Se considera que el 95% de los incendios son provocados por la acción humana: en algunos casos,  accidentales por falta de cuidado, en otros, asociados al sector agro-ganadero ya que el fuego se utiliza a veces para renovar los pastizales, y otras, como medio para expandir la frontera agropecuaria[1]. Como veremos, los costos en materia ambiental y humana son económicamente mensurables. 

Simultáneamente, la Provincia busca actualizar el Ordenamiento Territorial que la Ley de Protección de Bosques Nativos aprobada en el año  2007 exige definir. Los datos a nivel provincial demuestran que la reducción en el ritmo de pérdida de bosques, no ha sido significativa desde la vigencia de aquella ley, ya que se desmontaron desde fines de 2007 hasta la fecha unas 700.000 hectáreas más. 

En los debates para la definición del Ordenamiento Territorial  se reinstala un aparente conflicto entre sectores productivos y conservacionistas. Para una correcta resolución de estos conflictos, debemos dejar atrás la noción de que los intereses de la economía y los del medio ambiente son opuestos. Ello, en tanto está probado, que la degradación ambiental es causa de riesgos económicos en varios frentes: por ejemplo los incendios  así como las  inundaciones y las sequías,  exacerbados por el cambio climático,  arrasan no sólo bosques valiosos sino también cultivos, provocando escasez y altos precios  de ciertos alimentos.  

El cambio climático está entre nosotros y en todos los niveles de gobierno así como desde el sector privado, se deben tomar acciones inmediatas para mitigar sus consecuencias. Hemos visto el record de temperaturas en el hemisferio norte, y debemos prepararnos en el hemisferio sur. 

Está claro que existe un vínculo bidireccional entre incendios forestales y crisis climática. El cambio climático incide en las condiciones que favorecen la propagación de incendios, al tiempo que, cuando se quema un bosque no solamente se pierden ecosistemas, sino que se destruyen los sumideros naturales de carbono y se emiten toneladas de dióxido de carbono, que profundizan el efecto invernadero[2].

Los bosques sanos también funcionan como “amortiguadores” de agentes patógenos como virus y bacterias que pueden afectar al ser humano. Por lo que el cambio de uso del suelo, incluida la deforestación y la modificación de los hábitats naturales, son  responsables de casi la mitad de enfermedades infecto contagiosas emergentes de origen animal.[3] Los costos económicos son también mensurables.

La ciencia nos enseña que los recursos genéticos forestales contribuyen a la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible[4]. Por lo tanto, el Ordenamiento Territorial debe ser definido con criterios científicos y objetivos de bien común.

Solamente cuando comprendamos el valor de lo que podemos perder y ganar, podremos definir un Ordenamiento razonable. Necesitamos un cambio radical en la forma de pensar, necesitamos comprender que la protección ambiental, la acción por el clima y una economía fuerte van de la mano.

 
[1] Agustina Pacheco Alonso, infobae.com (14-09-2022).
[2] Agustina Pacheco Alonso, infobae.com (14-09-2022).
[3] Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales: Diagnóstico actualizado del estado de implementación de la ley 26.331. (2020), disponible en vidasilvestre.org.ar).
[4] “El estado de los recursos genéticos forestales en el mundo. Informe Nacional Argentina”. Disponible en fao.org (2012).