A una semana de su planteo aun repercute el señalamiento de la diputada Mónica Juárez que no estaba errada cuando reactualizó la existencia de una causa de corrupción contra un senador nacional. Animada por la decisión del Procurador General de pedir el desarchivo del expediente de la llamada causa La Ciénaga se expresó en su ámbito, sin mayor repercusión entre sus pares pero sí en otros sectores sociales.
Opinión30/08/2022
La legisladora puso énfasis en el miedo que le genera transitar por el riesgoso camino de cuestionar la figura del ex gobernador Juan Carlos Romero, principal implicado en la causa abierta por “fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal”. Precisamente en su edición de hoy, al realizar un análisis de lo sucedido en la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados, el Nuevo Diario aclaró que “para tocar este tema -que el próximo 4 de octubre cumple 12 años-, se tomaron los recaudos legales necesarios para que el ‘diario chiquito’ no fuera otra vez acallado con un bozal legal por comunicar este suceso”. También destaca que tal decisión judicial ya ocurrió, “casualmente” dice, en 2.019, antes de la renovación de la banca del senador Romero.
La transcripción textual de lo expresado por Juárez en el tramo de Manifestaciones de la sesión ordinaria del 23 de agosto no solo sirve para cargar las tintas sobre la desestabilización anímica que le genera abordar públicamente la cuestión; especialmente muestra situaciones anómalas en el mejor de los casos, y de sumo cuidado, que no pueden desatenderse. Además de la intimación por carta documento que sufrió apenas calificara al legislador nacional de “ocupa VIP” en una sesión de noviembre último, manifestó haber sido amenazada al igual que su familia. Reveló que padeció ataques de pánico pese a que Abel Cornejo, el anterior Procurador y actual Ministro de Seguridad, le transmitiera la decisión de Juan Carlos Romero de no hacer nada en contra de ella. La mediación del ex funcionario judicial, que fue el jefe de fiscales en un tramo de tramitación del caso, es un dato llamativo.
Desde 2010, cuando se abrió la causa- intervinieron varios jueces, en distintas instancias; incluso, la Corte Suprema tuvo su momento cuando declaró la nulidad de lo actuado, lo que inspiró al juez de transición Guillermo Daniel Pereyra a disponer su archivo. El procurador Pedro García Castiella destacó que a partir de esa decisión, incluso los pedidos de sobreseimiento de la defensa de los acusados quedaron sin resolverse configurando una situación jurídica "atípica e inusual". Esa circunstancia también fue destacada por uno de los involucrados, el diputado provincial Juan Esteban Romero –hijo del senador y ex gobernador- pero señaló que no se trata de una causa irresuelta, sino que está declarada la nulidad de todo lo actuado y esa resolución llevó al archivo.
Por el mismo laberinto transitaron otras causas contra la familia de mayor poder político de la Provincia todas las cuales fueron decayendo, incluso algunas en la instancia preliminar. Aunque de manera recurrente se recuerda que hay 90 hectáreas, destinadas originalmente al Programa Familia Propietaria que fueron a parar al patrimonio de los Romero, no pareciera que haya expectativas en torno de una reversión reparadora.
La sociedad no se apropió de la reivindicación que debiera demandar este despojo. Con seguridad no cree en la legitimidad de la operatoria que puso a los protagonistas de uno y otro lado del mostrador. Tampoco confía en una Justicia a la que la mirada colectiva la observa usando su poder para sostener privilegios. En ese marco se justifica el miedo de una legisladora y el descrédito que las instituciones de la democracia van adquiriendo.
Puede haber miedo pero respeto, nunca. No alcanza el poder para blanquear las manchas.
Salta, 30 de agosto de 2022
Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
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