Alto voltaje electoralista en el cierre de una semana que acerca a los distintos sectores políticos a una próxima renovación del gobierno provincial. La sesión del jueves de la Cámara de Senadores fue un escenario que mostró el efecto del último encuentro de los congresales del Partido Justicialista, que no afectó la tarea legislativa. Sí le puso color.
Opinión25/11/2022
El Congreso Provincial del PJ deliberó el sábado pasado en Joaquín V. González y expresó el respaldo al gobernador Gustavo Sáenz para un nuevo mandato constitucional por el período 2023-2027. Ese no era un punto conflictivo pero permitió resolver el que planteaba dificultades, que no es otro que el de la definición de los candidatos que, de manera excepcional, quedó en manos de sus miembros en el entendimiento que representan a la totalidad de los afiliados. En realidad, representan a una cúpula que negoció en 2019 el armado del Congreso evitando elecciones internas.
Tal medida será aplicable en tanto el Justicialismo vaya solo a los comicios, algo tan improbable como que prospere cualquier recurso judicial dado la legitimidad y legalidad de la sesión del Congreso en la que se la tomó. No solo por historia y tradición frentista el PJ integrará una alianza para concurrir a los comicios en los que se renovarán autoridades provinciales, por lo que se aplicará la opción de otorgar a la Comisión de Acción Política –de manera transitoria- la facultad de armar las listas de candidatos.
Si bien algunos senadores son también congresales, fue el espacio donde se estrenó la formalización de un ordenamiento que venía ejecutándose para organizar la elección en los términos que convenga al proyecto que lidera el gobernador Gustavo Sáenz, quien es por ahora el único que tiene asegurada la postulación al cargo más encumbrado en disputa, que es precisamente el que hoy ejerce. Tres bloques reúnen a los 23 senadores y con dos relativas excepciones, todos son peronistas y la mayor parte de ellos afiliados al PJ aunque ocupen sus bancas en representación de distintos partidos.
Doce bancas serán renovadas pero no necesariamente es una reelección la que motoriza a los legisladores de la Cámara alta. Con seguridad, tampoco es la otra elección que antecederá a la de autoridades provinciales la que los moviliza. La interna del Partido Justicialista no jugará mucho porque la presidencia ya tendría dueño y el poder no radica en ella.
Estos datos sirven para identificar en el Senado cuál es la estructura peronista que representa a la alianza que gobierna la Provincia, cuál es la que presta un apoyo crítico y qué sector está dispuesto a romper la hegemonía que desde su asunción en diciembre de 2019 viene construyendo el actual gobernador. Así quedó demostrado en el debate en torno de la emergencia hídrica provincial, que ayer tuvo media sanción.
La falta de agua en todo el territorio ha movilizado a distintos sectores a buscar una salida que miembros de todas las bancadas expresaron en un proyecto de ley para agilizar la tramitación de la crisis, que el oficialismo adjudica a cuestiones climatológicas y desde otros bloques suman la ineficiencia de la gestión de gobierno, a través de una empresa de servicio que funciona mal. Las críticas se asentaron en razones demostrables pero no evitaron que se caiga en otra emergencia.
Con una campaña electoral en ciernes se advirtió que no sirve el enunciado de centenares de obras e inversiones de miles de millones de pesos frente a una realidad de carencias irrebatible. La gravedad de la falta de agua obliga a la asunción por parte del gobierno de la responsabilidad en el fracaso de la gestión del agua y a la concientización de la sociedad en torno de su consumo y cuidado.
No es un tema para ganar votos; de lo que se trata es de preservar un patrimonio que es universal.
Salta, 25 de noviembre de 2022
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
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