El cúmulo de definiciones que va adoptando el gobierno nacional a partir de la incorporación del Sergio Massa como Ministro de Economía, no solo está haciendo girar la gestión en su torno sino que también está impactando en el Congreso. El nuevo funcionario le ha requerido por lo menos cuatro leyes que le permitirán sumar ingresos de divisas y los gobiernos de provincias requieren de los legisladores un acompañamiento para no ver desestabilizadas sus gestiones.
Opinión09/08/2022
Los cambios que vienen sucediéndose desde que se produjera el alejamiento de Martín Guzmán de la cartera de Economía han alterado la programación del Parlamento, abocado ahora a reordenar su tarea y revisar los posicionamientos de los distintos bloques. En ese marco es que se informó que el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, postergó la presentación de su informe gestión que debía realizar el 31 de este mes ante la Cámara de Diputados. La reunión se agendó para el miércoles 14 de septiembre a las 11 y más de una razón han concurrido a esa decisión.
Según se informó, debe responder casi 4 mil preguntas remitidas por los diputados de los diferentes bloques. Más allá que para algunas de ellas las respuestas están cambiando o no están firmes, sin dudas que no es un buen momento político para que pueda cumplir una obligación con la que está en mora. Efectivamente, a casi un año de asunción en esa Jefatura, no ha dado cumplimiento a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, respecto de informar acerca de la marcha del Gobierno una vez por mes, de manera alternativa a cada Cámara; solo concurrió una vez y fue al Senado el 2 de junio pasado.
Ambas cámaras tendrán esta semana varias reuniones de comisiones para dictaminar sobre una extensa lista de proyectos, especialmente sobre cuatro que fueron marcados por quien fuera hasta el miércoles anterior titular de Diputados. Conocedor de los tiempos parlamentarios insistió en la urgencia de sancionar iniciativas que están desde 2021 en ese ámbito. Se trata de los proyectos que disponen incentivos a la construcción y las promociones al sector automotriz, la biotecnología y la agroindustria.
La actual crisis ha puesto en evidencia que el ritmo que el Congreso impone a su tarea no refleja para nada las demandas sociales; ni siquiera se corresponde con políticas públicas de la actual gestión del Frente de Todos. Un ejemplo de ello es un proyecto presentado por quien hoy comanda la cartera de Economía y el jefe del PRO Cristian Ritondo, que propone un blanqueo de fondos destinado a viviendas, con el que se espera el ingreso de 4.000 millones dólares. La iniciativa fue el resultado de una negociación durante la pandemia con la Cámara de la Construcción, la UOCRA y los desarrolladores inmobiliarios.
El Senado va a sesionar este jueves y si bien la Liga de Gobernadores aguarda que se trate el proyecto que lleva a 25 el número de miembros de la Corte Suprema, con el declarado propósito de darle una "mirada federal" al organismo, en realidad espera que el cuerpo trate el Consenso Fiscal firmado en diciembre de 2021. Los mandatarios se apoyan en ese acuerdo frente a la posibilidad que deban esforzar su capacidad de recaudación, para mantener –como en el caso de Salta- el equilibrio de las cuentas públicas. También confían que para ese día, la Comisión de Presupuesto y Hacienda haya dictaminado sobre el proyecto de ley de fondos con asignación específica para la promoción y desarrollo de la actividad turística, extendiendo su vigencia.
Las urgencias no dan tregua y ya están arrastrando a las administraciones provinciales.
Salta, 09 de agosto de 2022
La minería ha ratificado su centralidad en la realidad salteña esta semana. Si bien no ocupó mucho espacio mediático, en ámbitos especializados se celebró la intención de crear el Ministerio de Producción y Minería. También se advirtió que la explotación de tierras raras toma impulso con las inversiones en el sector.
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
El Gobernador Sáenz recibió a ejecutivos de la minera First Quantum para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña.
Después del corte de crédito que la entidad dejó vigente desde el pasado lunes por falta de pago de las prestaciones, la obra social provincial notificó la finalización del convenio.
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.