Un ministro que dejó más dudas que certezas en su visita informativa al Senado puso de relieve que la relación entre poderes en la Provincia no es lo suficientemente transparente ni fluida. Las cámaras legislativas tienen la obligación de control sobre el Ejecutivo, además de sancionar las leyes que ordenan la vida comunitaria y estas competencias necesitan que se habilite información precisa y oportuna, lo que no estaría sucediendo en este tiempo.
Opinión14/10/2022
En casa sesión ordinaria de los cuerpos que integran la Legislatura Provincial es una práctica corriente aprobar, bajo el paraguas del Artículo 116 de la Constitución Provincial, pedidos de informes sobre distintas materias; su análisis permite inferir que detrás de cada uno de ellos hay un problema, una zona gris o una cuestión que debe ser sometida a un análisis profundo. Dicho artículo está referido a la facultad que tienen los Ministros del Poder Ejecutivo de asistir a las sesiones de cada Cámara, con voz pero sin voto y la obligación de comparecer ante cada Cámara o sus comisiones, cuando son citados a fin de suministrar informes. Asimismo, corresponde a toda la administración centralizada, descentralizada o sociedades en las que participe la Provincia, responder por escrito los requerimientos que formulan los legisladores.
Esta tarea no viene cumpliéndose acabadamente porque son permanentes los reclamos por la falta de remisión de las respuestas en tiempo y forma, motivando reiteraciones. En distintas oportunidades se ha mencionado el elevado nivel de incumplimiento por parte del gabinete del gobernador Gustavo Sáenz o se pondera la actitud prolija de una cartera, como la de Economía y Servicios Públicos, que en comparación destaca la falta de voluntad o la intencionalidad de no reconocer una tarea que es manda constitucional. No es por capricho que se termina citando a los perezosos a dar cuenta de su gestión en determinados aspectos en el recinto o en comisión.
Prueba de ello es la insistencia con la que el senador por Cafayate trató de conocer el resultado de una auditoría efectuada en marzo último en el Hospital de esa ciudad, tras la cual se produjeron movimientos de personal, especialmente de los que integraban la línea jerárquica. Desde julio pasado se insistió cada mes en el pedido de informe y ante el silencio se citó al ministro de Salud a dependencias del Senado, presencia que se aprovechó además para abordar aspectos relacionados a la infraestructura, equipamiento y recursos humanos en hospitales y centros de salud de toda la provincia.
Sin embargo, no dio datos concretos sobre lo que inquietaba al legislador: un déficit de más de 78 millones de pesos en las cuentas del nosocomio, que tendría que ver con recursos que ingresaron y sobre cuyo destino no hay noticias. La promesa de enviar los datos este jueves e incumplir inmediatamente, puso al ministro Juan José Esteban al borde una interpelación, que se trocó por una solicitud a la Auditoría General de la Provincia a fin que informe sobre el particular.
El debate suscitado llevó a una reivindicación de la representación institucional de un senador. En más de una intervención se bajó la nota a los ministros frente a la significación del papel de quien es elegido por el pueblo, depositario de la soberanía política. Las intervenciones denotaron el relajamiento de la práctica de rendición de cuentas que pretende el legislador porque, a su vez, debe hacerlo ante una ciudadanía que aguarda respuestas o soluciones a situaciones que dejan insatisfechas su necesidades.
Si bien el propio Gobernador ha marcado públicamente la medianía de su gabinete, la opinión del Senado advierte la posibilidad que sea fuente de conflicto entre ambos poderes; ello así aun cuando el oficialismo tiene una cómoda representación en la Legislatura.
No son momentos para sostener tensiones innecesarias.
Salta, 14 de octubre de 2022
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Luego del incendio en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini, los propietarios deberán recomponer una pyme familiar con equipamiento perdido y un galpón arrasado.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
La Corte Suprema cerró la disputa por el meteorito “Chaco” y determinó que es patrimonio público, rechazando la indemnización reclamada por la empresa dueña del terreno.