Halcones y palomas

 Esta constatación coincide con resultados de estudios realizados en Países Bajos sobre observaciones sistemáticas de 225 situaciones de disturbio, en los que se concluyó que, “contrariamente a la creencia popular y las teorías tradicionales sobre el comportamiento de masas, las multitudes no forman una masa homogénea con individuos que se comportan más o menos del mismo modo”…. Concluyeron que “tampoco hay evidencias de que la gente reunida en grupos tenga una probabilidad mayor de usar la violencia que en cualquier otra circunstancia cotidiana, o que las multitudes muestren una mayor tendencia a comportarse de una manera… irracional”.
 
Frente a los graves hechos de violencia que se desarrollan en países vecinos, el estallido social en Chile de hace pocos años, los conflictos en Bolivia, las reacciones populares a la destitución del presidente de Perú con un saldo de medio centenar de muertos hasta el presente, los incidentes en Brasilia con un claro intento de golpe a la democracia, muestran una situación de fragilidad en nuestra región y, en un año electoral, conviene poner en la agenda pública la visión de los diferentes espacios políticos en materia de seguridad, especialmente en nuestro país para afrontar las protestas sociales.
 
Frente al televisor veo desfilar a pre candidatos opositores al gobierno nacional que, autodenominados “halcones”, proponen medidas drásticas, desde la irracional de demoler el edificio del emblemático Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hasta los defensores de la teoría de hacer frente a las protestas “lisa y llanamente” aplicando el Código Penal. Esto significa criminalizar la protesta e intentar aplastarla por la fuerza policial. Hoy conocemos el fracaso de esas estrategias. Solo miremos lo que sucede en Perú.
 
Sin dudas las acciones de protesta en espacios públicos resultan muy conflictivas en países como el nuestro, con altos niveles de exclusión social. Frente al corte de calles y rutas, el acampe y otras formas de protesta, se produce una colisión de derechos. Si nos quedamos con la  interpretación de que los derechos en colisión son la libertad de transitar vs. la libertad de expresión, estaremos manteniendo un cono de sombra sobre los verdaderos derechos en disputa.
 
Ninguna protesta se propone como un fin en sí misma. Siempre son por demandas concretas de falta de acceso a derechos básicos, como trabajo, salud, educación, justicia, vivienda digna, a cuya satisfacción el Estado, en todos sus niveles, debería tender a satisfacer. Desde esta óptica, parece excesiva la solución de criminalizar a aquellos que sufren las consecuencias de una política que perpetúa la exclusión.
 
Los últimos datos disponibles estiman que unos 18 millones de argentinos son pobres por ingresos. Esto es, más del 40% de los habitantes de un país que produce alimentos para el mundo. Estas cifras nos indican que los reclamos sociales continuarán.
 
Tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como la Corte Suprema de Estados Unidos consideran en sus fallos que determinados espacios públicos, principalmente plazas y calles, constituyen “foros públicos” en virtud de haber servido desde tiempo inmemorial como ámbitos de expresión crítica ciudadana. Estos espacios suelen representar, para los sectores más desventajados, el único lugar con posibilidades ciertas de ser oídos.
 
Por supuesto, existe consenso en que el ejercicio del derecho a la protesta mediante la ocupación de calles y plazas, no puede ser irrestricto y que el Estado tiene la potestad de establecer regulaciones en cuanto al tiempo, lugar y modo en que se utiliza ese espacio publico.
 
El profesor Otto Adang aconseja medidas concretas de actuación de las fuerzas policiales frente a procesos inter grupales: sugiere que es conveniente que la Policía se aproxime a las multitudes con una actitud amigable pero firme, basada en la comunicación y la negociación, por una parte, y por otra parte, que realice intervenciones tempranas frente a las transgresiones. Los datos de los estudios en que se basan las recomendaciones indicaron que un mayor  número de policías no necesariamente deriva en la ocurrencia de un menor número de incidentes. Para prevenir y en su caso, morigerar el conflicto en el espacio público, se enuncian pautas concretas de actuación policial. Así, se señala que;
 
1.- Como las multitudes están formadas por varios grupos, resulta de gran importancia práctica la INFORMACION y el  CONOCIMIENTO de las identidades sociales de los diversos grupos que integran la multitud, sus valores y estándares, sus fines y objetivos, su sentido de lo que está bien.
 
2.- Que en todas las etapas de la intervención policial debe ponerse el énfasis en el FACILITAMIENTO. Al planificar un evento, se deben identificar los fines legítimos de los miembros de la multitud, de modo de poder organizar la intervención policial de tal manera que permita alcanzar dichos fines. Por ejemplo, formular sus discursos, entregar petitorios, demandar ser recibidos por las autoridades.
 
3.- Que en el supuesto de peligro real de violencia o en caso efectiva ocurrencia de hechos de violencia, cuando la Policía se ve forzada a imponer límites a la multitud, se recomienda COMUNICAR por qué ha sido necesario imponer dichos límites, y proporcionar medios alternativos para el cumplimiento pacífico de los fines de la protesta. En situaciones conflictivas, puede ser necesario recurrir a mediadores, a personas respetadas por grupos que integran la multitud.
 
4.- Finalmente, debe DIFERENCIARSE entre la gente en virtud de lo que realmente está haciendo, antes que en base a las categorías a las cuales, supuestamente  o no, pertenece. Los funcionarios policiales deben actuar imparcialmente y sin prejuicios.
 
La violencia desde las  instituciones solo engendra más violencia social. Esta lección que los argentinos aprendimos a sangre y fuego, parece haberse olvidado entre los que llaman a tener “mano dura” frente a los excluidos que reclaman por sus  derechos.
 
Que Dios y el pueblo nos libre de los “halcones”.
Hasta la próxima