Este servicio es usado mayoritariamente por una franja poblacional de ingresos medios y bajos, por lo que se trata de un gasto que impacta significativamente en el presupuesto familiar. Además, su uso no es elástico ni puede regularse para controlar excesos. De allí que preocupa, especialmente al Gobierno, que en el área metropolitana es el prestador.
SAETA –Sociedad del Estado del Transporte Automotor- solicitó un incremento del 55% en los precios vigentes, que de aprobarse llevará el monto mínimo urbano de los 41 pesos que se pagan actualmente a 63,55. La última readecuación de la tarifa del transporte fue a partir del 1 de febrero pasado; por entonces, el boleto costaba 32 pesos y SAETA requirió un aumento del 30%. Lo que aprobó AMT fue un 25% pero también restituyó el valor de $1, que no se aplicó en diciembre de 2019, en virtud de un fallo de la Corte de Justicia de Salta resolviendo un amparo colectivo presentado en contra del incremento del servicio de ese año.
En una economía con un severo problema de inflación, no queda otra salida que ir adecuando precios hasta tanto se encare con solvencia su solución pero aún en la volatilidad que tiene la situación, deben exigirse fundamentos a los ajustes que se disponen. Y eso era lo que básicamente demandaban los participantes de la obligada audiencia pública, quienes aguardaban explicaciones más profundas que las proyecciones sobre una inflación anual, que se desactualizan casi diariamente.
El pedido formulado por SAETA, según destacó su presidente Claudio Mohr, se fundó en expectativas de que la inflación será del 75% en 2022; sin embargo, a junio, ese índice ya lleva acumulado un 64% medido por el INDEC. Para el pedido de un ajuste del 55% se tuvieron en cuenta dos factores: incrementos salariales y el precio del gasoil. Este último ítem tiene la particularidad que este servicio, de importancia social indiscutible, debe pagar un precio superior al que se fija para un particular. En tanto, el presidente del directorio de la Autoridad Metropolitana del Transporte Marcelo Ferraris, informó que el aumento salarial implica para la Provincia un gasto de 200 millones de pesos más por mes, solo para pagar sueldos.
Desde la defensa de los intereses de los usuarios, los cálculos llevan a que según los tramos, los aumentos que se han dispuesto en lo que va del año superan incluso a la inflación del primer semestre del año. Además, la dimensión que condiciona la mirada del sector es que las tarifas de todos los servicios públicos se han venido ajustando y se preparan otros incrementos para la segunda mitad del 2022. Por otra parte, se han considerado los subsidios que recibe el servicio de transporte urbano de pasajeros y la situación de las empresas concesionarias de los corredores, cuya participación en el sistema se paga por kilómetro recorrido, no evidencia condiciones de quiebra o problemas económicos al margen de los que afectan a toda la pequeña y mediana empresa en la provincia y el país.
Si bien la audiencia realizada este lunes en Rosario de Lerma no es vinculante, se torna exigible, por lo menos, que se tengan en cuenta los reclamos de mejoras en la prestación. Y se ha introducido un reclamo que refleja la situación social actual: se ha incrementado la demanda por el encarecimiento del transporte privado.
Los aumentos de tarifas nunca son bienvenidos; en estos tiempos, además son irritantes y alteran el ánimo social. Este dato debe ser considerado.
Salta, 18 de julio de 2022
