En medio de las incoherencias

En el último mes, se registró nuevamente una inflación del siete por ciento, lo cual, según todas la consultoras, hace prever que habremos de concluir este año, con un índice próximo al cien por ciento.

Opinión 27/09/2022 Jorge Oscar Folloni

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De ningún modo puede el gobierno, tratar de justificar este hecho, como  secuela de la pandemia, ni como consecuencia de la ignominiosa invasión de Ucrania que perpetrara el déspota ruso.

 Para derribar este sofisma, basta señalar que Bolivia, mantiene desde hace catorce años, un índice inflacionario anual que nunca  superó un once por ciento anual, mientras que en Brasil, nunca fue mayor al nueve por ciento.

Si a esto le sumamos que actualmente la mitad de nuestra población se encuentra sumida en la pobreza, da la pauta de la magnitud del descalabro económico y social en el que nos encontramos sumidos, ante la incapacidad del gobierno para encontrar solución a este drama.

Es que ni el mejor economista, que Massa está muy lejos de serlo,  y aun contando  con un serio programa de estabilización, que de ningún modo existe, podría tener éxito, si falta el requisito fundamental, como es contar con  un gobierno que inspire confianza. 

Cómo podría ocurrir esto, si estamos conducidos por  un equipo gobernante que día a día, suma riesgos a la seguridad jurídica,  atentando irresponsablemente desde las distintas esferas de poder, contra las bases y la esencia misma de lo que debe ser una república, tratando de minar las bases de la imprescindible separación de poderes y la libertad de expresión.

La mejor prueba, surge del alegato que Cristina pronunciara ante el tribunal que la juzga, cuando expresó que quien como ella, ejerce  un cargo como resultado de una elección popular, no puede ser sometida a juicio, desconociendo así, el principio de igualdad ante la ley que es una de las máximas garantías constitucionales de las que gozamos. 

En su desesperado afán de sortear el riesgo inminente de un fallo condenatorio, procura de cualquier forma restarle legitimidad al poder judicial y amedrentar a sus componentes.

A ello apunta, el descabellado proyecto de aumentar desmesuradamente el número de miembros de la Corte Suprema, con la finalidad de introducir en ella jueces que sean en verdad militantes políticos y entorpecer su normal funcionamiento.

Primero, se propone aumentar el número de sus componentes a veinticinco y luego, en medio del debate, sin explicación alguna y como resultado de las trabajosas negociaciones  para tratar de conseguir los votos necesarios, se decide reducirlo a quince.

Para dar una idea de lo desproporcionada de esta propuesta, es válido recordar que  en Brasil, con una población de doscientos trece millones, la Corte Suprema está compuesta por once miembros, mientras que en los Estado Unidos, con una población de trescientos treinta millones, el tribunal supremo consta de solo nueve jueces.

Ocurre que, en razón de que nuestra Constitución no admite que la Corte pueda funcionar dividida en salas, sino que exige que las resoluciones sean adoptadas por la totalidad de sus componentes, en cada una las decenas de miles de causas que debe atender, significa ni más ni menos que paralizar la máxima administración de justicia, que es lo que en verdad, aviesamente se pretende con esta iniciativa.

El modelo que la inspira, es Venezuela, donde el dictador Maduro, inundó el superior tribunal con treinta y dos componentes, por cierto todos militantes de su fracción a punto tal que uno de ellos antes de recibir su título,  era su guardaespaldas.

Alberto Fernández, que inició su vida política militando en la derecha, en el partido que tenía Domingo Cavallo, en cuya boleta llegó a ser legislador de la Capital, , en su madurez, por oportunismo, se disfraza  de izquierdista y  defensor de los regímenes autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Rusia.

A propósito de esto, cabe recordar lo que recientemente expresara el presidente Boric de Chile, electo en un frente aliado con los partidos de la extrema izquierda, cuando dice que para respetar los derechos humanos, no debe haber doble estándar y que no hay nada que lo enoje más, que cuando quien se dice de izquierda,  no condena lo que ocurre en Venezuela o Nicaragua.

 Es que en esos casos, impera la sobreactuación de los hipócritas conversos.

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