
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


Todos los que tenemos representantes de nuestro país esperamos con ansias que la selección que nos identifica sea la ganadora, aunque no hayamos tenido un buen comienzo.
Opinión23/11/2022 Pablo Borla
Los que tenemos algunos años hemos podido comprobar en Argentina la enorme alegría y unanimidad colectiva que genera la consagración como campeón.
Es, quizás, el único momento en el no importa, por un par de días, de que partido somos, a que región del país pertenecemos o que religión profesamos.
A la par de la alegría, que comparto y avalo, el análisis nos lleva también a considerar cuál es el entorno en el que se jugará la Copa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y si dentro de las recomendaciones pedagógicas que hacen los ministerios de Educación nacionales y provinciales estará el que los alumnos de cierta edad puedan debatir acerca de él.
Los límites morales de la FIFA parecen ser tan elásticos como su billetera y si bien es cierto que el fútbol es un negocio, cabe preguntarse si el dinero, el entretenimiento y la pasión justifican todo.
El portal web INFOBAE cita que el rico país árabe -que tiene una de las dos reservas de gas más grandes del mundo- con esa espalda financiera recurrió al “pago de un soborno de 880 millones de dólares a la FIFA para quedarse con el mundial (…) con pagos a través de los derechos televisivos y el reparto de, al menos, un millón de dólares por cada uno de los votos que recibió de los representantes de las federaciones de fútbol. En ese sentido, el documental de Netflix, “FIFA Uncovered”, es contundente” sobre lo que rodeó al anuncio de su calidad sede allá por 2013”.
Un artículo publicado por el diario británico The Guardian aseguró que los cataríes gastaron casi 200 millones de dólares en su candidatura, frente a los 43 millones y los 5 millones gastados respectivamente por sus competidores Australia y Estados Unidos.
Sin embargo, no hubo suficientes pruebas sólidas de actos de corrupción que bastasen para que la FIFA retire su decisión sobre Qatar.
Su elección se hizo sin que Qatar posea ni una mínima estructura para el torneo, frente a competidores con experiencia, como los Estados Unidos. Tenían que comenzar desde cero.
Las leyes que gobiernan Qatar se muestran como una versión conservadora del Islam y aunque hay garantías constitucionales acerca de las discriminaciones, lo cierto es que también señala como base principal de su derecho a la Ley Islámica.
De sus casi 3 millones de habitantes, solo el 15% son qataríes, el resto migrantes. Sólo el 25% de la población es femenina.
Miles de esos migrantes han llegado, huyendo de la pobreza, desde países como Nepal, Bangladesh e India, para trabajar en la construcción de la infraestructura mundialista en condiciones que han sido denunciadas por Amnistía Internacional por su nivel de explotación laboral.
Los trabajadores no podían dejar su trabajo porque muchos empleadores se quedaban con sus pasaportes. Hay constancia de jornadas laborales de 12 horas, con calor extenuante, sin días de descanso durante semanas o incluso meses. Murieron unos 40 trabajadores por estos maltratos y otros 50 sufrieron graves heridas. Otros informes hablan de 36.000 damnificados.
Al margen de que su legislación contemple penas de azotes para los bebedores -un tipo de castigo que nos recuerda a los libros de historia medieval- también debemos señalar que, en un mundo que reivindica cada vez más la lucha femenina por equidad de derechos y oportunidades- es un país en el que las mujeres no tienen derecho a tomar sus propias decisiones y necesitan permiso de sus tutores para casarse, estudiar en el extranjero, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero, entre otras barbaridades que denunció Amnistía Internacional.
Por ejemplo, la joven mejicana Paola Schietekat, llegó a Qatar para trabajar en la organización de la Copa y fue víctima de una agresión. Pero, cuando fue a las autoridades para presentar la denuncia, fue acusada de “sexo extramarital”, un delito bajo la ley islámica sharía y se le impuso una condena de 7 años de prisión y 100 latigazos. Eso sí, podía evitar esa pena si se casaba con su agresor.
Gracias a Humans Right Watch, Paola logró regresar a México, donde continuó su proceso en libertad y finalmente no recibirá castigo luego de que su procedimiento judicial le resultara favorable.
En cuanto a la diversidad, el presidente de la organización del Mundial, Nasser Al-Khater "la homosexualidad no estará autorizada", a pesar de que sí recibirá a la comunidad LGBTIQ+.
Las organizaciones de Derechos Humanos dicen que en Qatar aún se mantienen "leyes anti homosexuales" y que se condena a la homosexualidad con al menos cinco años de prisión
Festejemos la alegría del deporte, de la lucha, de la conquista y de la hermandad. Pero que esto no signifique ignorar las violaciones de los derechos humanos más fundamentales en algunos países organizadores, como sucedió en Argentina de 1978, con un Mundial en medio de desaparecidos, niños apropiados y consignas de argentinos “derechos y humanos”.
No todo se justifica. ni el entretenimiento y el dinero en juego puede hacernos mirar para otro lado ante realidades que duelen y que no debieran ser toleradas por su gravedad y magnitud.

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

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