A una semana de su planteo aun repercute el señalamiento de la diputada Mónica Juárez que no estaba errada cuando reactualizó la existencia de una causa de corrupción contra un senador nacional. Animada por la decisión del Procurador General de pedir el desarchivo del expediente de la llamada causa La Ciénaga se expresó en su ámbito, sin mayor repercusión entre sus pares pero sí en otros sectores sociales.
Opinión30/08/2022
La legisladora puso énfasis en el miedo que le genera transitar por el riesgoso camino de cuestionar la figura del ex gobernador Juan Carlos Romero, principal implicado en la causa abierta por “fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal”. Precisamente en su edición de hoy, al realizar un análisis de lo sucedido en la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados, el Nuevo Diario aclaró que “para tocar este tema -que el próximo 4 de octubre cumple 12 años-, se tomaron los recaudos legales necesarios para que el ‘diario chiquito’ no fuera otra vez acallado con un bozal legal por comunicar este suceso”. También destaca que tal decisión judicial ya ocurrió, “casualmente” dice, en 2.019, antes de la renovación de la banca del senador Romero.
La transcripción textual de lo expresado por Juárez en el tramo de Manifestaciones de la sesión ordinaria del 23 de agosto no solo sirve para cargar las tintas sobre la desestabilización anímica que le genera abordar públicamente la cuestión; especialmente muestra situaciones anómalas en el mejor de los casos, y de sumo cuidado, que no pueden desatenderse. Además de la intimación por carta documento que sufrió apenas calificara al legislador nacional de “ocupa VIP” en una sesión de noviembre último, manifestó haber sido amenazada al igual que su familia. Reveló que padeció ataques de pánico pese a que Abel Cornejo, el anterior Procurador y actual Ministro de Seguridad, le transmitiera la decisión de Juan Carlos Romero de no hacer nada en contra de ella. La mediación del ex funcionario judicial, que fue el jefe de fiscales en un tramo de tramitación del caso, es un dato llamativo.
Desde 2010, cuando se abrió la causa- intervinieron varios jueces, en distintas instancias; incluso, la Corte Suprema tuvo su momento cuando declaró la nulidad de lo actuado, lo que inspiró al juez de transición Guillermo Daniel Pereyra a disponer su archivo. El procurador Pedro García Castiella destacó que a partir de esa decisión, incluso los pedidos de sobreseimiento de la defensa de los acusados quedaron sin resolverse configurando una situación jurídica "atípica e inusual". Esa circunstancia también fue destacada por uno de los involucrados, el diputado provincial Juan Esteban Romero –hijo del senador y ex gobernador- pero señaló que no se trata de una causa irresuelta, sino que está declarada la nulidad de todo lo actuado y esa resolución llevó al archivo.
Por el mismo laberinto transitaron otras causas contra la familia de mayor poder político de la Provincia todas las cuales fueron decayendo, incluso algunas en la instancia preliminar. Aunque de manera recurrente se recuerda que hay 90 hectáreas, destinadas originalmente al Programa Familia Propietaria que fueron a parar al patrimonio de los Romero, no pareciera que haya expectativas en torno de una reversión reparadora.
La sociedad no se apropió de la reivindicación que debiera demandar este despojo. Con seguridad no cree en la legitimidad de la operatoria que puso a los protagonistas de uno y otro lado del mostrador. Tampoco confía en una Justicia a la que la mirada colectiva la observa usando su poder para sostener privilegios. En ese marco se justifica el miedo de una legisladora y el descrédito que las instituciones de la democracia van adquiriendo.
Puede haber miedo pero respeto, nunca. No alcanza el poder para blanquear las manchas.
Salta, 30 de agosto de 2022
Apenas iniciado un nuevo año, la atención ciudadana se está centrando en la compleja situación económica que anticipa un 2026 difícil. Así se ha reconocido desde la Unión Industrial de Salta, sector que no registra cierre de empresas pero sí pérdidas de puestos de trabajo. También desde la Cámara PYME hay advertencias sobre severas dificultades en el sector.
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
Sin mayor impacto en la atención ciudadana se llevó adelante este miércoles la Reunión Informativa Pública, durante la que comunidades del interior se interiorizaron sobre obras con financiamiento internacional. La sede fue San Antonio de los Cobres y los participantes tomaron nota de un extenso listado de proyectos que con créditos del Banco Mundial y Fonplata se ejecutarán en distintos puntos del territorio provincial.
El Centro Argentino de Meteorólogos lanzó un duro comunicado advirtiendo que la designación de Antonio Mauad al frente del SMN pone en riesgo la calidad de las alertas tempranas y la operatividad estratégica del país.
Martín Ignacio Plaza es el postulante a la Corte de Justicia de Salta. Abogado con más de 30 años de trayectoria, combina carrera académica y gestión pública.
Jorge Martín Diez Villa es postulante a juez de la Corte salteña. Abogado y escribano, con amplia trayectoria en la Justicia, el Ministerio Público y el control institucional.
La iniciativa incluye exploración, evaluación del yacimiento y la construcción de una planta de tratamiento en Gualcamayo
El reconocido coplero y bagualero falleció este jueves a los 86 años. Referente indiscutido de la cultura popular del norte argentino, dedicó su vida a preservar las tradiciones ancestrales y a fortalecer la identidad de los pueblos vallistos y puneños.