Hay dos miradas que muestran dos países. Son las que se posan sobre el campo: la de los productores y la del gobierno, que se cruzan este miércoles en una medida de fuerza. El propósito es que la sociedad tome nota que ese sector tiene problemas, que la política no reconoce y espera soluciones, que la política –en consecuencia- no ofrece.
Opinión13/07/2022
El reclamo nacional del campo fue lanzado antes de la crisis de gabinete provocada por el alejamiento de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda pero el mensaje de su sucesora no fue una señal que le dé más fortaleza a la tarea que desarrolla el titular del Ministerio de Agricultura, que – de todas maneras- no hizo mayores esfuerzos para evita concentraciones en las provincias, a la vera de las rutas, aunque sin piquetes. Salta no se excluyó de la protesta y los tractores confluyeron en Las lajitas.
La medida de fuerza, que consiste en un paro en la comercialización de granos y de hacienda además de la movilización en distintos puntos del interior del país, pretende dar a conocer a la opinión pública la real situación del campo en contraposición del mensaje que le llega del Gobierno, que es totalmente diferente. Es lo que han explicado sus organizadores, nucleados en la Mesa de Enlace, que reúne a las entidades más emblemáticas de la actividad rural.
Desde el Gobierno se interpreta que la dirigencia convocante no refleja el ánimo de sus bases y que no se comprendió el objetivo que lo ocupa y que es el de dar las herramientas necesarias que ayuden a mejorar y aumentar la producción, satisfacer el consumo interno y aumentar las exportaciones. Esa dirigencia tampoco está entendiendo, según Julián Domínguez, el ministro del ramo, que este es un momento de cooperación porque la confrontación con los productores paraliza la tarea de darles certeza y previsibilidad.
Hay datos que parecieran dar la razón al Gobierno. Las ferias agropecuarias, que en realidad muestran el resultado del esfuerzo del sector privado, alcanzan contornos relevantes, con operaciones superiores a ediciones anteriores. Además, durante el primer trimestre del año, la venta de tractores aumentó más del 26% en forma interanual, la de cosechadoras el 43 %, y la de sembradoras el 19%. Según la versión oficial, las importaciones de gasoil se duplicaron en relación a lo sucedido en igual período de 2021 y hay disponibilidad financiera para la importación de fertilizantes y fitosanitarios que se necesitan.
Desde la vereda de enfrente, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, la Federación Agraria y Coninagro –que nuclea al poderoso sector de las cooperativas- aseguran que el abastecimiento de gasoil no se ha normalizado aunque en algunos puntos del interior empezó a incrementarse el volumen de venta; además, se mantiene un mercado muy irregular y desprolijo, especialmente en materia de precios.
Las medidas que anunció el lunes la ministra de Economía, Silvina Batakis, no prometen soluciones muy diferentes porque siguen teniendo una visión fiscalista y recaudatoria. Se teme una mayor presión impositiva, por ejemplo a través de una revaluación inmobiliaria.
El presidente Alberto Fernández no se movilizó para evitar la protesta. Se refirió a ella el pasado 30 de junio, en un acto oficial en la provincia de La Rioja y lo hizo con severidad, exhortando a la Mesa de Enlace a buscar una mejor solución.
“Lo que necesitamos es seguir produciendo”, dijo desde una posición que no tolera discusión. Pero sí exige que si el acompañamiento es débil, al menos no signifique un obstáculo al desarrollo de una actividad económica eficiente.
Salta, 13 de julio de 2022
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.
La actividad política estará centrada en la semana que se inicia hoy en la Legislatura provincial y en el Congreso. También habrá en Salta un impulso de gestión dado por la renovación del gabinete de Gustavo Sáenz, La confluencia de estos factores configuran un cierre de año movilizante, que también se observará en las calles.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
El nuevo ministro de Gobierno y Justicia respaldó la reestructuración del gabinete de Gustavo Sáenz y destacó la reducción del gasto público y la cercanía con los municipios.
Pese al fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y científicos, el oficialismo fijó el tratamiento en el recinto para el próximo 10 de febrero.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) lideró siete allanamientos en Salta y Cerrillos para desarticular una red de estafas piramidales dentro del Servicio Penitenciario.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.