La semana que está transcurriendo mostrará en la calle a organizaciones sociales, a la izquierda y a gremios que expresarán con sus marchas adhesión o reclamos al Gobierno Nacional. Algunas de estas concentraciones tendrán su versión local, de acuerdo a la capacidad de movilización de cada sector.
Opinión26/07/2022
En ese marco de creciente agitación social se reanudará en la Provincia la actividad legislativa, luego de dos semanas de receso que se llevaron adelante más por tradición que por necesidad de relajar un ámbito que escaso aporte está realizando a una compleja situación política. Ante el reconocimiento del propio oficialismo de la existencia de los problemas que justifican el reclamo social, solo queda atender los llamados a la prudencia que se vienen escuchando.
El principal bloque oficialista de la Cámara de Diputados mantuvo su reunión previa a la sesión ordinaria del martes y definió puntos clave para la segunda mitad del año legislativo. Ya se va insinuando la tarea más relevante de este período, que es el tratamiento y aprobación del presupuesto general de gastos y recursos. Y en ese esquema se tratará que el federalismo que el Gobierno Provincial demanda al Nacional sea también una tarea para equiparar las condiciones en cada punto del territorio. La obra pública será el mecanismo para concretar la participación de cada región en la distribución de fondos. El trabajo de relevamiento y tramitación de proyectos de ese orden avanzará aun cuando los legisladores reconocen la elevada dependencia de recursos financieros que provienen del gobierno central. Saben que, en definitiva, la evolución de la macroeconomía impondrá el ritmo y alcance de la tarea del gobierno local.
En opinión del presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, el peronista Luis Albeza, la incertidumbre que están generando preanuncios que finalmente no se concretan en la formulación de medidas correctivas, justifica la efervescencia social. El reclamo es legítimo pero debe transitar por canales que no pongan en riesgo la convivencia pacífica, subrayó el legislador, dejando de lado las declaraciones irresponsables y golpistas que alientan la violencia como las del ex militar Aldo Rico pero exigiendo medidas adecuadas para poner en caja a los formadores de precios.
Este panorama, que preocupa a todos pero especialmente a los que tienen responsabilidades políticas, ha llevado a que el titular de la cartera económica provincial destaque que la cuestión institucional es clave porque hay instituciones que no funcionan adecuadamente. Frente a ello, el gobierno del Frente de Todos debe recuperar la confianza interna y externa pero también la oposición debe acompañar el proceso de reparación de los aspectos más vulnerables de la situación nacional.
Roberto Dip Ashur marcó la complejidad del cuadro debiendo resolverse las cuestiones de política, economía y política económica que dan incertidumbre a los próximos meses. Solo con prudencia podrán enfrentarse las divisiones en el poder y ponerse todos de acuerdo en torno de definiciones que se puedan sostener en el tiempo. Prometer y no cumplir tiene efectos devastadores sobre la economía real, aseguró.
No todo se agota en la inflación y la enorme inestabilidad económica. Hay aspectos que afectan objetivos de la gestión e Gustavo Sáenz. Se conoció en estas horas que la falta de transparencia y un tumultuoso historial financiero de la Argentina, impedirán que el Banco Interamericano de Desarrollo destrabe un crédito que iba a financiar obras en Salta.
Que el oficialismo asuma sus fracasos y la oposición no celebre que suceden podría producir un necesario acercamiento.
Salta, 26 de julio de 2022
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
Ingresó a Legislatura el proyecto de ley que reorganiza la estructura del Poder Ejecutivo provincial. Se formaliza la figura de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con rango de ministro. Se fija un máximo de 30 Secretarías de Estado, entre otros puntos.
El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Aries que no llegó a utilizar la beca del 50% para un doctorado y que presentó por escrito su renuncia.
Una masiva falla en Cloudflare provocó caídas intermitentes en plataformas clave de todo el mundo. El incidente expuso nuevamente la fragilidad de la infraestructura que sostiene a millones de sitios y apps.
La denuncia presentada por el cardiólogo Edmundo Falú reveló el uso indebido de su firma en prestaciones que nunca autorizó, y la auditoría detectó posibles irregularidades en varias clínicas.
Los legisladores trataron sobre tablas el proyecto enviado por el Ejecutivo que establece el marco legal que define la estructura del gobierno salteño. La iniciativa prevé la reducción del número de Ministerios a 8, así como la reducción de Secretarías.