Belén Herrera
Tras lanzarse el censo de aguas subterráneas, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, indicó en Día de Miércoles que el objetivo es conocer cuántas veces está pinchando el acuífero, aunque aclaró que se apunta al “consumo grosero de agua clandestina”.
En tal sentido, recordó que hace una semana vecinos de atocha reclamaban por el agua, mientras que “al lado tienen los barrios que la roban”, por lo que es necesario “ejercer el poder de policía”.
Remarcó así que el lunes se avanzó en siete barrios privados con procesos sancionatorios, en uno de los cuales, Prado Ecovillage, no les permitieron entrar. Además, destacó la responsabilidad que les cabe a los municipios ya que son quienes intervienen en el proceso de habilitación.
“El problema es que el capital va más delante de la autoridad pública”, aseveró Saravia al tiempo que cuestionó que “tenemos autoridades de los consorcios que hacen gremialismo barrial propiciando que se mantengan los privilegios”. Cuestionó así que “ellos pagan 330 al Estado provincial por hectárea por año. Es decir que la casita de cada uno, de las personas con solvencia, pagan 3, 4 pesos a la Provincia por el agua por mes”. Esto mientras en el barrio Solidaridad, “pagan 500 mil por mes”.
“Es una vergüenza”, expresó subrayando que lo que se busca es lograr la equidad.
