Debate

La cuestión está en estado de efervescencia desde que del interior mismo del oficialismo se alertó sobre la necesidad de revisar la situación. Según expresó en un discurso la vicepresidenta de la Nación el número de planes es muy elevado frente a una desocupación del 7% y vinculó su inquietud a la tercerización de la ejecución de esa línea de la política social del Gobierno Nacional.

En su primera reunión luego de su rearmado, la Liga de Gobernadores –de la que es parte Gustavo Sáenz- se reunió el último viernes en la capital chaqueña y participó en representación de Salta el vicegobernador. Informó que ninguno de los mandatarios del grupo conoce a ciencia cierta cuántos planes sociales hay en su provincia, cuáles se entregan a cooperativas y cuáles se destinan abiertamente a la militancia política.

El informe más actualizado es el que presentó el Jefe de Gabinete al Senado de la Nación y da cuenta que entre diciembre de 2019 y marzo de 2022, se reportaron casi un millón 300 mil de titulares activos del Potenciar Trabajo, lo cual requirió una inversión acumulada de más de 300 mil millones de pesos. El presupuesto de este programa se ajustará en cerca de $80.000 millones a partir de agosto para afrontar la mejora en las prestaciones, de $22.700 a 24 mil. La mitad de los beneficiarios se encuentran en la Provincia de Buenos Aires y Salta con 48.349 beneficiarios, se ubica en cuarto lugar detrás de Tucumán y la ciudad de Buenos Aires.

En su declaración de la reunión en Resistencia, los gobernadores expresaron su voluntad de construir un modelo de gestión de gobierno descentralizada con el objeto de fomentar la producción de bienes y servicios, potenciando la generación de empleos de calidad. El propósito expuesto es transformar planes sociales en trabajo digno, un desafío de este tiempo y se debe lograr entre todos los que tienen la responsabilidad de gobierno en diferentes niveles. 

Otro pronunciamiento significativo es el de la Conferencia Episcopal Argentina, que cerró ayer la Semana Social organizada en Mar del Plata. El mensaje, que lleva la firma de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, coincidió con el de los gobernadores respecto de que el mayor desafío de la hora es “la creación de trabajo con un salario digno que sostenga su poder adquisitivo”.  La Iglesia Católica declaró que “los planes sociales son necesarios en la coyuntura, hasta la consolidación de modelos economía popular sustentables” pero demandó un verdadero plan de desarrollo humano integral que incluya un proyecto de repoblación del país para encauzar la angustiante necesidad de tierra, techo y trabajo que tiene gran parte del pueblo.

La decisión sobre el manejo de los planes sociales se ha colocado en el centro del debate nacional y más allá de los intereses que animan a los distintos sectores sociales, económicos y políticos, debe avanzarse en el tratamiento de políticas públicas que no se circunscriban al cortoplacismo. Es que en ese corto plazo se llega a un proceso electoral para la integración de gobiernos. 

La sociedad en su conjunto tiene derecho y debe demandar participación por encima de propuestas mesiánicas. 

Salta, 27 de junio de 2022