Desde este jueves la Provincia tiene sancionado el presupuesto 2023. Fue el Senado el que planteó el último debate en el que se escucharon voces que marcaron las cuestiones que el esquema de gastos y recursos no está resolviendo. Más aún, sirve a un proyecto que pone en riesgo a la democracia misma.
Opinión23/12/2022
La fundamentación del miembro informante del dictamen de la mayoría no se corrió un ápice del discurso del Poder Ejecutivo. El senador Durval García repitió los datos básicos expuestos por la conducción económica que elaboró un presupuesto de 618 mil millones de pesos, cargando las tintas en su crecimiento en un 128% respecto de este año. Se elaboró previendo para 2023 un crecimiento del PBI del 2%, una inflación del 60% y un dólar a diciembre de 2023 de 269 pesos.
Todo el oficialismo que intervino en el debate exaltó obviamente el crecimiento de la partida destinada a obras públicas, que con un monto de 50 mil millones de pesos representa un incremento del 94% del de este año. Además, se puso de relieve que el presupuesto 2023 no abandona el criterio que han sostenido sucesivos gobiernos de asignar el grueso de los recursos a las tres áreas más significativas: Salud, Seguridad y Educación. Se llevan el 85% de los recursos del Ejecutivo. Se repitió el mensaje de que se trata de un presupuesto federal, que se construyó en reuniones en distintos departamentos con la participación del gobernador Gustavo Sáenz. Además, se dijo que tiene una visión de desarrollo a mediano y largo plazo, en condiciones de orden, equilibrio, previsibilidad y transparencia.
Las cifras no se discutieron ni se ahondó en que se trata de valores que se reducen a diario y que son propuestas cuya ejecución no está asegurada; de allí que haya obras que se incluyen en presupuestos consecutivos. El resultado fue una votación con un solo voto en contra.
Tampoco se puso en tela de juicio la voluntad del mandatario de direccionar los recursos según los propósitos de un proyecto que pareciera no tiene otro fin que llevar adelante obras públicas. La mirada de algunos legisladores observa la mayor disponibilidad de fondos pero como enfatizara Walter Cruz, el senador de Iruya, esos miles de millones más otros que se logren “no serán suficientes” para paliar la situación de crisis especialmente en materia estructural.
Puntualmente ese departamento tendrá mayores partidas pero seguirán las escuelas ranchos, los pluricursos que les quitan la oportunidad a los jóvenes de recibir una educación de mayor calidad y algunos niños continuarán ante el riesgo que se cierren sus aulas porque no representan un número significativo. El senador de Iruya no es opositor y votó afirmativamente el presupuesto pero advirtiendo que los salteños a los que representa no están conformes y seguirán peleando para cubrir un sinfín de necesidades que son producto de la desidia de este y de los anteriores gobiernos. No alcanza con tener objetivos comunes si se avanza por caminos diferentes, fue lo que tiró al debate sin que nadie recogiera ese guante.
También se demandó discutir las cuestiones institucionales que rodean la sanción de un presupuesto. El representante de Cachi –doce años titular del Senado en su condición de vicegobernador de Juan Carlos Romero- repudió que se haya examinado el presupuesto de manera conjunta con comisiones de diputados, dando razones a quienes cuestionan la bicameralidad. Walter Wayar pidió respeto a las instituciones para no poner en riesgo a la democracia y advirtió que en la Provincia se gobierna con emergencias, quitando sentido al presupuesto que se aprueba.
En síntesis, se demandó más política porque la obra pública no debe ser el fin sino el medio para gobernar por el bien común y el presupuesto debe demostrarlo.
Salta, 23 de diciembre de 2022
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
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