Un revelador debate generó el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley aprobando el Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias. El pacto consiguió la mayoría exigida para imponerse con el apoyo de 136 votos a favor y 108 en contra.
Opinión16/09/2022
Este trámite, que en la cámara baja nacional tomó más de 7 horas, en la Legislatura Provincial no tuvo tanto vuelo quizás porque la aprobación, encarada en el arranque de este período ordinario de sesiones, se sostuvo en la palabra dada por el titular del Ejecutivo. El gobernador Gustavo Sáenz públicamente se comprometió a no aumentar las alícuotas de impuestos vigentes ni crear otros nuevos porque lo que firmó, contrariamente, no le pone ningún cepo.
El tratamiento de este jueves en Diputados transitó por esos carriles. Pactos fiscales como el acordado en diciembre necesitan para tornarse operativos la aprobación del Congreso y de las legislaturas de las provincias suscriptoras y de allí que en marzo último, la Cámara baja salteña lo aprobó con el voto del oficialismo y del Senado salió por unanimidad.
No hubo tanta urgencia en las cámaras nacionales pero se agilizó desde agosto frente a la posibilidad de una mayor reducción de las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Con la sanción de ayer, ante una necesidad de recursos éstas pueden aumentar impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos. Si bien el Frente de Todos negó tal intención, sí concedió que una reestructuración impositiva puede ampliar la incidencia de la carga fiscal -históricamente débil en muchas provincias- sobre los patrimonios para compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo. La oposición reivindicó el Pacto de 2017 que determinaba la reducción –entre otros- del impuesto a los ingresos brutos, “que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”, como señalara el diputado del Pro Luciano Laspina.
No es lo que sucedió en Salta, precisamente. En realidad, ese acuerdo establecía una escala de índices máximos en las alícuotas para unificar todos los distritos, lo que fue aprovechado por la gestión de Juan Manuel Urtubey para elevarlas hasta esos topes con la promesa de que en los cuatro años siguiente se bajarían paulatinamente. No bajaron ni bajarán, según la ley provincial de aprobación del Consenso 2021.
Tres de los siete diputados nacionales salteños intervinieron en el debate, dos de los cuales expusieron su oposición. El radical Miguel Nanni aseguró que el acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores camufla subas de impuestos mientras las economías regionales siguen perdiendo competitividad y el olmedista Carlos Zapata lo tachó de inconstitucional porque encierra la claudicación de competencias y potestades por parte de las provincias.
Solo la saencista Pamela Caletti asumió la defensa del acuerdo asegurando que establece condiciones básicas para sostener el desarrollo federal pero respetando las autonomías provinciales. Además, retomó la línea de defensa salteña que se asienta en el compromiso del Gobernador de no aumentar la presión fiscal.
El debate y la votación dan cuenta del peso de los gobernadores ya que la oposición votó dividida. Fue en el caso de legisladores de provincias gobernadas por radicales, quienes respondieron a los intereses de esas gestiones por encima de la pertenencia partidaria. Es la señal que las dificultades no son de un gobierno; es el país el que está en crisis.
Salta, 16 de septiembre de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.