Fue la propia portavoz de la Presidencia de la Nación la que puso el tema en su justo lugar. La propuesta de temas a tratar en el lapso de un mes apunta a poner a prueba a la oposición respecto de su decisión de manejar el destino de estas sesiones con sus condicionamientos. Gabriela Cerruti dijo que el temario es lo suficientemente importante y extenso como para que la oposición entienda que el libre juego democrático y de las instituciones obliga a sentarse a debatir y “no extorsionar a la sociedad tratando los temas que a ellos les interesa".
Desde la vereda de enfrente se entiende todo lo contrario y se interpreta que el oficialismo sólo trata de impulsar, en el último año de este mandato del Frente de Todos, los temas de su exclusivo interés sectorial y hasta personal de la líder del sector, la vicepresidenta Cristina Fernández. En esa puja caen temas de interés social y algunos otros que demanda la conducción económica para ir solucionando problemas de su gestión.
En la extensa lista de temas, por ejemplo, se han incluido proyectos de ley como el que reforma la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica y los que crean el Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar y el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.
También se sumaron otros de largo tratamiento en comisiones o con media sanción de una de las dos cámaras. Se pueden mencionar la llamada “Ley de Alcohol Cero", la que reforma el INDEC y la que dispone el Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios.
El paquete dispuesto no deja afuera un tema que suele despertar adhesión social, como lo es todo lo que facilita el acceso a la educación en distintos niveles y en todo el territorio. Es el caso de los proyectos de leyes que disponen la creación de universidades nacionales, como el de las Madres de Plaza de Mayo.
Otras particularidades es que agrega iniciativas giradas al Congreso en diciembre pasado como es el caso de la que establece el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Ingresó al Senado cuando la Cámara ya estaba en virtual receso y fue girado a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, sin ningún otro movimiento hasta le fecha.
Otras esperan desde el último período ordinario con dictamen, como el proyecto que propone modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en el capítulo de Disciplina. El programa de exteriorización de capitales y la moratoria previsional esperan su oportunidad de tratamiento en este período extraordinario.
Sin embargo, el mayor peso lo tiene el paquete judicial que se integra con cuatro iniciativas. La más sobresaliente es el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte, que ingresó con 84 fojas y un anexo de más de 300 y la firma de una docena de diputados kirchneristas.
La intención expresada es la de “garantizar la supremacía de la Constitución y evitar que la vida, el honor y la fortuna de los habitantes de la Argentina, acaso, quedase sometida a la suma del poder público, es decir, el irracional gobierno de los jueces”.
El Ejecutivo agregó el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción del Senado desde de abril del año pasado y el proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente este temario abre la incógnita sobre el destino de las sesiones extraordinarias. Es un juego que excluye a una ciudadanía acosada por problemas reales que deterioran su calidad de vida.
Salta, 13 de enero de 2023
