Para el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, Gustavo Sáenz debiera ser parte de los gobernadores que, junto al Ejecutivo nacional, impulsan un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Política04/01/2023
Belén Herrera
El abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Astigueta, se refirió al juicio político que impulsan desde el gobierno nacional, junto a gobernadores, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por Aries, consideró que Salta debiera ser parte del pedido, entendiendo que se trata de “un necesario mecanismo de control de jueces porque la situación de la Corte viene arrastrando una larga lista de problemas de funcionamiento y fallos muy controversiales”, a los que se suma, ahora, la medida por la coparticipación.
“Me parece un poco desconcertante y triste que Salta no esté participando de este pedido de juicio político porque el tema es muy grave y afecta a todas las provincias”, advirtió Aguirre Astigueta. Remarcó, además, que “se ha creado un mecanismo perverso que hay que denunciar” y detalló: “Macri no puede, por decreto, afectar esos fondos y luego la Corte decir que la única forma de modificar esto es con una ley convenio. Esto es un golpe mortal contra el federalismo”.
Si bien lamentó que, “posiblemente, este juicio político no llegue a buen puerto porque no se consiguen los dos tercios, a la lucha hay que seguirla dando porque está en juego el desarrollo de nuestro interior”. “El unitarismo tiene su epicentro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, denunció.
Sobre el final, el especialista explicó que una prueba obtenida ilegalmente, como un hackeo en el caso de los chats entre jueces y funcionarios que se conocieron, tiene nula validez en un proceso penal.
“A las garantías constitucionales hay que sostenerlas en todo momento”, enfatizó aunque luego aclaró que, si se comprueban las conversaciones por otro medio, “claramente, puede usarse ese chat ilegal, no para fundar la sentencia, pero como un elemento más para llegar a la conclusión”.
De todas formas, aún no está decidido si se reabrirá el Congreso y depende de las negociaciones por el Presupuesto y por la eliminación de las PASO.
Gerardo Martínez encabezó la comitiva que se reunió con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, para deliberar sobre cambios en el sistema de riesgos laborales.
La congresal del PJ salteño aseguró que, más allá de que oficialmente se apoyó a Ricardo Quintela para la presidencia del partido a nivel nacional, “se sabe que el que pierde acompaña”.
La iniciativa para eliminar las PASO y de modificación de la ley orgánica y de financiamiento de los partidos políticos había sido anunciada hace una semana por el vocero presidencial Manuel Adorni.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
La nueva propuesta reduce la superficie en verde en casi un 30%. Se distingue por incorporar un criterio de protección especial a las cuencas hidrográficas para preservar de forma más eficiente la biodiversidad.
“Es imposible competir con Bolivia” lamentó el titular de la Cámara de Comercio de Orán y apuntó contra una carga impositiva excesiva y alertó sobre la falta de control en la frontera.
El exintendente, actualmente imputado y en arresto domiciliario por el robo y contrabando de rieles, debe explicar el faltante de una millonaria suma.
La modalidad se denomina qrishing, también conocido como phishing con código QR y es un tipo de ataque cibernético que consiste en engañar a una persona para que escanee un código QR falso con su celular.
Con una inversión provincial superior a los $43.500 millones, el llamado a licitación se publicará el 28 de noviembre. Este gran proyecto “integrará 42 disciplinas y nos convertirá en referentes deportivos del NOA y NEA”, aseguró el mandatario.
La iniciativa busca garantizar igualdad en el tratamiento judicial de causas penales que puedan involucrar a legisladores, magistrados y autoridades del poder ejecutivo, con las de la ciudadanía en general.
