están resentidos; con el Congreso, tampoco son buenos.
Los gobiernos y el ajuste es el tema dominante en el país. Salta no es la excepción y al mismo momento en que la Conferencia Episcopal Argentina le demandaba al Presidente de la Nación mayor atención a los problemas sociales, la Cámara de Diputados de la Provincia formalizaba sus reclamos al gobierno central.
Como en oportunidades que han quedado registradas como históricas, la realidad política argentina está demandando un diálogo profundo. En esta semana será un elemento vertebral para avanzar en decisiones que no pueden demorarse si de encarar soluciones de fondo se trata.
Entre la necesidad de transparentar el uso de ingentes recursos y el abandono de tareas sensibles por parte del Estado, se ubica la decisión de cerrar el INADI. El gobierno asegura que no se abandonará la lucha contra la discriminación, pero esencialmente se encarará desde la educación.
La crisis económica golpea a todos los argentinos, pero, hay que decirlo, castiga mucho más a los argentinos que viven lejos de los puertos y del ya bicentenario poder económico y político centralizado en la Capital Federal.
Autoridades provinciales y municipales mantuvieron un encuentro con vecinos de la zona y realizaron un relevamiento en el área.
Oficializaron el aumento de sueldo de la Policía y el Servicio Penitenciario
Además de los nuevos valores del adicional, haberes del personal retirado y asignaciones familiares.
El Gobernador junto a miembros de su gabinete se reunió con las autoridades de la Universidad Nacional de Salta.
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