Un revelador debate generó el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley aprobando el Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias. El pacto consiguió la mayoría exigida para imponerse con el apoyo de 136 votos a favor y 108 en contra.
Opinión16/09/2022
Este trámite, que en la cámara baja nacional tomó más de 7 horas, en la Legislatura Provincial no tuvo tanto vuelo quizás porque la aprobación, encarada en el arranque de este período ordinario de sesiones, se sostuvo en la palabra dada por el titular del Ejecutivo. El gobernador Gustavo Sáenz públicamente se comprometió a no aumentar las alícuotas de impuestos vigentes ni crear otros nuevos porque lo que firmó, contrariamente, no le pone ningún cepo.
El tratamiento de este jueves en Diputados transitó por esos carriles. Pactos fiscales como el acordado en diciembre necesitan para tornarse operativos la aprobación del Congreso y de las legislaturas de las provincias suscriptoras y de allí que en marzo último, la Cámara baja salteña lo aprobó con el voto del oficialismo y del Senado salió por unanimidad.
No hubo tanta urgencia en las cámaras nacionales pero se agilizó desde agosto frente a la posibilidad de una mayor reducción de las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Con la sanción de ayer, ante una necesidad de recursos éstas pueden aumentar impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos. Si bien el Frente de Todos negó tal intención, sí concedió que una reestructuración impositiva puede ampliar la incidencia de la carga fiscal -históricamente débil en muchas provincias- sobre los patrimonios para compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo. La oposición reivindicó el Pacto de 2017 que determinaba la reducción –entre otros- del impuesto a los ingresos brutos, “que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”, como señalara el diputado del Pro Luciano Laspina.
No es lo que sucedió en Salta, precisamente. En realidad, ese acuerdo establecía una escala de índices máximos en las alícuotas para unificar todos los distritos, lo que fue aprovechado por la gestión de Juan Manuel Urtubey para elevarlas hasta esos topes con la promesa de que en los cuatro años siguiente se bajarían paulatinamente. No bajaron ni bajarán, según la ley provincial de aprobación del Consenso 2021.
Tres de los siete diputados nacionales salteños intervinieron en el debate, dos de los cuales expusieron su oposición. El radical Miguel Nanni aseguró que el acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores camufla subas de impuestos mientras las economías regionales siguen perdiendo competitividad y el olmedista Carlos Zapata lo tachó de inconstitucional porque encierra la claudicación de competencias y potestades por parte de las provincias.
Solo la saencista Pamela Caletti asumió la defensa del acuerdo asegurando que establece condiciones básicas para sostener el desarrollo federal pero respetando las autonomías provinciales. Además, retomó la línea de defensa salteña que se asienta en el compromiso del Gobernador de no aumentar la presión fiscal.
El debate y la votación dan cuenta del peso de los gobernadores ya que la oposición votó dividida. Fue en el caso de legisladores de provincias gobernadas por radicales, quienes respondieron a los intereses de esas gestiones por encima de la pertenencia partidaria. Es la señal que las dificultades no son de un gobierno; es el país el que está en crisis.
Salta, 16 de septiembre de 2022
Como suele suceder cada mes, el consumidor accede a un dato que explica su capacidad de compras y contribuye a la toma de decisiones sobre la optimización de sus ingresos. Es la inflación del mes anterior, que le indica la progresiva pérdida del valor de su salario.
Mientras en los pasillos del poder se celebran aperturas comerciales como sinónimo de “modernización”, en las fábricas argentinas se empieza a escuchar un murmullo cada vez más inquietante: la inminente llegada masiva de autos chinos podría arrasar con buena parte de la industria automotriz nacional. Lo que se vende como oportunidad para los consumidores, puede transformarse rápidamente en un golpe certero a la producción, al empleo y a las cadenas de valor que sostienen a miles de familias.
El caótico momento en el que están inmersos los gobernadores puede resultar en un mayor acercamiento con la sociedad o en un distanciamiento definitivo, con inevitable impacto en sus pretensiones para 2027, cuando concluya el mandato de la mayoría de ellos. Su actual demanda de recursos achica sus posibilidades de maniobra política.
El pasado 9 de julio se venció la irresponsable delegación de facultades que el Congreso de la Nación le concedió al Poder Ejecutivo Nacional a través de la llamada ley Bases.
Con mucha incertidumbre cierra una de las semanas de mayor intensidad política de este año electoral. El entramado de relaciones entre el gobierno nacional y los provinciales y entre distintos sectores políticos con representación parlamentaria, ha comenzado a renovarse por necesidad más que por convicción.
El arranque de la segunda mitad del año muestra una situación inestable, en la que sobresale la tensión entre el gobierno nacional y las Provincias y la creciente conflictividad social. En ese marco debe inscribirse la convocatoria a un plenario de la CGT Regional Salta.
El ex fiscal de Corte señaló que, más allá de que el veto sea una facultad presidencial, de no sostenerlo en las Cámaras, Milei judicializaría el asunto, acción que calificó como “delirante” por embestir contra el Poder Legislativo.
Boca reiniciará desde el partido ante Racing el filtro de asistencia para socios, permitiendo que todos partan desde cero para tener su lugar en la Bombonera.
Ya hay entre 70.000 y 140.000 deportaciones en solo seis meses, pero el plan va más allá: busca quitar la ciudadanía a naturalizados con antecedentes y revocar la residencia a quienes tengan Green Card si cometieron delitos.
Hace un año, el merengue ya había tocado la puerta de la joya, pero Mastan dijo que no y puso la firma con el Millonario. Hoy, 45 millones de dólares y vestir de blanco, cambiaron la postura de ambos lados.
La droga había sido secuestrada en un vehículo dos meses atrás. El envoltorio no coincidía con el original y la sustancia no era cocaína. Sospechan adulteración desde depósitos oficiales.