El Congreso Provincial del PJ deliberó el sábado pasado en Joaquín V. González y expresó el respaldo al gobernador Gustavo Sáenz para un nuevo mandato constitucional por el período 2023-2027. Ese no era un punto conflictivo pero permitió resolver el que planteaba dificultades, que no es otro que el de la definición de los candidatos que, de manera excepcional, quedó en manos de sus miembros en el entendimiento que representan a la totalidad de los afiliados. En realidad, representan a una cúpula que negoció en 2019 el armado del Congreso evitando elecciones internas.

Tal medida será aplicable en tanto el Justicialismo vaya solo a los comicios, algo tan improbable como que prospere cualquier recurso judicial dado la legitimidad y legalidad de la sesión del Congreso en la que se la tomó. No solo por historia y tradición frentista el PJ integrará una alianza para concurrir a los comicios en los que se renovarán autoridades provinciales, por lo que se aplicará la opción de otorgar a la Comisión de Acción Política –de manera transitoria- la facultad de armar las listas de candidatos.

Si bien algunos senadores son también congresales, fue el espacio donde se estrenó la formalización de un ordenamiento que venía ejecutándose para organizar la elección en los términos que convenga al proyecto que lidera el gobernador Gustavo Sáenz, quien es por ahora el único que tiene asegurada la postulación al cargo más encumbrado en disputa, que es precisamente el que hoy ejerce. Tres bloques reúnen a los 23 senadores y con dos relativas excepciones, todos son peronistas y la mayor parte de ellos afiliados al PJ aunque ocupen sus bancas en representación de distintos partidos.

Doce bancas serán renovadas pero no necesariamente es una reelección la que motoriza a los legisladores de la Cámara alta. Con seguridad, tampoco es la otra elección que antecederá a la de autoridades provinciales la que los moviliza. La interna del Partido Justicialista no jugará mucho porque la presidencia ya tendría dueño y el poder no radica en ella.  

Estos datos sirven para identificar en el Senado cuál es la estructura peronista que representa a la alianza que gobierna la Provincia, cuál es la que presta un apoyo crítico y qué sector está dispuesto a romper la hegemonía que desde su asunción en diciembre de 2019 viene construyendo el actual gobernador. Así quedó demostrado en el debate en torno de la emergencia hídrica provincial, que ayer tuvo media sanción.

La falta de agua en todo el territorio ha movilizado a distintos sectores a buscar una salida que miembros de todas las bancadas expresaron en un proyecto de ley para agilizar la tramitación de la crisis, que el oficialismo adjudica a cuestiones climatológicas y desde otros bloques suman la ineficiencia de la gestión de gobierno, a través de una empresa de servicio que funciona mal. Las críticas se asentaron en razones demostrables pero no evitaron que se caiga en otra emergencia.

Con una campaña electoral en ciernes se advirtió que no sirve el enunciado de centenares de obras e inversiones de miles de millones de pesos frente a una realidad de carencias irrebatible. La gravedad de la falta de agua obliga a la asunción por parte del gobierno de la responsabilidad en el fracaso de la gestión del agua y a la concientización de la sociedad en torno de su consumo y cuidado.

No es un tema para ganar votos; de lo que se trata es de preservar un patrimonio que es universal.

Salta, 25 de noviembre de 2022