Con la realización de la audiencia pública, la definición del aumento del precio del boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros está en manos de la AMT. Es una decisión que tomará en soledad porque el escaso número de participantes del encuentro no compartió, por razones disímiles, un ajuste inevitable.
Opinión18/07/2022
Este servicio es usado mayoritariamente por una franja poblacional de ingresos medios y bajos, por lo que se trata de un gasto que impacta significativamente en el presupuesto familiar. Además, su uso no es elástico ni puede regularse para controlar excesos. De allí que preocupa, especialmente al Gobierno, que en el área metropolitana es el prestador.
SAETA –Sociedad del Estado del Transporte Automotor- solicitó un incremento del 55% en los precios vigentes, que de aprobarse llevará el monto mínimo urbano de los 41 pesos que se pagan actualmente a 63,55. La última readecuación de la tarifa del transporte fue a partir del 1 de febrero pasado; por entonces, el boleto costaba 32 pesos y SAETA requirió un aumento del 30%. Lo que aprobó AMT fue un 25% pero también restituyó el valor de $1, que no se aplicó en diciembre de 2019, en virtud de un fallo de la Corte de Justicia de Salta resolviendo un amparo colectivo presentado en contra del incremento del servicio de ese año.
En una economía con un severo problema de inflación, no queda otra salida que ir adecuando precios hasta tanto se encare con solvencia su solución pero aún en la volatilidad que tiene la situación, deben exigirse fundamentos a los ajustes que se disponen. Y eso era lo que básicamente demandaban los participantes de la obligada audiencia pública, quienes aguardaban explicaciones más profundas que las proyecciones sobre una inflación anual, que se desactualizan casi diariamente.
El pedido formulado por SAETA, según destacó su presidente Claudio Mohr, se fundó en expectativas de que la inflación será del 75% en 2022; sin embargo, a junio, ese índice ya lleva acumulado un 64% medido por el INDEC. Para el pedido de un ajuste del 55% se tuvieron en cuenta dos factores: incrementos salariales y el precio del gasoil. Este último ítem tiene la particularidad que este servicio, de importancia social indiscutible, debe pagar un precio superior al que se fija para un particular. En tanto, el presidente del directorio de la Autoridad Metropolitana del Transporte Marcelo Ferraris, informó que el aumento salarial implica para la Provincia un gasto de 200 millones de pesos más por mes, solo para pagar sueldos.
Desde la defensa de los intereses de los usuarios, los cálculos llevan a que según los tramos, los aumentos que se han dispuesto en lo que va del año superan incluso a la inflación del primer semestre del año. Además, la dimensión que condiciona la mirada del sector es que las tarifas de todos los servicios públicos se han venido ajustando y se preparan otros incrementos para la segunda mitad del 2022. Por otra parte, se han considerado los subsidios que recibe el servicio de transporte urbano de pasajeros y la situación de las empresas concesionarias de los corredores, cuya participación en el sistema se paga por kilómetro recorrido, no evidencia condiciones de quiebra o problemas económicos al margen de los que afectan a toda la pequeña y mediana empresa en la provincia y el país.
Si bien la audiencia realizada este lunes en Rosario de Lerma no es vinculante, se torna exigible, por lo menos, que se tengan en cuenta los reclamos de mejoras en la prestación. Y se ha introducido un reclamo que refleja la situación social actual: se ha incrementado la demanda por el encarecimiento del transporte privado.
Los aumentos de tarifas nunca son bienvenidos; en estos tiempos, además son irritantes y alteran el ánimo social. Este dato debe ser considerado.
Salta, 18 de julio de 2022
El gobierno nacional celebró la inflación de 2025, pero es un porcentaje que el resto del mundo no va a aplaudir. Los argentinos pueden entender la satisfacción de una administración que, desde su inicio, se impuso el objetivo de dominar un elemento limitante y pernicioso. Pero no cabe un exceso de entusiasmo.
Se aguarda el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, mientras avanzan las negociaciones sobre el proyecto de reforma laboral. En tanto, se van sumando propuestas para tratar en el período que sólo puede extenderse hasta el último día de febrero, alertando a distintos sectores sobre las problemáticas que abordan.
Si bien la mayor parte de las familias argentinas no saldrá de vacaciones, los centros turísticos del país están visualizando una temporada de verano con mejores perspectivas que las proyectadas. El norte del país informa de una consolidación de la región como destino importante, abandonando definitivamente la creencia que no es atractiva cuando las temperaturas se elevan.
Aunque tiene dictamen de mayoría, no pareciera que la ley de modernización laboral tenga allanado el camino a su sanción. De allí que varios gobernadores aguardan la visita de uno de los negociadores designados por el presidente Javier Milei para ganar voluntades, por ahora insuficientes.
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A poco de haberse cerrado, la temporada comercial alta que representan las celebraciones del fin de año dejó solamente la sostenida convicción empresaria de que pudo haber sido peor. La última -la de la visita de los Reyes Magos- mostró descarnadamente que los presupuestos domésticos están muy ajustados en materia de ingresos y su manejo exige cautela para no agravar una situación que tiene muchos flancos negativos, como el excesivo endeudamiento.
Tras días de intensas negociaciones, la llegada de Maher Carrizo a River Plate quedó oficialmente descartada.
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La Secretaría de Industria y Comercio activó un protocolo de defensa comercial ante la sospecha de que empresas chinas están inundando el mercado argentino con lavarropas a precios inferiores a sus costos de producción.
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