La consolidación de toda autocracia, tal como ocurrió en Venezuela, comienza siempre por procurar el descredito de la justicia, para poder sustituir a quienes han accedido como en nuestro caso a esa función, con el voto de los dos tercios del Senado, vale decir un amplio acuerdo celebrado entre los diversos partidos, sustituyéndolos por serviles del gobierno.

Si, como se trata de hacer, se antepone la voluntad de una persona, a un fallo definitivo del Poder Judicial, se quiebra el ordenamiento jurídico y se derriba el andamiaje de la democracia, basado en la división de poderes.

Y ese precisamente, es el propósito de Cristina: que caiga lo que ella denomina una rémora, para así evitar su propia caída ante la inminencia del primero de los fallos condenatorios por actos de corrupción, comprobados en la causa denominada Vialidad y los que pueden luego sobrevenir, en la investigación del doloso manejo de los hoteles de la familia Kirchner.

En cuanto hace al desesperado intento de tratar de despegarse del fracaso del gobierno que ella inventó, se torna totalmente inverosímil, que mientras procura convertirse en una suerte de oposición, siga sin embargo administrando casi el setenta por ciento de los recursos del Estado, mediante la ocupación por militantes de la Cámpora, de las grandes cajas del Estado, que proveen generosamente recursos políticos, tales como Aerolíneas Argentinas, Anses o Pami entre otras.

Es que además de su complicada situación judicial, a Cristina le preocupa mucho el descalabro económico que el ministro Massa, sólo consiguió aquietar momentáneamente, pero sin alcanzar ninguna solución de fondo, ya que ni siquiera se atenuó la inflación, que se acerca peligrosamente al cien por ciento anual, ni detuvo el encarecimiento del dólar mientras que el Banco Central, cuenta escasamente con una reserva de seis mil millones, que apenas son suficientes para solventar tres meses de importaciones.

Se suma a esto, que lamentablemente, la prolongación de la sequía, habrá  de provocar una disminución de ingresos provenientes de la cosecha, en alrededor de cinco mil millones de dólares.

Por tales razones, muchos economistas, consideran improbable, que se pueda evitar una brusca devaluación del peso, lo que elevaría enormemente el índice inflacionario el año próximo. 

Es ante ese delicado estado de nuestra economía, que ahora Cristina comienza paulatinamente a tomar distancia y a restarle apoyo a Massa.

Pero el diálogo al que tardíamente, ahora invita Cristina, es en esencia, una clara muestra de debilidad política y  de su profunda preocupación por la prosecución de las causas judiciales que no pudo detener ni aún  con todos sus embates e injurias contra los jueces,  ni con los oficios de Alberto, a quien eligió para la candidatura presidencial, en el entendimiento de que él,  iba a lograr la desactivación de esos procesos, lo cual tampoco pudo.

 A todo esto, resulta muy oportuno, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, elegido recientemente en representación de la izquierda, haya dicho que rechazar a la democracia liberal, lleva a la dictadura como ha ocurrido en algunos países de América Latina. 

Estas declaraciones de Petro, sumadas a las claras manifestaciones del presidente de Chile Boric, también de izquierda, rechazando categóricamente las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, y a la posible asunción de Lula, con una  postura definidamente moderada, señalan un saludable cambio en contra de los experimentos del populismo autoritario, en el cual se inspira el kirchnerismo.

De modo tal que, un acuerdo como al que ahora tardíamente convoca Cristina, de ningún modo puede concluir en  un pacto de inmunidad que, con la excusa de buscar la paz social, pueda significar una amnistía encubierta para el periodo de mayor corrupción de nuestra historia.

Sin embargo, la administración defensora del sistema republicano, que esperamos que arribe al poder el 10 de diciembre de 2023, debe ineludiblemente, convocar a la colaboración de todos los sectores políticos que compartan sinceramente, el propósito de llevar a cabo las reformas estructurales que el país necesita y en la defensa de nuestro sistema democrático basado en la división de poderes.