Nuevamente se ve al Congreso de la Nación ubicado en el centro de la escena política. En un país hiperpresidencialista vale tomar el peso de un poder con atribuciones para ordenar la vida en común hasta en aspectos ínfimos.
En medio de las incoherencias
En el último mes, se registró nuevamente una inflación del siete por ciento, lo cual, según todas la consultoras, hace prever que habremos de concluir este año, con un índice próximo al cien por ciento.
Opinión 27/09/2022 Jorge Oscar FolloniDe ningún modo puede el gobierno, tratar de justificar este hecho, como secuela de la pandemia, ni como consecuencia de la ignominiosa invasión de Ucrania que perpetrara el déspota ruso.
Para derribar este sofisma, basta señalar que Bolivia, mantiene desde hace catorce años, un índice inflacionario anual que nunca superó un once por ciento anual, mientras que en Brasil, nunca fue mayor al nueve por ciento.
Si a esto le sumamos que actualmente la mitad de nuestra población se encuentra sumida en la pobreza, da la pauta de la magnitud del descalabro económico y social en el que nos encontramos sumidos, ante la incapacidad del gobierno para encontrar solución a este drama.
Es que ni el mejor economista, que Massa está muy lejos de serlo, y aun contando con un serio programa de estabilización, que de ningún modo existe, podría tener éxito, si falta el requisito fundamental, como es contar con un gobierno que inspire confianza.
Cómo podría ocurrir esto, si estamos conducidos por un equipo gobernante que día a día, suma riesgos a la seguridad jurídica, atentando irresponsablemente desde las distintas esferas de poder, contra las bases y la esencia misma de lo que debe ser una república, tratando de minar las bases de la imprescindible separación de poderes y la libertad de expresión.
La mejor prueba, surge del alegato que Cristina pronunciara ante el tribunal que la juzga, cuando expresó que quien como ella, ejerce un cargo como resultado de una elección popular, no puede ser sometida a juicio, desconociendo así, el principio de igualdad ante la ley que es una de las máximas garantías constitucionales de las que gozamos.
En su desesperado afán de sortear el riesgo inminente de un fallo condenatorio, procura de cualquier forma restarle legitimidad al poder judicial y amedrentar a sus componentes.
A ello apunta, el descabellado proyecto de aumentar desmesuradamente el número de miembros de la Corte Suprema, con la finalidad de introducir en ella jueces que sean en verdad militantes políticos y entorpecer su normal funcionamiento.
Primero, se propone aumentar el número de sus componentes a veinticinco y luego, en medio del debate, sin explicación alguna y como resultado de las trabajosas negociaciones para tratar de conseguir los votos necesarios, se decide reducirlo a quince.
Para dar una idea de lo desproporcionada de esta propuesta, es válido recordar que en Brasil, con una población de doscientos trece millones, la Corte Suprema está compuesta por once miembros, mientras que en los Estado Unidos, con una población de trescientos treinta millones, el tribunal supremo consta de solo nueve jueces.
Ocurre que, en razón de que nuestra Constitución no admite que la Corte pueda funcionar dividida en salas, sino que exige que las resoluciones sean adoptadas por la totalidad de sus componentes, en cada una las decenas de miles de causas que debe atender, significa ni más ni menos que paralizar la máxima administración de justicia, que es lo que en verdad, aviesamente se pretende con esta iniciativa.
El modelo que la inspira, es Venezuela, donde el dictador Maduro, inundó el superior tribunal con treinta y dos componentes, por cierto todos militantes de su fracción a punto tal que uno de ellos antes de recibir su título, era su guardaespaldas.
Alberto Fernández, que inició su vida política militando en la derecha, en el partido que tenía Domingo Cavallo, en cuya boleta llegó a ser legislador de la Capital, , en su madurez, por oportunismo, se disfraza de izquierdista y defensor de los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Rusia.
A propósito de esto, cabe recordar lo que recientemente expresara el presidente Boric de Chile, electo en un frente aliado con los partidos de la extrema izquierda, cuando dice que para respetar los derechos humanos, no debe haber doble estándar y que no hay nada que lo enoje más, que cuando quien se dice de izquierda, no condena lo que ocurre en Venezuela o Nicaragua.
Es que en esos casos, impera la sobreactuación de los hipócritas conversos.
Los gobiernos nacional y provincial encaran con preocupación la crisis que atraviesa la Argentina.
Buenos días, a raíz de la polémica planteada en torno al tratamiento de las iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo Nacional, me pareció oportuno recordar lo que nos decía uno de los más importantes juristas de la historia, el filósofo y político romano, Marco Tulio Cicerón, por quien siempre tuve una gran admiración.
Distintos sectores van cerrando filas para poner freno a varias disposiciones contenidas en el proyecto de ley ómnibus, que motivó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
Se destacó en Diputados el encarcelamiento de un ex intendente condenado por delitos de corrupción. No es una situación frecuente pese a la cantidad y gravedad de causas similares que en la Justicia se acumulan sin resolución.
En su tercera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados avanzó en lo que puede considerarse un primer capítulo de una reforma política que fuera mencionada como impostergable por el Gobernador de la Provincia. Si efectivamente se trabaja en pos de ese objetivo, pueden repetirse iniciativas de esa naturaleza durante este período.
Salta: En abril, Educación cobrará sin Incentivo y después de Salud y Seguridad
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Dura advertencia de ADP: Sin Incentivo Docente, “no voy a firmar ninguna paritaria”
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