Coparticipación: Advierten que la decisión de la Corte “es un golpe mortal contra el federalismo”

Para el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, Gustavo Sáenz debiera ser parte de los gobernadores que, junto al Ejecutivo nacional, impulsan un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Política 04/01/2023 Belén Herrera Belén Herrera

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El abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Astigueta, se refirió al juicio político que impulsan desde el gobierno nacional, junto a gobernadores, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por Aries, consideró que Salta debiera ser parte del pedido, entendiendo que se trata de “un necesario mecanismo de control de jueces porque la situación de la Corte viene arrastrando una larga lista de problemas de funcionamiento y fallos muy controversiales”, a los que se suma, ahora, la medida por la coparticipación.

“Me parece un poco desconcertante y triste que Salta no esté participando de este pedido de juicio político porque el tema es muy grave y afecta a todas las provincias”, advirtió Aguirre Astigueta. Remarcó, además, que “se ha creado un mecanismo perverso que hay que denunciar” y detalló: “Macri no puede, por decreto, afectar esos fondos y luego la Corte decir que la única forma de modificar esto es con una ley convenio. Esto es un golpe mortal contra el federalismo”.

Si bien lamentó que, “posiblemente, este juicio político no llegue a buen puerto porque no se consiguen los dos tercios, a la lucha hay que seguirla dando porque está en juego el desarrollo de nuestro interior”. “El unitarismo tiene su epicentro en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, denunció.

corte-728x409La deuda de una reforma judicial

Sobre el final, el especialista explicó que una prueba obtenida ilegalmente, como un hackeo en el caso de los chats entre jueces y funcionarios que se conocieron, tiene nula validez en un proceso penal.

“A las garantías constitucionales hay que sostenerlas en todo momento”, enfatizó aunque luego aclaró que,  si se comprueban las conversaciones por otro medio, “claramente, puede usarse ese chat ilegal, no para fundar la sentencia, pero como un elemento más para llegar a la conclusión”.

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