Un proyecto de declaración con el propósito de resguardar el derecho a la salud de los salteños desató un importante debate en la última sesión de la Cámara de Diputados. El reconocimiento que en materia de adicciones poco o nada es lo que se está haciendo dejó en claro que es un problema que atraviesa todo el territorio y es muy complejo por su origen y sus efectos.
Opinión28/09/2022
La iniciativa llegó al recinto de la mano del diputado de Anta Héctor Orlando Escobar, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción. Proponía una solución a una situación que el legislador suponía localizada en su departamento pero resultó que es un flagelo cuya expansión y alcance exige una acción inmediata de todos los poderes públicos e instituciones que pueden hacer -desde su especialidad o vinculación- un aporte para frenar su avance.
Hay que reconocer que no es la primera vez que hay referencias a la cuestión. Precisamente en la sesión anterior expresó su preocupación un diputado de San Martín que participó de una reunión de padres de niños y jóvenes adictos. Pero en esta ocasión se avanzó a una propuesta concreta que extendió el pedido de funcionamiento de un Centro de Día de lucha contra las adicciones asociada a una comunidad terapéutica a cada Departamento de la Provincia.
Cabe recordar que está vigente la Ley 7745, cuyo objeto la organización general del conjunto de intervenciones y acciones sistemáticas llevadas a cabo por organismos gubernamentales y no gubernamentales destinadas a la prevención de las adicciones y a la asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas que las padecen. La descripción de las situaciones que se viven en distintas comunidades de la Provincia da cuenta que hay un flagrante incumplimiento de sus disposiciones; más aún, tampoco se respeta el propósito de los convencionales que le dieron una Constitución a la Provincia en el origen de su organización institucional. Desde entonces, como destacara el legislador de Ahora Patria Roque Cornejo, está vigente la manda de proteger la familia y la salud, dos aspectos que fueron objeto de consideraciones en el debate.
Partiendo que la drogadicción es un problema instalado en Salta, el análisis y los cuestionamientos revelaron que es preocupante la inacción de distintas áreas de gobierno. Las carteras de Salud y Seguridad fueron marcadas por su gran responsabilidad atendiendo a que no hay políticas públicas para enfrentar lo que se caratuló como un flagelo. No se pueden encontrar respuestas para la atención de quien es un enfermo y demanda cuidados y tratamiento como tampoco se adoptan medidas para poner bajo control a los mercaderes de la droga, que se quedan con bienes de los que las familias disponen, cuando no se llevan la vida de sus clientes.
Desde el propio oficialismo se escuchó denunciar la inacción de parte de todos los organismos del Estado. “La droga nos lleva puestos y no hacemos nada”, enfatizó el presidente de la Comisión de Prevención de Consumos Problemáticos, Gustavo Dantur. También se señaló que siendo un problema de muchos departamentos, el Ejecutivo debe hacerse cargo del mismo y concurrir en ayuda de los intendentes, cuyos despachos son la primera línea de atención de las demandas.
En una de las intervenciones más descarnadas, la diputada de San Martín, Ana Laura Córdoba, aseguró que la droga está desarmando el tejido social, está ocasionando una terrible deserción escolar y destruyendo familias. Incluso los niños originarios son víctimas de las adicciones, no solo a estupefacientes sino también al alcohol y roban para consumir.
La declaración solo declama en torno de una medida pero en realidad es la alarma que se encendió y sonará hasta que se observe que se toman decisiones conducentes al control de un trágico desborde.
Salta, 28 de septiembre de 2022
Es imposible ocultar una verdad obvia; de allí que la sabiduría popular asegura que no se puede tapar el sol con un dedo. El gobierno de la Provincia ya no puede ocultar severas dificultades financieras que están en el origen de crecientes problemas de gestión.
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
El ciclo 2026 de Boca Juniors ya tiene su primer nombre propio: Ángel Romero. El atacante paraguayo completó con éxito la revisión médica en el centro Genea y quedó a un paso de la firma de su contrato.
En una negociación relámpago, Boca Juniors cerró este martes la incorporación de Santiago "El Ruso" Ascacibar.
A través de un comunicado oficial, la asociación argumentó que la presencia del artista salteño en un evento de carácter gubernamental resulta “incompatible” con los principios fundacionales de la institución.
La medida alcanza a los tres poderes del Estado y a los organismos de control. Habrá controles sorpresivos, contraprueba y remoción inmediata ante resultados positivos o negativa a realizar el test.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó la iniciativa del Gobierno; atribuye la dura realidad social al avance de las drogas y el narcotráfico para dar respuestas a la inseguridad juvenil.