A una semana de su planteo aun repercute el señalamiento de la diputada Mónica Juárez que no estaba errada cuando reactualizó la existencia de una causa de corrupción contra un senador nacional. Animada por la decisión del Procurador General de pedir el desarchivo del expediente de la llamada causa La Ciénaga se expresó en su ámbito, sin mayor repercusión entre sus pares pero sí en otros sectores sociales.
Opinión30/08/2022
La legisladora puso énfasis en el miedo que le genera transitar por el riesgoso camino de cuestionar la figura del ex gobernador Juan Carlos Romero, principal implicado en la causa abierta por “fraude a la administración pública y negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal”. Precisamente en su edición de hoy, al realizar un análisis de lo sucedido en la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados, el Nuevo Diario aclaró que “para tocar este tema -que el próximo 4 de octubre cumple 12 años-, se tomaron los recaudos legales necesarios para que el ‘diario chiquito’ no fuera otra vez acallado con un bozal legal por comunicar este suceso”. También destaca que tal decisión judicial ya ocurrió, “casualmente” dice, en 2.019, antes de la renovación de la banca del senador Romero.
La transcripción textual de lo expresado por Juárez en el tramo de Manifestaciones de la sesión ordinaria del 23 de agosto no solo sirve para cargar las tintas sobre la desestabilización anímica que le genera abordar públicamente la cuestión; especialmente muestra situaciones anómalas en el mejor de los casos, y de sumo cuidado, que no pueden desatenderse. Además de la intimación por carta documento que sufrió apenas calificara al legislador nacional de “ocupa VIP” en una sesión de noviembre último, manifestó haber sido amenazada al igual que su familia. Reveló que padeció ataques de pánico pese a que Abel Cornejo, el anterior Procurador y actual Ministro de Seguridad, le transmitiera la decisión de Juan Carlos Romero de no hacer nada en contra de ella. La mediación del ex funcionario judicial, que fue el jefe de fiscales en un tramo de tramitación del caso, es un dato llamativo.
Desde 2010, cuando se abrió la causa- intervinieron varios jueces, en distintas instancias; incluso, la Corte Suprema tuvo su momento cuando declaró la nulidad de lo actuado, lo que inspiró al juez de transición Guillermo Daniel Pereyra a disponer su archivo. El procurador Pedro García Castiella destacó que a partir de esa decisión, incluso los pedidos de sobreseimiento de la defensa de los acusados quedaron sin resolverse configurando una situación jurídica "atípica e inusual". Esa circunstancia también fue destacada por uno de los involucrados, el diputado provincial Juan Esteban Romero –hijo del senador y ex gobernador- pero señaló que no se trata de una causa irresuelta, sino que está declarada la nulidad de todo lo actuado y esa resolución llevó al archivo.
Por el mismo laberinto transitaron otras causas contra la familia de mayor poder político de la Provincia todas las cuales fueron decayendo, incluso algunas en la instancia preliminar. Aunque de manera recurrente se recuerda que hay 90 hectáreas, destinadas originalmente al Programa Familia Propietaria que fueron a parar al patrimonio de los Romero, no pareciera que haya expectativas en torno de una reversión reparadora.
La sociedad no se apropió de la reivindicación que debiera demandar este despojo. Con seguridad no cree en la legitimidad de la operatoria que puso a los protagonistas de uno y otro lado del mostrador. Tampoco confía en una Justicia a la que la mirada colectiva la observa usando su poder para sostener privilegios. En ese marco se justifica el miedo de una legisladora y el descrédito que las instituciones de la democracia van adquiriendo.
Puede haber miedo pero respeto, nunca. No alcanza el poder para blanquear las manchas.
Salta, 30 de agosto de 2022
A poco de haberse cerrado, la temporada comercial alta que representan las celebraciones del fin de año dejó solamente la sostenida convicción empresaria de que pudo haber sido peor. La última -la de la visita de los Reyes Magos- mostró descarnadamente que los presupuestos domésticos están muy ajustados en materia de ingresos y su manejo exige cautela para no agravar una situación que tiene muchos flancos negativos, como el excesivo endeudamiento.
Tiene fecha el segundo tramo de sesiones extraordinarias del Congreso. Abarcará todo el mes de febrero y se incluirá un paquete de proyectos de prioritario interés del Ejecutivo Nacional, que ha motivado una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores.
La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos en la madrugada del pasado sábado fue el tema que atravesó la atención pública mundial. Sorprendió su ejecución en orden a que hubo un extenso acoso previo contra el país sudamericano y porque la intervención militar se limitó -por ahora- a sacar del país al mandatario y su esposa, sin dar precisiones sobre cómo sigue el proceso.
El fallido plan económico de Javier Milei tiene una sola salida y se llama “Vaca Muerta”. La idea era conseguir inversiones suficientes para poner en marcha un polo de embarque para licuar gas natural y en paralelo petróleo no convencional.
Comenzó a funcionar la rueda de los cambios que, en algunas áreas, se llaman de segunda generación. Son más profundos y exigen un debate a fondo, que se trata de eludir. Propuestos desde el gobierno nacional tienen fuerte impacto en las provincias. Así abrió el 2026.
Otro año se cierra y deja sus lecciones para que las aprendan aquellos que tienen grandes responsabilidades en cada sociedad. Pero también deben ser atendidas por quienes integran las comunidades esparcidas en el planeta. Es el momento de asumir que ni un país ni un hombre tienen la centralidad sino que hay una dependencia absoluta entre todos.
Tras años de interrupción, Salta recupera la conexión aérea directa con Iquique. El primer vuelo despegará este lunes 5 de enero bajo la modalidad de chárter estacional.
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Mientras La Libertad Avanza respaldó sin matices a Donald Trump, distintos sectores opositores reclamaron que se priorice la liberación de los presos políticos y el respeto a la soberanía venezolana.
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