A una semana de su planteo aun repercute el señalamiento de la diputada Mónica Juárez que no estaba errada cuando reactualizó la existencia de una causa de corrupción contra un senador nacional. Animada por la decisión del Procurador General de pedir el desarchivo del expediente de la llamada causa La Ciénaga se expresó en su ámbito, sin mayor repercusión entre sus pares pero sí en otros sectores sociales.
Opinión30/08/2022
La legisladora puso énfasis en el miedo que le genera transitar por el riesgoso camino de cuestionar la figura del ex gobernador Juan Carlos Romero, principal implicado en la causa abierta por “fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal”. Precisamente en su edición de hoy, al realizar un análisis de lo sucedido en la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados, el Nuevo Diario aclaró que “para tocar este tema -que el próximo 4 de octubre cumple 12 años-, se tomaron los recaudos legales necesarios para que el ‘diario chiquito’ no fuera otra vez acallado con un bozal legal por comunicar este suceso”. También destaca que tal decisión judicial ya ocurrió, “casualmente” dice, en 2.019, antes de la renovación de la banca del senador Romero.
La transcripción textual de lo expresado por Juárez en el tramo de Manifestaciones de la sesión ordinaria del 23 de agosto no solo sirve para cargar las tintas sobre la desestabilización anímica que le genera abordar públicamente la cuestión; especialmente muestra situaciones anómalas en el mejor de los casos, y de sumo cuidado, que no pueden desatenderse. Además de la intimación por carta documento que sufrió apenas calificara al legislador nacional de “ocupa VIP” en una sesión de noviembre último, manifestó haber sido amenazada al igual que su familia. Reveló que padeció ataques de pánico pese a que Abel Cornejo, el anterior Procurador y actual Ministro de Seguridad, le transmitiera la decisión de Juan Carlos Romero de no hacer nada en contra de ella. La mediación del ex funcionario judicial, que fue el jefe de fiscales en un tramo de tramitación del caso, es un dato llamativo.
Desde 2010, cuando se abrió la causa- intervinieron varios jueces, en distintas instancias; incluso, la Corte Suprema tuvo su momento cuando declaró la nulidad de lo actuado, lo que inspiró al juez de transición Guillermo Daniel Pereyra a disponer su archivo. El procurador Pedro García Castiella destacó que a partir de esa decisión, incluso los pedidos de sobreseimiento de la defensa de los acusados quedaron sin resolverse configurando una situación jurídica "atípica e inusual". Esa circunstancia también fue destacada por uno de los involucrados, el diputado provincial Juan Esteban Romero –hijo del senador y ex gobernador- pero señaló que no se trata de una causa irresuelta, sino que está declarada la nulidad de todo lo actuado y esa resolución llevó al archivo.
Por el mismo laberinto transitaron otras causas contra la familia de mayor poder político de la Provincia todas las cuales fueron decayendo, incluso algunas en la instancia preliminar. Aunque de manera recurrente se recuerda que hay 90 hectáreas, destinadas originalmente al Programa Familia Propietaria que fueron a parar al patrimonio de los Romero, no pareciera que haya expectativas en torno de una reversión reparadora.
La sociedad no se apropió de la reivindicación que debiera demandar este despojo. Con seguridad no cree en la legitimidad de la operatoria que puso a los protagonistas de uno y otro lado del mostrador. Tampoco confía en una Justicia a la que la mirada colectiva la observa usando su poder para sostener privilegios. En ese marco se justifica el miedo de una legisladora y el descrédito que las instituciones de la democracia van adquiriendo.
Puede haber miedo pero respeto, nunca. No alcanza el poder para blanquear las manchas.
Salta, 30 de agosto de 2022
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.