Un revelador debate generó el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley aprobando el Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias. El pacto consiguió la mayoría exigida para imponerse con el apoyo de 136 votos a favor y 108 en contra.
Opinión16/09/2022
Este trámite, que en la cámara baja nacional tomó más de 7 horas, en la Legislatura Provincial no tuvo tanto vuelo quizás porque la aprobación, encarada en el arranque de este período ordinario de sesiones, se sostuvo en la palabra dada por el titular del Ejecutivo. El gobernador Gustavo Sáenz públicamente se comprometió a no aumentar las alícuotas de impuestos vigentes ni crear otros nuevos porque lo que firmó, contrariamente, no le pone ningún cepo.
El tratamiento de este jueves en Diputados transitó por esos carriles. Pactos fiscales como el acordado en diciembre necesitan para tornarse operativos la aprobación del Congreso y de las legislaturas de las provincias suscriptoras y de allí que en marzo último, la Cámara baja salteña lo aprobó con el voto del oficialismo y del Senado salió por unanimidad.
No hubo tanta urgencia en las cámaras nacionales pero se agilizó desde agosto frente a la posibilidad de una mayor reducción de las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Con la sanción de ayer, ante una necesidad de recursos éstas pueden aumentar impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos. Si bien el Frente de Todos negó tal intención, sí concedió que una reestructuración impositiva puede ampliar la incidencia de la carga fiscal -históricamente débil en muchas provincias- sobre los patrimonios para compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo. La oposición reivindicó el Pacto de 2017 que determinaba la reducción –entre otros- del impuesto a los ingresos brutos, “que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”, como señalara el diputado del Pro Luciano Laspina.
No es lo que sucedió en Salta, precisamente. En realidad, ese acuerdo establecía una escala de índices máximos en las alícuotas para unificar todos los distritos, lo que fue aprovechado por la gestión de Juan Manuel Urtubey para elevarlas hasta esos topes con la promesa de que en los cuatro años siguiente se bajarían paulatinamente. No bajaron ni bajarán, según la ley provincial de aprobación del Consenso 2021.
Tres de los siete diputados nacionales salteños intervinieron en el debate, dos de los cuales expusieron su oposición. El radical Miguel Nanni aseguró que el acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores camufla subas de impuestos mientras las economías regionales siguen perdiendo competitividad y el olmedista Carlos Zapata lo tachó de inconstitucional porque encierra la claudicación de competencias y potestades por parte de las provincias.
Solo la saencista Pamela Caletti asumió la defensa del acuerdo asegurando que establece condiciones básicas para sostener el desarrollo federal pero respetando las autonomías provinciales. Además, retomó la línea de defensa salteña que se asienta en el compromiso del Gobernador de no aumentar la presión fiscal.
El debate y la votación dan cuenta del peso de los gobernadores ya que la oposición votó dividida. Fue en el caso de legisladores de provincias gobernadas por radicales, quienes respondieron a los intereses de esas gestiones por encima de la pertenencia partidaria. Es la señal que las dificultades no son de un gobierno; es el país el que está en crisis.
Salta, 16 de septiembre de 2022
La educación salteña no resultará indemne del ajuste que contiene el presupuesto nacional que se tramita en el Congreso. Cuando aún resta la media sanción del Senado, la ministra provincial del ramo advirtió que “cualquier recorte en educación es tremendo”.
Sin agenda de temas de urgencia para el Poder Ejecutivo, la Legislatura se abocó a una cuestión que debería estar movilizando un debate social generalizado en una provincia cordillerana. Se trata de la reforma de la llamada Ley de Glaciares, que será tratada en el Senado de la Nación en febrero, para lo que ya cuenta con dictamen.
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Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
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